Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127339
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por Sonia Mabel Gómez y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 22-III-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-IV-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 26-IV-2021).
En primer lugar, se agravia de la aplicación -al caso- del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden, denuncia que el fallo transgrede no sólo las doctrinas legales que cita, sino también el principio de congruencia.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por la diferencia que arroja la prestación según el cálculo efectuado por el juzgador de origen y el que pretende el recurrente en su réplica- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
III.3.a. Sentado lo anterior, por cuestiones metodológicas, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios planteados.
En este contexto, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
III.3.b. También la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que las doctrinas traídas por la recurrente, en apoyo de su pretensión, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.4. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el punto III.3.a- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:39:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 09:01:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:42:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:24:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:17:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 15:37:03 hs. bajo el número RR-282-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia