Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125968
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Fabián Silva y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que indicó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, por la incapacidad psicológica derivada del accidente in itinere sufrido, con más intereses en el modo y forma en que determinó (v. pronunciamiento de fecha 21-IX-2022).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, actualizó el ingreso base mensual conforme el índice RIPTE para calcular la prestación por incapacidad parcial permanente, de conformidad con lo establecido por el decreto 669/19, juzgando que era de aplicación en virtud de lo que establece su art. 3.
II. Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 13-X-2022).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, sus cuestionamientos se dirigen a objetar la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó, en el caso, las prescripciones del DNU 669/2019, cuya entrada en vigencia -afirma- es posterior a la fecha del infortunio sufrido por el trabajador.
En ese sentido, argumenta que lo resuelto por el órgano judicial de grado resulta contrario al principio que emana del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, citando vulnerada doctrina legal de esta Corte al respecto.
En esa misma línea, entiende que lo resuelto también contradice los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-.
Denuncia -además- que el fallo viola el principio de congruencia, por cuanto ello no fue planteado por las partes.
Por otro lado, objeta que el juzgador hubiera aplicado una tasa activa de interés, en clara contradicción con los numerosos precedentes de esta Corte que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo examen -representado por la diferencia que arroja la prestación según el cálculo efectuado por el juzgador de origen y el que pretende el quejoso en su réplica-, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por ello, la admisibilidad de la vía intentada sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021).
Al respecto, corresponde resaltar que no modifica lo expuesto la tangencial referencia efectuada en el recurso en torno a la posible invalidez constitucional del mencionado decreto 669/19, en tanto no expone el interesado un agravio concreto en ese sentido.
III.2. En ese contexto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 128.387, "Rocha", resol. de 26-IV-2022).
III.3.a. Sentado ello, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado respecto del agravio orientado a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina traída por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.468, "Cantero", resol. de 29-XI-2022).
III.3.b. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
III.3.c. Luego, en cuanto al precedente citado por el impugnante, vinculado a la aplicación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -conf. art. 4 de la ley 25.561-, cabe destacar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 128.720, "Candia", resol. de 10-XI-2022).
III.3.d. Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Finalmente, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:40:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2023 16:34:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2023 09:40:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 10:18:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 11:41:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/02/2023 13:42:14 hs. bajo el número RR-3-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia