Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.218, "Godoy, Iván Lautaro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. fs. 196/217 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 4-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que el señor Iván Lautaro Godoy promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar una indemnización integral con fundamento en el derecho común (v. fs. 196/217 vta.).
Concretamente, juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 26 de enero de 2017 -en ocasión de encontrarse ejerciendo sus funciones como oficial de policía- el actor padece hernia de disco del raquis superior de ubicación C5-C6, que lo incapacita (sumando los factores de ponderación) en un 27,2% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 197/198 vta. y 202 vta.).
En lo que aquí reviste mayor interés, y tal como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773, que fuera inicialmente objetada por la demandante (v. fs. 212 vta. y sigs.).
Expresó que la restricción contenida en dicha norma es un límite al derecho a acceder a la justicia para obtener una reparación plena. Y ello es así, indicó, porque no se prohíbe (en general) que el trabajador reclame dentro de ese marco (posiblemente) más amplio desde lo reparatorio, sino que restringe el ejercicio de dicha pretensión a la condición de que no peticione también una indemnización fundada en el régimen especial (v. fs. 213).
Consideró que los límites al acceso a la justicia son posibles en tanto no supongan la negación misma del derecho y -superada esta primera cuestión- en tanto mantengan una adecuada correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido (v. fs. 214).
En dicho contexto, juzgó que el objetivo propuesto por la norma -no verificado en autos- es la seguridad jurídica que garantice un nuevo sistema especial de reparación que contemple una rápida y eficaz respuesta al drama social que se vincula a los conflictos suscitados por los accidentes y las enfermedades profesionales (v. últ. fs. cit.).
Sostuvo que el límite al acceso a la justicia para obtener una reparación integral que implica la condición de no acumular la acción civil con la especial, implica una irrazonable correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido (tanto en el tiempo en que se brindan las respuestas como en la suficiencia de la reparación ofrecida) y determina la inconstitucionalidad de la restricción aludida en la norma, por resultar violatoria de las previsiones impuestas en los tratados internacionales mencionados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; tales como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los arts. 8.1. y 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 214 vta.).
Desde esa perspectiva, hizo lugar a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar al accionante la suma que específicamente determinó ($4.091.492,74) en concepto de reparación integral por daños y perjuicios (v. fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773 y 26 a 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
Se opone a la decisión con arreglo a la cual el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en su versión anterior a la ley 27.348.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa; argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto". A la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del orden jurídico.
Sosteniendo que el dispositivo en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatorio del "principio de progresividad", ello, pues -sin perjuicio de otras consideraciones que formula- no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño.
Alega que surge con suma claridad que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el sentenciante, se encontraba vigente al momento de interponer su reclamo judicialmente, sin efectuar renunciamiento alguno.
Refiere que no es el camino correcto el de acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que, en facto, es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
Con todo, aduce que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y rechazar definitivamente la demanda promovida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 -en su texto anterior a la reforma de la ley 27.348- ha de permanecer firme, en razón de la inhabilidad que exhibe el medio de impugnación.
III.1.a. Con las precisiones que a lo largo de dicha pieza efectuó, en el escrito de demanda la parte actora advirtió que entablaba "formal demanda por indemnización por accidente de trabajo, conforme el régimen de reparación que rige estos infortunios (ley 24.557 y modificatorias, decreto 1694/09, ley 26.773, reglamentarias y modificatorias)", como así también "los daños y perjuicios derivados del evento (art. 19 Constitución nacional, arts. 1.757, 1.710, 1.716 y ccs. del Código Civil y Comercial de la nación)" (fs. 47 vta.).
Por su lado, al intervenir en el litigio, el Fisco provincial sostuvo que "la actora se ha apartado de los lineamientos que establece la normativa que peticiona se aplique en el sub lite (ley 26.773), violando su art. 4". Indicó que "la referida norma expresamente prohíbe la acumulación de acciones, razón por la cual el reclamo fundado en términos de la ley tarifada y también en el marco del derecho común deviene improcedente". En ese contexto consignó que "a partir de la sanción de dicha normativa se podrá ejercer el derecho a opción y elegir percibir la indemnización de la ley especial o las que pudieran corresponderle con fundamentos en otros sistemas de responsabilidad, opción que la accionante aquí no efectuó". Para finalmente afirmar que en el fuero departamental se han desestimado íntegramente demandas promovidas por prestaciones sistémicas de la ley 24.557 y por reparación plena con sustento en el derecho civil "por resultar inviable la pretensión, tal como fue planteada" (fs. 108/109).
III.1.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis, el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que "el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4, ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el a quo, se encontraba vigente al momento del interponer su reclamo judicialmente, sin efectuar renunciamiento alguno" (rec., punto VII, segundo).
III.1.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. Así, mal puede sostener que corresponde rechazar definitivamente la pretensión (v. punto IX, petitorio) argumentando que el trabajador ejerció libremente la opción prevista por el art. 4 de la ley 26.773, cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que aquel no formuló opción alguna, resultando inviable la demanda por el modo en que había sido planteada (v. fs. 108/109).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.2. Finalmente, cabe agregar, que la decisión de grado, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 27.348, se ajusta a la opinión que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Suscribo lo expuesto por la doctora Kogan en el apartado III.1.a., III.1.b. y III.1.c. de su voto, y con ello, la solución que eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Ceñida la impugnación al reproche sobre la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 y con los alcances expresados por el doctor Soria en su exposición, me sumo a la propuesta de los colegas de rechazarla merced a su insuficiencia técnica.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2022 19:50:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:59:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:19:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:23:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:12:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia