Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes, hizo lugar a la demanda promovida por Matías Javier Fernández y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, más la indemnización prevista en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente que protagonizó el día 30 de mayo de 2016 (v. vered. de fecha 18-VI-2020, sent. del 19-VI-2020 y aclaratoria del 8-VII-2020).
Al momento de calcular dicho resarcimiento, declaró aplicable al caso el decreto 669/19 y en ese contexto actualizó el ingreso base mensual del actor conforme al índice RIPTE disponiendo que la suma resultante devengue intereses, desde la fecha del siniestro y hasta el dictado del veredicto, de acuerdo a la tasa de variación del referido índice RIPTE.
Finalmente, para el caso de incumplimiento, ordenó que al capital de condena se le apliquen intereses -hasta el efectivo pago- calculados a la tasa activa promedio de la cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación, acumulándose en la forma prevista por el art. 770 del Código Civil y Comercial de la nación.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-VII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol. del 21-VII-2020).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
En primer lugar, objeta la sentencia de grado en cuanto declaró aplicable al caso las prescripciones del decreto 669/19, cuya entrada en vigencia -afirma- resulto ser posterior a la fecha del infortunio sufrido por el trabajador. En este sentido, afirma que dicha decisión es contraria a los dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial y las doctrinas legales que cita.
Luego, cuestiona la errónea aplicación de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (texto según decreto 669/19) afirmando que sólo el primer inciso del art. 12 es de aplicación al trámite judicial y que, en la Provincia de Buenos Aires, la tasa de interés fijada por la jurisprudencia es la que paga el Banco Provincia en los depósitos a treinta días.
Seguidamente, alega que en el fallo se realizó una aplicación indebida del índice RIPTE y de la tasa de interés que establece el citado decreto 669/19, transgrediéndose los precedentes de esta Corte que cita.
Por otra parte, impugna los acrecidos que fijó el juzgador en caso de incumplimiento de la sentencia, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
Además, alega que el a quo , al regular los honorarios de los profesionales intervinientes, no aplicó la limitación respecto de la responsabilidad por el pago de las costas que establece el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Finalmente, objeta el plazo que se estableció en la sentencia para efectivizar el depósito del importe de condena, por considerarlo irrazonable.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo examen -representado por la diferencia que se verifica entre las sumas de condena y la proveniente de las costas que fijo el a quo y la que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, trasgresión que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
III.2. En razón de lo expuesto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone respecto de las argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso del decreto 669/19, el índice RIPTE y la tasa de interés, desde que las doctrinas traídas en apoyo de dichos reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", resol. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, resol. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", resol. de 29-XII-2022).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022).
III.3. Del mismo modo, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita el quejoso referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Luego, la impugnación dirigida a cuestionar la fijación de los estipendios ha perdido virtualidad a tenor de lo decidido por el propio tribunal actuante en la resolución aclaratoria del día 8 de julio de 2020. En este sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que carece de virtualidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si una aclaratoria ha modificado las circunstancias que le dieron sustento (causas L. 104.792, "Bartolomeo", sent. de 26-II-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 121.472 "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018 y L.125.141 "Amarilla", resol. de 2-XI-2020).
III.5. Finalmente, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral también se impone nítida respecto de la impugnación dirigida a objetar el plazo que se estableció en la sentencia para efectivizar el depósito del importe de condena, desde que el interesado no denuncia doctrina legal vinculada con la réplica que formula, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:39:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 09:01:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:42:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:24:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:16:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 15:37:02 hs. bajo el número RR-281-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia