Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128979
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda instaurada por Diego Damián Gómez contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la cual procuraba el cobro de una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de 9-XI-2021).
Para así decidir, juzgó no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil en los que el actor fundó su acción.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 14-III-2022).
III.1. En lo que respecta al carril extraordinario de nulidad interpuesto, el recurrente denuncia, con apoyo en lo normado en el art. 168 de la Constitución provincial, que el fallo fue resuelto por uno solo de los jueces que integran el tribunal de grado, y no existe voto individual del resto de los magistrados intervinientes, quienes solo han prestado su adhesión al sufragio emitido en primer lugar. Esta circunstancia -entiende- resulta suficiente para anular la sentencia que ataca.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. En ese contexto, de la simple lectura de los términos del veredicto y la sentencia dictados se observa que -a diferencia de lo sostenido en el remedio bajo examen- medió en el pronunciamiento el voto individual de cada uno de los magistrados y la mayoría de opiniones requerida por el art. 168 de la Carta Magna provincial, quedando abastecida la manda constitucional aludida.
Por lo demás, sabido es que esta Corte ha dicho reiteradamente que es válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014; L. 118.618, "Pacheco", resol. de 28-X-2015 y L. 125.61, "Mazzaferro", resol. de 22-III-2021).
IV. En relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado invoca absurdo y cita la doctrina legal que considera conculcada.
En sustancia, afirma que la decisión del tribunal de origen, en cuanto denegó la acción, vulnera la doctrina de los actos propios, toda vez que la aseguradora reconoció el siniestro y brindó las prestaciones de la ley.
IV.1. El recurso tampoco prospera.
IV.2. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias -referidas a la acreditación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común- ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020).
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021).
Finalmente, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte nacional (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:30:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:15:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:28:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:09:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:23:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2022 11:30:20 hs. bajo el número RR-1442-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia