Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que interesa, en el marco de la acción de revisión establecida en el art. 2 inc. j de la ley 15.057, hizo lugar al reclamo impetrado por Nicolás Emmanuel Aquino Rodríguez y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, ordenó a la accionada abonar el importe que determinó para cubrir los tratamientos psicoterapéutico y kinesiológico a los que debía someterse el demandante (art. 20, LRT; v. pronunciamiento de 1-VI-2022).
Para así resolver, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, el actor porta una incapacidad psicofísica que asciende al 19% del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 16-VI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 12-VII-2022).
En su presentación, cita las normas que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, sostiene que la parte actora -contrariamente a lo resuelto en la sentencia de origen- no demostró el carácter laboral del evento dañoso denunciado y que éste tuviera relación causal con las patologías que padece, la cuales -agrega- son de naturaleza inculpable y, por ende, ajenas a la cobertura que debe brindar la aseguradora demandada en los términos de la ley 24.557.
Asimismo, cuestiona el grado de incapacidad determinado por el juzgador de origen; especialmente el establecido como consecuencia del daño psíquico reconocido en la sentencia. En ese orden, censura la valoración del informe pericial médico.
Objeta, además, la condena en concepto de tratamientos psicoterapéutico y kinesiológico. Alega que tales rubros no fueron objeto de reclamo en el escrito de demanda y, en ese sentido, reputa transgredido el principio de congruencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Respecto al planteo dirigido a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, cabe recordar que establecer las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, evaluar el material probatorio y determinar la existencia de relación causal o concausal entre el hecho y el daño, así como lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales y establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los jueces integrantes del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 119.926, "Sívori", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
En el caso, el recurrente no cumple siquiera con la carga de invocar idóneamente dicho vicio, y menos aún lo demuestra, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021).
En efecto, el planteo se limita a señalar eventuales fisuras en la evaluación realizada por el sentenciante, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso.
De ese modo, no consigue descalificar las conclusiones que dieron sustento a la sentencia impugnada, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia a los fines demostrar el error grosero y manifiesto configurativo del absurdo (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Finalmente, respecto a las manifestaciones relativas a los tratamientos psicoterapéutico y kinesiológico a los que debe someterse el trabajador, es oportuno recordar que esta Suprema Corte ha declarado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia -como ocurre en la especie- por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y consecuente demostración de absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 119.989, "Agnone", sent. de 6-IX-2017; L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020).
En el caso, el desarrollo que nutre este aspecto de la impugnación carece de la eficaz alegación del mencionado vicio lógico en la interpretación de los escritos constitutivos de la litis y, sabido es -como ya se expresó- que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con la inexcusable carga de invocar y demostrar la configuración del vicio de absurdo, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a esta Corte abordar la revisión de lo decidido en la instancia de origen.
En definitiva, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formula, la deficiencia técnica de la postulación revela su manifiesta insuficiencia, sellando así su suerte adversa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:35:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:58:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 15:00:59 hs. bajo el número RR-1626-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia