Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, hizo lugar a la demanda incoada por Marcela Viviana Barone y, en consecuencia, condenó a las codemandadas Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 14-X-2020 y aclaratoria del 20-X-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-XI-2020), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 4-XI-2020).
En primer lugar, se agravia de la aplicación al caso- del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden, denuncia que el fallo transgrede las doctrinas legales que cita.
Luego cuestiona la errónea aplicación de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (texto según decreto 669/19), afirmando que sólo el primer inciso del art. 12 es de aplicación al trámite judicial, y que, en la Provincia de Buenos Aires, la tasa de interés fijada por la jurisprudencia es la que paga el Banco Provincia en los depósitos a treinta días.
Seguidamente, impugna los intereses que fijó el juzgador de grado sobre el capital de condena y los que definió para el caso de incumplimiento de la sentencia, en tanto entiende resultan contrarios a la doctrina legal de esta Corte.
Finalmente, asegura que en autos no resultó probada -como concluyó el juzgador- la relación causal entre la supuesta dolencia psíquica que sufre la accionante y el siniestro que protagonizó.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art.55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 123.296, "González", resol de 15-II-2023).
III.2. En razón de lo expuesto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone respecto de las argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso del decreto 669/19 y la tasa de interés que sobre el capital de condena fijó el órgano judicial de grado, desde que las doctrinas traídas en apoyo de dichos reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", res. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, res. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", res. de 29-XII-2022; e.o.).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022).
III.3. Del mismo modo, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la quejosa referida a los intereses moratorios, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento traído vinculado a la ausencia de nexo causal entre la afección psíquica que sufre la accionante y el siniestro que protagonizó, es dable destacar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que dicho planteo importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121213, "Roldan", sent. de 12-II-2020).
III.5. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 09:23:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:42:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:21:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:44:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 10:46:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 14:11:11 hs. bajo el número RR-325-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia