Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los cuestionamientos tratados en el punto III.2. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declarar la procedente de la vía extraordinaria respecto del planteo desarrollado en el punto III.3. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por Juan Manuel Betanzo contra Federación Patronal Seguros S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y definitiva y minusvalías por otros daños (v. pronunciamiento del 6-VII-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo , en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 24-VIII-2022).
En primer lugar, denuncia la infracción de la doctrina legal que cita y de los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen el tope del 25% para la regulación de estipendios de los profesionales actantes en la causa.
Luego, objeta la liquidación que efectuó el juzgador de grado, pues entiende que al haber sido actualizado el ingreso base no correspondía luego aplicar intereses desde la fecha del evento dañoso, resultando tal decisión carente de sustento y ajena a la normativa vigente.
Finalmente, objeta por altos los honorarios regulados a los letrados y peritos intervinientes en autos.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
III.2. Bajo las señaladas premisas, y respecto al segundo y tercer agravio traído, no se verifica la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que, al desarrollar sus cuestionamientos, la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021).
Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022).
III.3. Finalmente, con relación a las costas, la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial resulta contraria a la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en el art.505 del Código Civil (según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art.730 del Código Civil y Comercial de la Nación, es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art.31 bis, ley 5.827, y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los cuestionamientos tratados en el punto III.2. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declarar la procedente de la vía extraordinaria respecto del planteo desarrollado en el punto III.3. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:08:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:21:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2023 15:45:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:41:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:31:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 18:31:11 hs. bajo el número RR-132-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia