Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126207
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Aníbal Aranda y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando -por mayoría- aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19; ello, como consecuencia de las secuelas incapacitantes que padece el accionante (v. veredicto de fecha 13-VII-2020; sentencia del 20-VII-2020 y aclaratoria del 29-VII-2020).
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados pasivos dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 3-VIII-2020 y 4-VIII-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. del 7-VIII-2020).
III.1. En el primer remedio extraordinario incoado, la letrada apoderada de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. objeta la decisión con arreglo a la cual el sentenciante aplicó retroactivamente las prescripciones del decreto 669/19 al caso de autos. Asimismo, denuncia que el fallo de grado transgrede la doctrina legal que cita, así como también el principio de congruencia.
III.2. El recurso no prospera.
III.3.a. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e. o.).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.3.b. En el mencionado ámbito de excepción por el que transita el recurso, la postulación resulta inadmisible toda vez que los precedentes invocados por la recurrente en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
Por lo demás, cabe añadir, a mayor abundamiento, que tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.471, "Silva", resol. de 29-XI-2022).
III.3.c. Igual suerte han de correr los precedentes traídos vinculados al principio de congruencia, ya que reiteradamente ha declarado este Tribunal que se trata de un asunto no abordable en el acotado contexto revisor del citado precepto (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020).
III.3.d. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022).
IV.1. En el medio de impugnación deducido por el Fisco provincial, en lo esencial, se agravia de la aplicación al caso del decreto 669/19, ello así por cuanto -entiende- vulnera el principio de irretroactividad de las normas. En ese orden cita vulnerada doctrina legal de esta Corte. A su vez, aduce vulnerado el principio de congruencia.
Asimismo, cuestiona la errónea aplicación de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (texto según dec. 669/19), argumentando que sólo el primer inciso del referido art. 12 resulta de aplicación al trámite judicial, y que, en la Provincia de Buenos Aires, la tasa de interés fijada por la jurisprudencia es la que paga el Banco de dicha Provincia en los depósitos a treinta días.
IV.2. El recurso no puede prosperar.
IV.3.a. Al analizar los requisitos de admisibilidad de la vía intentada, se advierte que el valor de lo cuestionado por la codemandada recurrente a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal.
Por lo tanto, y de igual manera como se adelantó al resolver el recurso articulado por la otra accionada, la impugnación debe ser analizada dentro del referido marco definido en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley ritual del fuero.
IV.3.b. En este contexto, en la especie no se observa la concurrencia del citado supuesto excepcional mencionado ut supra , habida cuenta que, en relación a las argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a objetar la aplicación del decreto 669/19 y la tasa de interés que fijó el juzgador, las doctrinas traídas por la recurrente han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
IV.3.c. Luego -y tal como se indicó en el punto III.3.c.-, la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia se encuentra marginado de la instancia extraordinaria, en el marco de la excepción por el que transita el recurso bajo examen (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021 y L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022).
Para más -como se dijo-, la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte nacional no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte-; de manera tal que las citas efectuadas resultan inhábiles a los fines pretendidos (causas L. 127.978, "Gómez", resol. de 20-XII-2021; L. 128.715, "Mendez", resol. de 26-IV-2022 y L. 129.895, "Burcez", resol. de 29-XII-2022).
IV.3.d. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 09:23:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:42:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:21:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:44:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 10:46:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 14:11:10 hs. bajo el número RR-324-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia