Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, perteneciente al Departamento Judicial de Bahía Blanca, rechazó la demanda interpuesta por Diego Eric Lobos contra la Provincia de Buenos Aires, en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, por la incapacidad derivada del accidente in itinere sufrido (v. pronunciamiento de fecha 20-IV-2022).
Para así decidir, en primer lugar, conforme lo dispone el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 realizó la ecuación aritmética respectiva, estableciendo así la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva que le correspondería percibir al trabajador. Luego, cotejó la suma resultante y lo abonado por la demandada en sede administrativa y, en consecuencia, concluyó que no existían -por ningún concepto- suma alguna o acreencia pendiente de percepción por parte del actor.
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 4-V-2022 y 6-V-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de 12-V-2022).
III.1. En la vía articulada por el legitimado activo (v. presentación de 4-V-2022), el interesado denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, la crítica se dirige a impugnar la parcela del pronunciamiento en cuanto, si bien reconoce un ingreso base mayor al determinado por la Comisión Médica n° 132, omitió aplicar, para calcular la liquidación de la incapacidad laboral parcial permanente y definitiva, la tasa de interés prevista en el art. 12 de la ley 24.557 -según texto del decreto 669/19-, modificando la formula efectuada por el área técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que ambas partes habían consentido, arribando así a un resultado erróneo, por la no aplicación de la ley vigente al momento en que se realizó la liquidación.
III.2. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria, tal como lo reconoce el impugnante -representado por el importe reclamado en la demanda que ha sido rechazada y es motivo de agravio-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 94.491, "Sueldo", sent. de 18-II-2009; L. 96.775, "Barbachan", sent. de 3-III-2010 y L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019).
III.3. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto la cita de doctrina legal deviene ineficaz si -como sucede en el caso- los precedentes invocados en el recurso han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
III.4. Igualmente, inhábil resulta la doctrina legal que se denuncia vulnerada referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021 y L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022).
Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 127.788, "Sansiviero", resol. de 23-II-2022).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación de fecha 6-V-2022), objeta al a quo haber utilizado, como base regulatoria para calcular los honorarios de los profesionales intervinientes, la suma reclamada en la demanda -actualizada-, alegando que debió estarse a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada para los estipendios de los peritos, de cuyo pago -aduce- resulta deudor en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, y más allá de que las costas hubieran sido impuestas al actor.
En apoyo de su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 de la ley arancelaria.
IV.2 El recurso prospera.
IV.2.a. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula- tampoco excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, y como se adelantó al abordar el recurso introducido por la parte actora, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
IV.2.b. En este contexto, cabe observar que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
IV.2.b.i. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y recientemente en el precedente L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que la actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir a la actora de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
IV.2.b.ii. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:21:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:00:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:03:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 12:39:32 hs. bajo el número RR-1401-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia