Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la demanda promovida por Alberto Antonio Del Campo y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones de la ley 24.557 con más el pago del adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. veredicto y sentencia de fecha 10-XI-2022).
Para así decidir, con fundamento en la prueba producida, tuvo por acreditado que el actor, mientras prestaba tareas habituales para su empleadora, padeció un accidente de trabajo que le generó una incapacidad laborativa del 66% del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 25-XI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 7-XII-2022).
En lo esencial, se agravia del progreso de la demanda. En apoyo de su postura, indica la inexistencia de relación causal entre el accidente y la incapacidad denunciada. Alega que la pericia médica es nula en cuanto, a su entender, es falaz y no tuvo en consideración la prueba documental que ha sido adjuntada al expediente.
Asimismo, denuncia la violación de los parámetros establecidos por el decreto 659/96, considerando excesivo el grado de incapacidad que ha sido fijado por el a quo .
Finalmente, se agravia de la imposición de intereses desde la fecha del siniestro, pues entiende que aquellos debieron computarse desde los treinta días posteriores al alta médica.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De manera liminar, cabe destacar que esta Corte ha declarado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, así como las características de las tareas realizadas y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, son facultades privativas de los jueces de origen, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. Si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En efecto, en el caso, el sentenciante, tras evaluar las pruebas realizadas en autos, sobre todo la pericia médica -de la cual no halló motivos para apartarse- juzgó acreditado que el siniestro analizado en autos constituyó causal suficiente y adecuada para generarle al actor una reacción bacterial que produjo gangrena húmeda derivando así en la amputación de su pierna, sufriendo una incapacidad laborativa del 66% del índice de la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022).
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Para más, deviene necesario señalar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
Especialmente, cabe indicar que en la tarea de valorar la experticia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo el señalado vicio (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.148, "Krause", resol. de 21-X-2022), que en este punto siquiera ha sido denunciado.
III.2. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cálculo de los intereses.
En efecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Puzzolo" y L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020, y L. 128.258, "Castelucci", resol. de 23-V-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:18:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:27:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:16:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:10:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:52:29 hs. bajo el número RR-256-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia