Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125487
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.487, "Hernández, Verónica Adriana contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la revocatoria que la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo contra lo dispuesto por el Presidente del órgano a fs. 58 al declarar agotada la posibilidad de contestar la demanda con la presentación de fs. 44/45 vta. -mediante la cual se articuló en la causa excepción de incompetencia-, y dispuso el desglose de dicha presentación (v. fs. 62/64).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-II-2020), el que denegado en la instancia de origen (v. fs. 66 y vta.), fue concedido -por mayoría- por esta Suprema Corte a fs. 672 y vta., previa deducción de la queja respectiva (v. pronunciamiento electrónico del 25-X-2021; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el marco de la acción interpuesta por Verónica Adriana Hernández contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires "...por cobro de indemnización por accidente e inconstitucionalidad de la ley 24.557..." (fs. 13), el Presidente del Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dispuso conferir el traslado de la acción instaurada por el plazo de treinta días (v. fs. 43).
A fs. 44/45 vta. se presentó la parte demandada planteando excepción de incompetencia, ello, argumentando que la parte actora había omitido dar cumplimiento al procedimiento previo y obligatorio ante las comisiones médicas conforme lo establecido en el art. 1 de la ley 27.348 y según la adhesión efectuada por la Provincia por ley 14.997. Sostuvo que la intervención del tribunal de grado en ese estado resultaba anticipada, toda vez que previamente debía hacerlo la autoridad administrativa, hizo énfasis aquí en la vía recursiva contemplada en el art. 2 de la mentada ley 27.348 y solicitó el archivo de la causa.
En ese contexto, en lo que interesa, el órgano judicial de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 1 de la ley 27.348 que había efectuado la parte actora en el escrito de inicio, declaró la inaplicabilidad de los arts. 2 y 14 de la misma ley "en cuanto a las instancias recursivas" y ordenó que se cumpliera el trámite administrativo pertinente ante las comisiones médicas, haciéndole saber a los litigantes que transcurrido el plazo de noventa días hábiles administrativos desde la primera presentación y a instancia de parte, el órgano asumiría su "plena aptitud jurisdiccional" (v. fs. 51/54 vta.).
Posteriormente, mediante escrito electrónico, la parte actora manifestó que había cumplido con la instancia previa y adjuntó copia del expediente administrativo (v. presentación de 23-IX-2019).
Ello fue tenido presente por el tribunal, agregándose lo acompañado (v. fs. 56).
I.2. Luego, presentado por la Fiscalía de Estado provincial el escrito de contestación de la demanda, el Presidente del tribunal ordenó devolver al interesado el mentado escrito pues resolvió que se había agotado la posibilidad de realizar aquel acto procesal con la liminar presentación efectuada a fs. 44 el 2 de mayo de 2019 (v. fs. 58).
Contra lo así resuelto, la demandada dedujo recurso de revocatoria por conducto del cual argumentó que el tribunal de origen recobró su actitud jurisdiccional una vez vencido el plazo de noventa días establecido en la resolución fechada el 24 de mayo de 2019, por lo que -sostuvo- la contestación de la demanda se había efectuado en término, solicitando que así debía resolverse (v. presentación de 6-XII-2019).
El órgano jurisdiccional en pleno desestimó el remedio intentado porque entendió, con fundamento en los arts. 2, 29 y 54 de la ley 11.653, que la providencia de fs. 58 se encontraba ajustada a derecho. Expresó que conforme lo establecido por el citado art. 29 de la ley de procedimiento laboral, la contestación de la demanda es un acto único, por lo que la parte debe articular todas las defensas y ofrecer toda la prueba que estime necesaria. En este sentido, destacó que en su oportunidad asumió su competencia y ordenó se sustanciara la acción a efectos de que la demandada ejerciera su debido derecho de defensa en juicio. Aclaró finalmente, que la manda que indicó que debía cumplirse con el trámite administrativo previo no obstó la aptitud jurisdiccional del tribunal, por lo que -insistió- debió la demandada articular todas las defensas y contestar la acción en oportunidad de evacuar el traslado de demanda ordenado (v. fs. 62/64).
II. Contra este último pronunciamiento, la Fiscalía de Estado provincial deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 5-II-2020), en el que denuncia violación de los arts. 2 de la ley 27.348; 27 y siguientes del decreto ley 7.543/69; 34 incs. 4 y 5, apartados "b" y "c"; 135 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial; 57 inc. "b" de la ley 11.653; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057 y 16 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
II.1. Sostiene que por imperio de los principios de congruencia y bilateralidad, el tribunal de grado debió ordenar que se readecuara la pretensión sobre la base del agotamiento de la vía administrativa operado y a la luz de la normativa imperante.
Con fundamental sustento en las reglas que emanan de la ley 27.348, insiste en que para que quedase configurada la traba de litis, el a quo debió ordenar a la parte actora reconducir su petición a tenor de lo actuado en sede administrativa. Dice que sólo con posterioridad a ello, frente a la apelación del dictamen médico, correspondía dar traslado a su parte para garantizar el principio de defensa en juicio.
II.2. Luego, indica que el carácter previo de la excepción de incompetencia opuesta obedeció a que el fondo del asunto debatido no estaba en condiciones de ser contestado y expone que el a quo omitió expedirse respecto de la ley 15.057, cuyos arts. 2 inc. "j" y 103 resultan de aplicación al caso de autos.
III. El recurso no prospera en razón de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Inicialmente cabe advertir que el embate carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas actuadas en la resolución cuestionada, esto es, aquellas del régimen adjetivo laboral local sobre las cuales se estructuró la decisión de grado que le genera agravio al recurrente. Y ocupa recordar, que de conformidad con las prescripciones del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, tal exigencia es de insoslayable cumplimiento en el tránsito por ante esta sede extraordinaria, pues este Tribunal no puede suplir de oficio la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015 y L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017).
De otro costado, no se observa satisfecho el imperativo que exige la explicación idónea acerca de cómo las normas legales cuya violación se denuncia habrían sido transgredidas, déficit que refuerza la inhabilidad de la impugnación (causas L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 125.568, "Ibarra González" y L. 122.881, "Maños", sents. de 30-XII-2021). Cuando, además, por ejemplo, el art. 2 de la ley 27.348 que se sostiene transgredido, fue juzgado inaplicable por el tribunal en la resolución obrante a fs. 51/54 vta., alcanzada por los efectos de la preclusión.
En rigor, si bien el interesado expone el modo en el que a su criterio debió ser conducido el proceso, no se ocupa de formular una réplica concreta sobre las motivaciones que condujeron al tribunal a considerar, amparado en los preceptos procesales que individualizó, que la resolución obrante a fs. 58 se encontraba ajustada a derecho y, al cabo, que la demanda no fue contestada oportunamente; tal como exige la doctrina de esta Corte para que el recurso supere el umbral de la suficiencia (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021 y L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; e.o.).
Para más, sin perjuicio de lo dicho, el accionar de la demandada en su origen, no apuntala la crítica que contiene el recurso. En este sentido, puede destacarse que en oportunidad de presentarse en el litigio y oponer la excepción de incompetencia como de previo y especial pronunciamiento, sin objetar los términos de la providencia que ordenó el traslado de la demanda, tampoco se ocupó la ahora recurrente de peticionar la suspensión de los plazos procesales ni efectuó ningún otro planteo anticipándose a eventuales desenlaces como el que motivó el planteo que luego trajo al debate; antes bien, alejado de lo que hoy propone, se limitó en aquella ocasión a solicitar el archivo de las actuaciones (v. fs. 44/45 vta.); petición esta, que no encontró recepción en la resolución -inobjetada- que instó a las partes a dar cumplimiento con el trámite administrativo (v. fs. 51/54 vta.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:57:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:37:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:26 hs. bajo el número RS-77-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia