Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127216
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda incoada por Daniel Osvaldo Parra y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Sobre el capital de condena, ordenó liquidar intereses en el modo como lo especificó (v. pronunciamiento de fecha 8-X-2020).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la parte actora se encuentra disminuida en su capacidad laborativa de manera parcial y permanente en un total del 12,03% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-X-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 9-XII-2020).
En sustancia, cuatro agravios estructuran la impugnación.
En primer lugar, objeta la aplicación de la ley 27.348, en tanto entiende que el accidente acaecido, resulta anterior a la fecha de su entrada en vigencia.
Seguidamente, cuestiona la interpretación que el a quo realiza de la ley precedentemente citada, en relación al cálculo indemnizatorio.
Luego, impugna la tasa de interés que aplicó el sentenciante sobre el capital de condena, en tanto entiende resulta contraria a la doctrina legal de esta Corte.
Finalmente, objeta la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto 669/19.
III. El remedio no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen, no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos enunciados, se impone indicar que, en relación con los agravios vinculados a la aplicación temporal de la ley 27.348 y el cálculo indemnizatorio practicado por el tribunal de grado, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la norma citada, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 127.285, "Palavecino", resol. de 22-IX-2021).
Luego, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En lo que respecta a la tasa de interés aplicable, las doctrinas que se denuncian violadas no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010 y L. 127.285, "Palavecino", resol. de 22-IX-2021).
En efecto, en los precedentes invocados por la parte recurrente (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; entre otras), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Por otro lado, en la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014); se discutía sobre la tasa fijada para el procedimiento administrativo en una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348); lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeano", sent. 27-VIII-2020 y L. 124.807, "Juárez", resol. de 28-VIII-2020).
III.4. Respecto al agravio vinculado a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 669/19, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, la crítica parte de una premisa errónea, pues de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo no se pronunció sobre la constitucionalidad de la citada norma, sino que estableció, a la luz de lo previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que cita, su inaplicabilidad al caso de marras.
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015 y L. 125.479, "Blanco", resol. del 9-XII-2020).
V. Finalmente, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:34:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:57:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 14:59:42 hs. bajo el número RR-1597-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia