Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda incoada por Carlos Ezequiel López y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con más el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de 13-IV-2022).
Para así decidir, con sustento en la pericia médica, juzgó acreditado que el accionante padece una incapacidad parcial y permanente del 23,32 % del índice de la total obrera como consecuencia del accidente de trabajo denunciado en autos.
II. Frente al pronunciamiento de grado, el legitimado pasivo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2022), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento de 23-V-2022).
En su impugnación, esgrime que el juzgador incurre en absurdo al sustentar su decisión en un informe pericial médico que carece de rigor científico, a la vez que tampoco ponderó las sucesivas impugnaciones formuladas contra la experticia.
Por otro lado, objeta el otorgamiento de incapacidad psicológica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, así como la existencia de relación causal o concausal entre el siniestro y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, son facultades privativas de los jueces de origen, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso -como se adelantó- el tribunal de grado evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluidas las pericias médica y psicológica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderadas y, sobre tales premisas determinó que el trabajador es portador una incapacidad laboral parcial y permanente del 23,32% del índice de la total obrera que se relaciona causalmente con el infortunio laboral descripto en el libelo de inicio.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Para más, y como se adelantó, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
En definitiva, la impugnación no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
III.3. Para finalizar, cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 127.534, "Benítez", resol. de 13-XII-2021), supuesto que -en virtud de lo señalado supra - no se encuentra comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2022 10:48:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:03:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:50:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:52:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 13:48:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/10/2022 14:50:07 hs. bajo el número RR-1275-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia