Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.3, III.4 y III.5 no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde declarar procedente el planteo desarrollado en el punto III.6, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de prescripción articulada por la accionada e hizo lugar a la demanda incoada por Ana Carolina Escalante, condenando a la Provincia de Buenos Aires, a pagar la suma que estableció en concepto de diferencias en el pago de las prestaciones por incapacidad abonadas como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido por el trabajador, con más la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773. Sobre dicha suma, ordenó aplicar intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días (v. pronunciamiento de fecha 5-IV-2022).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tomando la fecha del alta por reagravamiento como punto de partida a los fines del cómputo de la prescripción, estimó que la acción interpuesta el día 10 de marzo del año 2017, había sido deducida dentro del término reglado en el art. 44 inc. 1 de la ley 24.557.
Asimismo, tras haber apreciado en conciencia la prueba colectada, juzgó que la trabajadora logró demostrar que el accidente de trabajo le ocasionó una incapacidad psicofísica del 62,19%, es decir superior al 8,56% fijado en su oportunidad por la Comisión Médica Central.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-IV-2022), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 4-V-2022).
En su presentación, denuncia absurdo, así como la transgresión de diversas normas y de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, se agravia de la decisión de grado en cuanto desestimó la excepción de prescripción opuesta por su parte. En concreto, de la fecha en que el a quo fijó como de toma de conocimiento de la minusvalía que afecta al trabajador.
Seguidamente, objeta el progreso de la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, pues tal decisión -asegura- resulta contraria a la doctrina legal elaborada por este Tribunal en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018).
Luego, se disconforma con el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo, en tanto entiende que tal conclusión es fruto de una absurda valoración de la prueba pericial producida.
Además, cuestiona la forma en que el a quo compensó la suma de dinero que fue abonada en sede administrativa para resarcir la incapacidad fijada por la Comisión Médica en el año 2015, pues -a su criterio- aquel importe debió expresarse a valores actuales.
Por último, cuestiona la tasa de interés aplicada al capital de condena, alegando que el sentenciante se apartó de lo establecido por esta Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En este contexto, y por cuestiones metodológicas, corresponde invertir el orden de tratamiento de los agravios traídos.
III.3. En este sentido, y en relación a los cuestionamientos dirigidos a objetar la determinación del comienzo del curso de la prescripción y el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas y al supuesto absurdo en que habría incurrido el colegiado de origen, asuntos marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018 y L. 124.825, "Fisher", resol. de 23-X-2020).
Por lo demás, resta señalar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.708, "Mastrangelo", resol. de 3-XI-2022 y L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022).
III.4. Luego, y en relación al agravio por el que se cuestiona la forma en que ha sido compensada la suma abonada en sede administrativa, tampoco se observa la presencia del supuesto previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021).
III.5. Tampoco puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Ello así, por cuanto no se suscita, en la especie, el presupuesto fáctico que torna aplicable -como pretende la recurrente- la doctrina sentada por esta Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), desde que tales precedentes han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.348, "Sánchez", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, lo decidido en la materia por el tribunal de grado, de aplicar la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires se ajusta a la doctrina legal de esta Suprema Corte respecto de la temática (causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016 y L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; e.o.).
III.6. En cambio, asiste razón a la compareciente en tanto postula se modifique la sentencia de grado en relación a la aplicación, a la contingencia de autos, del adicional prescripto en el citado artículo 3 de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En efecto, como bien se pone de resalto en el recurso, esta Suprema Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente in itinere ", sent. de 25-IV-2018, dispuso que en el esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal -la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil- posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por dicho precepto, la razón emergente manifiesta: en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador.
Finalmente se señaló que la solución propuesta se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART SA s. accidente-ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. consid. 5°, segundo párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el tribunal actuante en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación (causas L. 121.860, "Telechea", resol. de 28-XI-2018; L. 121.163, "Maskevich", resol. de 20-III-2019; L. 123.857, "Rojas Uriarte", resol. de 11-III-2020 y L. 125.330, "Cimino", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.3, III.4 y III.5 no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde declarar procedente el planteo desarrollado en el punto III.6, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:35:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:57:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 15:00:10 hs. bajo el número RR-1608-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia