Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.422, "Hecker, Mariana Soledad contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 206/221 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 235/242).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por Mariana Soledad Hecker y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y -por mayoría- adicionó el 20% en concepto del resarcimiento adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773. Ello así, como consecuencia de las secuelas físicas derivadas del accidente de trabajo sufrido por la trabajadora el día 3 de junio de 2012 que le provocó una minusvalía del 13% del índice de la total obrera.
En lo que aquí interesa, y en oportunidad de definir el valor mensual del ingreso base para calcular las prestaciones asistenciales especiales que le correspondían a la accionante, sostuvo que existía en el caso una evolución salarial considerable y que no habría de resultar justo ni razonable que la tarifa se calculase con apoyo en un salario que consideraba depreciado, pues, en esa situación, la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir de modo completo la pérdida de la capacidad de ganancia de la víctima, que es el objetivo de las leyes especiales sobre accidentes de trabajo (v. sent., fs. 214).
En ese contexto, el sentenciante dispuso que el importe del resarcimiento se calculase con arreglo al salario vigente al momento de su pago y no a la fecha de la primera manifestación invalidante, tal como lo establece el art. 12 de la ley 24.557.
Finalmente, precisó que, en tanto la determinación del monto indemnizatorio había sido efectuada a valores actuales computándose a tales fines el salario vigente al mes de abril del 2019, no correspondía aplicar una tasa bancaria para calcular los intereses, sino una tasa pura del 6% anual desde el 31 de julio del 2014 en que resulta exigible el crédito reclamado hasta el dictado de la sentencia y, desde allí, hasta el efectivo pago, intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia".
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 235/242), en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, alega que el tribunal se apartó de los parámetros establecidos en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -sin siquiera declarar previamente su inconstitucionalidad- en tanto tomó como base para el cálculo del ingreso base mensual un momento distinto al de la primera manifestación invalidante.
II.2. Luego, reclama que el órgano de grado -por mayoría- aplicó erróneamente la ley 26.773, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio (3 de junio de 2012), no se encontraba vigente.
Al efecto, denuncia violada la doctrina legal plasmada en el fallo L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), pues -alega- se vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.3. Para finalizar, objeta que el fallo de grado se aparta de la ley de 23.928, soslayando la aplicación del régimen tarifado para constituir un sistema ad hoc , condenando a valores actuales y aplicando una tasa pura del 6% anual desde la fecha del infortunio hasta la sentencia.
Agrega que el juzgador fundó dicha decisión en doctrina de autores y en fallos propios.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. En primer lugar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia económica que surge entre el modo de cálculo de las prestaciones efectuado por el tribunal de grado con más la tasa de interés aplicada, y aquel otro que pretende la impugnante con los acrecidos cuya implementación propone en el remedio examinado- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-, de modo que la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo -última parte- de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
En el punto cabe aclarar que -contrariamente a lo sostenido en la pieza examinada- no se advierte que la impugnante acredite que en autos se encuentre involucrada -de manera directa e inmediata- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento de la vía extraordinaria sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. En consecuencia, debiendo resolverse la impugnación, entonces, en el estrecho marco de análisis del art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 -y alterando el orden en el tratamiento de los agravios por razones de conveniencia metodológica-, merece favorable recepción el embate que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto aplicó al caso las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En el voto inaugural de la sentencia impugnada, que -a la postre- conformó la decisión mayoritaria, se señaló que "...encontrándose fuera de discusión que, a la fecha del siniestro, resulta de aplicación la ley 26.773 (B.O. sanc. 24.10.2012 y promul. 25.10.2012), a esta altura del debate jurisprudencial y, en especial, luego de la publicación del decreto reglamentario de la ley 26.773 (Dec. 472/14) y de las Resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social N° 34/2013, 3/2014, 22/2014, y ss. es necesario introducir algunas puntualizaciones en orden a los parámetros a utilizar a fin de evaluar la razonabilidad de los importes indemnizatorios..." (sent., fs. 216).
De lo dicho, se colige que -más allá de las imprecisiones que pueden advertirse de la lectura íntegra del veredicto y sentencia- la evaluación de los parámetros reparatorios fue realizada teniendo en cuenta la fecha en la que ocurrió el siniestro, esto es, el 3 de junio de 2012, por lo que asiste razón a la recurrente cuando denuncia violada la doctrina legal que esta Suprema Corte ha elaborado en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773 que se cita en la réplica.
III.2.b. Así las cosas, ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual la mayoría del tribunal de la instancia juzgó el caso, considero que debe prosperar la crítica dirigida a controvertir la aplicación retroactiva de la citada ley, en virtud de la doctrina legal sentada -mayoritariamente- a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Se sostuvo en aquella oportunidad que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la referida ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
Desde esa perspectiva, la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por dicho cuerpo legal ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; L. 120.345, "Barroso" y L. 121.346, "Astrada", resols. de 6-XII-2017).
Atento lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo el infortunio (3 de junio de 2012), la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) no se encontraba vigente, acierta la quejosa en cuanto postula que dicho dispositivo no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en este aspecto, así como en cuanto condenó al pago del adicional previsto en el art. 3 del cuerpo legal mencionado.
III.3. Luego, con relación a los restantes agravios que porta el recurso -vinculados con la pretendida errónea aplicación del art. 12 de la ley 24.557 y la tasa de interés aplicada en el marco de la invocada prohibición de indexar-, se advierte que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con los referidos tópicos (causas L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; L. 121.669, "Coria", sent. de 29-IX-2020 y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021).
En el señalado contexto, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:31:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:16:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:10:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:25:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia