Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la decisión de fecha 27 de junio de 2022, remitiéndose los autos al tribunal de grado, para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($489.700; v. archivo adjunto al escrito de 11-VII-2022), se restituirá al interesado.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción entablada por César Alfredo Torres Lara contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en lo que interesa destacar, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto prevé un plazo de noventa días hábiles judiciales para la interposición de la acción ordinaria de revisión bajo apercibimiento de caducidad y, en consecuencia, su inaplicabilidad al caso de autos (v. pronunciamiento de 27-VI-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 11-VII-2022), cuya denegatoria fundada en la carencia de la nota de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resolución de 31-VIII-2022), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 9-IX-2022).
En prieta síntesis, sostiene -contrariamente a los fundamentos dados por el tribunal de grado al expedirse en torno al juicio de admisibilidad del remedio extraordinario intentado-, que la sentencia recurrida es asimilable a definitiva. En tal línea de pensamiento, con apoyo en doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, alega que no le queda expedita alguna otra vía para hacer valer el derecho que controvierte.
III. De modo liminar, corresponde observar que si bien esta Corte ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", sent. de 28-XII-2010; L. 113.643, "Usandizaga", sent. de 6-IV-2011; L. 121.483, "González", resol. de 27-XII-2017; L. 123.914, "Dailoff", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.681, "García ", resol. de 12-IV-2021) tal principio, por las razones que se desarrollan infra , debe ceder.
En el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia del mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto decretó la inconstitucionalidad del art 2 inc. "j" de la ley 15.057, se expide en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 128.659, "Barrios", resol. de 5-V-2022) y, en consecuencia, viable el recurso de queja articulado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
IV. Ahora bien, abierta la competencia de este superior Tribunal, corresponde disponer de oficio la anulación de la resolución de fecha 27 de junio de 2022.
Ello, en tanto que de la simple lectura del pronunciamiento puede advertirse que la única cuestión planteada fue tratada por el doctor Carlos Alberto Stortini, a quien adhiere la doctora María Inés Hernández. Sin embargo, se observa que el magistrado Gonzalo Miguel Nieto Freire, omitió pronunciarse respecto a la misma.
Esta anomalía configura una violación a lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deben adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653). La coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003; L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 121.323, "Rivas", resol. de 21-II-2018 y L. 126.375, "Gutiérrez", resol. de 8-II-2021).
En el caso, entonces, se halla incumplida la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que los integrantes del tribunal rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, atento que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 82.773, "Potenza", sent. de 22-X-2008; L. 97.987, "López", sent. de 16-XII-2009 y L. 124.616, "Céspedes", resol. de 13-X-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la decisión de fecha 27 de junio de 2022, remitiéndose los autos al tribunal de grado, para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($489.700; v. archivo adjunto al escrito de 11-VII-2022), se restituirá al interesado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:24:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:20:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:35:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:14:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 08:31:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2022 11:36:13 hs. bajo el número RR-1514-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia