Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.503, "Troitiño, Claudio Andrés contra Provincia de Buenos Aires y otra. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 783/806 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-XII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la procedencia parcial de la demanda instaurada por el señor Claudio Andrés Troitiño y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar en un único pago la prestación dineraria por la incapacidad parcial, permanente y definitiva que padece el demandante (conf. arts. 14 apdo. 2 inc. "b", ley 24.557 y 1, dec. 1.694/09). Rechazó, en cambio, el reclamo formulado en concepto de daño psicológico y/o psiquiátrico; y la acción dirigida contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. fs. 783/806 vta.).
Para así decidir, con sustento en la pericia médica, juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad que asciende al 65% del índice de la total obrera -superior a la de 55% dictaminada en su oportunidad por la comisión médica respectiva-, como consecuencia del accidente laboral sufrido el día 25 de diciembre de 2010, en ocasión de encontrarse prestando sus servicios habituales como guardia del destacamento de bomberos de la localidad de De la Garma (v. vered., fs. 783/785 vta.).
En la etapa de sentencia -en lo que interesa destacar-, definida la responsabilidad sistémica de la accionada en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (dado el porcentaje de incapacidad determinado), se avocó a resolver el planteo actoral relativo a la denunciada invalidez constitucional de la modalidad de pago dispuesta en el citado precepto legal, en cuanto determina que el importe de la acreencia allí prevista debe ser abonado en forma de renta (v. sent., fs. 795 y vta.).
Sobre esa base, expresó que en las presentes actuaciones se verificaban presupuestos similares a los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había tenido en consideración al fallar en el precedente "Milone" (sent. de 26-X-1984) y, sobre esas motivaciones, declaró la inconstitucionalidad del modo de pago mencionado, disponiendo que el importe a determinarse debía ser oblado en un único pago (v. sent., fs. 795 vta./799 vta.).
Zanjada esa disquisición, puesto a cuantificar el monto indemnizatorio establecido en el citado art. 14 apartado 2 inc. "b", el sentenciante lo calculó inicialmente en la suma de $3.300,34 ($5.007,43 -IBM- x 65%; v. sent., fs. 799 vta.).
Seguidamente, utilizando como base dicho monto, efectuó un cálculo actuarial teniendo en consideración la fecha del accidente, la edad del trabajador y la expectativa de años de vida de los hombres en la Argentina (72,38 años, según la "esperanza de vida 2008-2010", determinada por la Dirección Provincial de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires), arribando a un total de $1.369.641,10 ($3.300,34 x 415 -períodos-). A dicho monto, le adicionó la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, según la resolución 1.694/09 ($80.000; v. sent., fs. cit.).
Finalmente, dispuso la aplicación de intereses desde que fueron debidos y hasta el momento del efectivo pago -aun con posterioridad al 31 de julio de 2015-, a la tasa pasiva plazo fijo digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días y -a partir del 1 de agosto de 2015-, con la adición de los moratorios liquidados a la tasa pasiva más alta -que, a la fecha resultaba ser la misma-, vigente en los distintos períodos comprendidos y por aquellos días que no alcanzaran a cubrir el lapso señalado, determinó un cálculo diario con igual tasa (v. sent., fs. 801 vta. y 802).
II. Contra dicho pronunciamiento, la accionada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que alega la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 12 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.1.a. En primer término, bajo la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, controvierte la composición del ingreso base mensual determinado en el fallo de grado.
Relata que el sentenciante juzgó acreditado -en la sexta cuestión del veredicto- que "el actor percibió los montos y conceptos detallados en la pericia contable producida en autos a fs. 545/557, la cual no mereció objeción al respecto". Aduce que, en la sentencia y en función de aquellos, arribó a un ingreso base mensual de $5.077,43.
Refiere que su parte impugnó la experticia contable, tras considerarla apartada de la manda legal impuesta por el art. 12 de la ley 24.557, al contabilizar conceptos, sumas y emolumentos no sujetos a aportes y contribuciones, contrariamente a lo estatuido en esta norma.
En ese entendimiento, explica que, si bien el juzgador se apartó de lo dictaminado en la cuestionada experticia contable, también lo hizo respecto de las demás constancias documentales obrante en los autos, puntualmente -señala- de los recibos de haberes acompañados por el señor Troitiño, correspondientes a los últimos doce meses anteriores al accidente.
Afirma que la suma total anual de las remuneraciones que derivan de los mencionados recibos, descontando los emolumentos no sujetos a cotización para el sistema previsional, ascendía a $55.712,49 y que, conforme a esta última suma el ingreso base mensual representaba un importe de $4.640,16 ($55.712,49/365 = 152,6367; 152,6367 x 30.40 = $4.610,16).
Sostiene que la diferencia entre la base de cálculo que le hubiera correspondido de acuerdo a la prueba rendida y aquella otra que determinó el tribunal, distorsiona el resto del cómputo indemnizatorio que le correspondía percibir al accionante.
II.1.b. Luego, asevera que el órgano de grado aplicó erróneamente las pautas establecidas en el referido art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
En este orden, señala que se desconoce el método utilizado para arribar al ingreso base mensual determinado en el decisorio.
Añade que, en el caso, el a quo tampoco declaró la invalidez constitucional de la normativa en cuestión, ello así desde que -aduce- entendió que el modo de aplicación era el correcto.
II.2. Por otro lado, cuestiona la fórmula de cálculo utilizada por el juzgador para arribar al monto indemnizatorio por la incapacidad parcial, permanente y definitiva determinada en el fallo de grado.
En tal sentido -independientemente del ingreso base mensual cuestionado anteriormente-, denuncia errónea aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557.
Expone que tras juzgar aplicable al supuesto de autos las pautas dispuestas en el citado precepto legal, el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de pago en forma de renta allí establecido y -consecuentemente-, sostuvo que debía ser abonado en un único pago. Menciona que la alegada invalidez de la norma no lo fue respecto al quantum indemnizatorio.
Manifiesta que, sin perjuicio de ello, el a quo efectuó un cálculo totalmente ajeno a las disposiciones de aquella ley. Concretamente, alega que multiplicó el ingreso base mensual ($5.077,43), por el porcentaje de incapacidad determinado (65%) y que, a dicho resultado ($3.300,34) lo multiplicó por los 415 períodos que le restaban al actor de expectativa de vida (72,38 años), arribando al siguiente resultado $1.363.361,10. A dicho monto le adicionó la suma de $80.000 en concepto de compensación dineraria adicional de pago única establecida por el art. 11 apartado 4 inc. "a", previsto en la ley.
Afirma que el agravio del resolutorio en esta parcela, se circunscribe a cuestionar la inaplicabilidad al caso de las pautas contenidas en el mencionado art. 14 y, con ello, el monto indemnizatorio al cual se arribó, mediante la utilización de una base de cálculo cuyas variables no surgen de la normativa que rige el caso.
Así, entiende que el "inédito factor de expectativa de vida" añadido en la sentencia desnaturaliza y por ende modifica el cómputo correcto, apartándose de la legislación aplicable al supuesto de autos, así como también de lo solicitado por el actor en su demanda.
Explica que el cálculo correcto a los fines indemnizatorios "resulta de multiplicar el ingreso base mensual por 53. A dicho resultado multiplicarlo por el coeficiente etario que en este caso es de 1.71 (765% de incapacidad dividido la edad del actor al momento del hecho que es 38)". Plantea que ese monto resultante "conforma el 100% de incapacidad y en el caso de autos deberá tenerse presente el 65% de dicho resultado por esta la incapacidad fijada en la sentencia", de modo tal que arriba a la suma de $273.349,50.
Como corolario de lo expuesto, alega que -de hacerse lugar al recurso- los intereses deben ser calculados sobre el nuevo valor de la indemnización fijada.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer término, considero que asiste razón al recurrente cuando impugna la determinación del ingreso base mensual.
En esta parcela, es menester recordar que establecer su valor para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y, en general, la base remuneratoria a tener en cuenta para cuantificar las indemnizaciones, constituye una tarea reservada a los tribunales de trabajo que, al remitir al análisis de una típica cuestión de hecho, queda detraída del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 125.323, "Pestillo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.), vicio que -adelanto- el impugnante efectivamente logra demostrar en la especie.
En efecto, surge del veredicto que el juzgador tuvo por acreditado que, con anterioridad al accidente de autos "el actor percibió los montos y conceptos detallados en la pericia contable producida en autos a fs. 545/557, la que al respecto no ha sido cuestionada" (v. vered., sexta cuestión, fs. 789). Luego, en función de aquellos, ya en la sentencia arribó a un ingreso base mensual de $5.077,43, razón por la cual calculó la operación aritmética prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, sobre aquella base de cálculo.
Ahora bien, la recurrente acredita el absurdo alegado cuando pone en evidencia que para determinar dicho ítem, el a quo sostuvo que el mismo se correspondía con los detallados como percibidos con antelación al infortunio laboral y, en ese entendimiento, estableció el ingreso base mensual en la suma de $5.077,43. No obstante omitió explicar de qué modo llegó a ese resultado, apartándose de lo determinado en la experticia contable (en la cual se determinó un IBM de $5.601,30, el cual fue -contrariamente a lo fallado- impugnado oportunamente por el ahora recurrente), así como también de los montos y conceptos detallados en la citada pericia, sobre los cuales -aludió- sustentó su decisión en tal aspecto.
Por lo expuesto, como bien señala el agraviado, se desconoce el modo en que arribó al importe en concepto de ingreso base mensual, resultando la decisión fruto del propio arbitrio del juzgador.
Recuérdese que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- ha logrado acreditar el recurrente.
En consecuencia, y más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, por los motivos expuestos, debe revocarse la sentencia de grado en lo concerniente al ingreso base mensual que se estableció a los fines de calcular la pretensión del trabajador.
III.2. Con relación al agravio dirigido a cuestionar la fórmula de cálculo utilizada por el a quo para establecer el monto de la prestación por la incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva correspondiente al trabajador, he de señalar que también asiste razón al recurrente.
III.2.a. Surge de autos que, tras considerar aplicable al caso las disposiciones previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (con las modificaciones establecidas en el decreto 1.694/09), con cita del fallo "Milone" de la Corte nacional, el juzgador declaró la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta establecida en la norma y dispuso que la indemnización sea abonada en un único pago.
Sin embargo, al momento de determinar el importe final de la prestación allí establecida, sostuvo que "el accidente ocurrió el 25 de diciembre de 2010 y dado que el accionante nació el seis de marzo de 1972 y que la expectativa de vida lo es hasta los 72,38 años, corresponde multiplicar el importe de 3.300,34 por 415 períodos lo que arroja como resultado la suma de pesos un millón trescientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y uno con diez centavos", todo lo cual arrojaba un total de $1.369.641,10 (v. sent., fs. 799 vta.).
Ahora bien, la lectura de los antecedentes reseñados evidencia que, al considerar la disminución de la capacidad laborativa del trabajador, el sentenciante se apartó de la fórmula de cálculo que proporciona la citada norma legal y se valió de pautas no previstas en la mentada norma.
En tales condiciones, declarada solo la inconstitucionalidad respecto del mecanismo de pago mensual en la instancia de grado -decisión firme-, corresponde ordenar que el importe total de las prestaciones por incapacidad allí establecidas, se cuantifique conforme las estrictas pautas de cálculo que proporciona esta última norma legal, y luego, sea abonado en un pago único.
III.2.b. A lo expuesto cabe añadir que la tesis que aquí se propugna, coincide con los lineamientos establecidos por esta Corte en la causa L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012), y en otras posteriores (así, causa L. 119.772, "De la Cuadra", sent. de 28-IX-2016).
III.2.c. En virtud de lo expuesto, la sentencia debe ser revocada en este aspecto, ordenándose que el importe de la prestación dineraria debida al actor se cuantifique con ajuste a los parámetros que proporciona el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y ello, en el marco de la norma aplicable conforme la fecha del infortunio.
III.3. Lo hasta aquí expresado es suficiente para definir el progreso del remedio deducido, no resultando necesario abordar, en esta instancia, los restantes planteos desarrollados por el interesado.
IV. Por lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el fallo de grado en los términos indicados en los puntos III.1. y III.2.c. del presente.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que -con nueva integración- proceda de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con los alcances expuesto, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:09:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:02:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:48:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:00:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:25:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia