Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128410
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
GONZÁLEZ HÉCTOR EDUARDO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCIÓN ESPECIAL.
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Héctor Eduardo González contra la Provincia de Buenos Aires mediante la cual había reclamado el pago de las prestaciones establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 8-XI-2021).
Para así resolver, en lo que interesa, tras evaluar las pruebas producidas en la causa, concluyó que no se había acreditado la existencia de la invocada relación de causalidad entre las afecciones incapacitantes que padece el actor y las tareas realizadas como policía de infantería de la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 25-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 7-XII-2021).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, cuestiona la decisión en cuanto descartó la existencia de nexo causal entre las dolencias invocadas por el accionante y el trabajo realizado. En ese orden, alega, esencialmente, que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente el informe pericial médico y las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa, a la vez que realizó un desacertada interpretación del decreto 49/2014.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es, que esta Corte reiteradamente ha declarado que establecer las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como también si existe relación causal o concausal entre éstas y la consecuente incapacidad que puedan originar y, en general, el análisis de las cuestiones fácticas de la causa y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre cabalmente la existencia de absurdo (causas L. 119.379, "Río", sent. de 10-X-2018; L. 120.373, "Lazcano", sent. de 7-VIII-2019; L. 120.747, "P., A. F.", sent. de 14-VIII-2019 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. Bajo estas directrices, los reproches que porta el escrito de impugnación no lucen hábiles para evidenciar la configuración del mentado vicio.
Ello así, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que el impugnante considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, la mera divergencia sobre el análisis efectuado respecto de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación que expone en torno al contenido del informe médico resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo. Así, por conducto de su particular punto de vista extrae de la prueba producida una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión.
De ese modo, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, limitándose a señalar posibles falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado -como se expresó- para evidenciar el absurdo invocado.
Cabe precisar, además, que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
En definitiva, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
Luego, permaneciendo firmes las conclusiones fácticas sustanciales sobre la que se asienta el pronunciamiento impugnado -ante la insuficiencia de la crítica- resulta inoficioso el análisis de las restantes alegaciones contenidas en el recurso vinculadas a la interpretación de las previsiones del decreto 49/2014.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:12:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:54:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:20:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:21:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:11:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:46:46 hs. bajo el número RR-1216-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia