Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126879
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.879, "Acevedo, Débora Soledad contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 246/257 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-XII-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Débora Soledad Acevedo y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 13 de marzo de 2017 (v. fs. 246/257 vta.).
En lo que resulta relevante, para así decidir, realizó el cálculo del resarcimiento conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348. En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual de la trabajadora partiendo de lo informado por la accionada a fs. 109/110 y arribó a la suma de $64.142,36 aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y adicionando, desde la fecha del accidente y hasta la fecha de la sentencia, un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (v. vered., fs. 247 y vta. y sent., fs. 250).
Asimismo, sostuvo que aquella última norma no se encontraba reñida con precepto supralegal alguno, por lo que debía rechazarse el planteo de inconstitucionalidad articulado por la demandada (v. sent., fs. 254).
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $419.101; importe que incrementó con el 20% adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $502.921,20.
Para concluir, dispuso que, a partir de que la sentencia quede firme y hasta el efectivo pago, se aplique sobre el monto de condena un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 -modificada por ley 27.348-.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 26-XII-2019).
En concreto, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
II.1. Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento vacío de contenido, arribando a una decisión absurda y arbitraria, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Sostiene que el órgano de grado ha realizado afirmaciones dogmáticas que dan fundamento solo aparente a su resolución.
II.2.a. Subsidiariamente, en caso de que se considere válido el fallo de grado, manifiesta que la norma en cuestión resulta inconstitucional por cuanto no puede superar el test de razonabilidad.
Aclara que su parte no cuestiona la potestad del legislador nacional para regular las pautas de la indemnización sino la razonabilidad empleada en el caso para lograr el fin propuesto.
Agrega que la prohibición establecida por la ley 23.928 no se limita a los mecanismos de indexación, sino que se extiende a todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
II.2.b. Sostiene que la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual, jamás podría reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación; ello así, en tanto el precio que cobra un banco por prestar dinero (tasa activa) responde a razones ontológicamente distintas a la remuneración.
II.2.c. Finalmente, objeta la tasa aplicada a partir de la firmeza del fallo, por considerarla violatoria de la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016) y L. 118.615, "Zocaro" (sent. de 11-III-2015).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Ahora bien, no puede soslayarse que la impugnación se dirige a rebatir la declaración de constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -según ley 27.348-, por lo que involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el remedio extraordinario habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Sentado ello, en virtud de los antecedentes de la causa, cuya síntesis obra en el apartado inaugural, opino que asiste razón al quejoso sobre el yerro que imputa al pronunciamiento de grado en cuanto alega que la fundamentación de la respuesta brindada al planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de contestación de demanda con relación a la citada norma es solo aparente.
En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se advierte que la conclusión sobre el tema constitucional llevado a su conocimiento se limita a un escueto párrafo que refiere a que "...no existe contradicción alguna entre el régimen especial de actualización de las prestaciones dinerarias establecidas por la norma referida, y norma constitucional alguna..." (fs. 254) sin brindar despliegue argumental para justificar la declaración de congruencia constitucional frente al expreso pedido de invalidez articulado por el legitimado pasivo.
Desprovisto de todo sustento jurídico a la luz del planteo sometido a su consideración, el órgano de origen arribó a una decisión teñida de arbitrariedad, que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998; L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 120.182, "B., C. M.", sent. de 17-II-2021).
Sabido es que constituye deber de los magistrados motivar sus fallos (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 5, CPCC; 47 y 63, ley 11.653) y no es ocioso insistir en que esa obligación no fue abastecida mediante una mera referencia a una inexistencia de contradicción entre el citado art. 12 de la ley 24.557 -modificada por ley 27.348- y las normas constitucionales sin brindar razones suficientes para así decidir. Máxime si ello importa per se la única réplica a una concreta petición vinculada nada menos que a la tacha de invalidez constitucional de una norma esgrimida de modo expreso por una de las partes.
III.3. En definitiva, el interesado logra evidenciar el desacierto del pronunciamiento que pone en tela de juicio, por lo que propongo hacer lugar al remedio interpuesto y casar el fallo con los alcances señalados. En consecuencia, los autos deberán remitirse a la instancia de grado para que el tribunal, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento abordando debidamente la cuestión debatida.
III.4. Atento la solución arribada, pierde virtualidad el tratamiento de los restantes planteos ensayados.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado de conformidad con lo indicado. En consecuencia, la causa deberá volver al tribunal de grado para que, con diferente integración, proceda conforme lo dicho en el punto III.3. de la presente.
Costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
Concuerdo con lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.1. de su voto en cuanto señala que el agravio en el cual se debate la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, debe tratarse prescindiendo de su cuantía, lo hago, en tanto observo que el recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal.
II. Bajo esa aclaración, adhiero al sufragio emitido por el ponente.
Costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:17:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:52:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2023 13:49:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:57:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:19:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:03:01 hs. bajo el número RS-22-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia