Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.290, "Carbone, Natalia Carolina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de 4-XII-2020).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2020), el que fue concedido el 30 de diciembre de 2020.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Natalia Carolina Carbone y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 23 de febrero de 2017 (v. pronunciamiento de 4-XII-2020).
En lo que resulta relevante, para así decidir, realizó el cálculo del resarcimiento conforme las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el decreto de necesidad y urgencia 54/17 (vigente al momento del infortunio; v. vered., págs. 3/4).
En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo de lo informado por la accionada en la presentación de fs. 60 y arribó a la suma de $13.853,03 aplicando el índice RIPTE (v. vered., págs. 3/4 y sent., pág. 7). Luego, a este monto le adicionó, desde la fecha del accidente y hasta el momento de la liquidación, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12 apdo. 2, ley cit.), elevando el ingreso base de la actora a la suma de $34.353,66 (v. sent., pág. cit.).
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $671.035,20.
Para concluir, dispuso que, a partir de que la sentencia quedara firme y hasta el efectivo pago, se aplique sobre el monto de condena un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 apdo. 3, ley 24.557 -y modif.-; v. sent., pág. 10).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 28-XII-2020).
En concreto, cuestiona el supuesto rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
II.1. Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que el argumento del tribunal no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
Agrega que la incoherencia que deviene de dicha norma no puede justificarse con el razonamiento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales. Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Sostiene que el reproche constitucional que merece la normativa impugnada no puede mitigarse con las consideraciones explicitadas por el órgano de grado. En tal sentido, destaca que del discurso sentencial se desprende que la idea que impulsó al tribunal en su decisión radicó en considerar que la nueva norma no ha hecho más que hacerse eco de los diversos cuestionamientos que pesaban sobre el art. 12 de la ley 24.557, conclusión que -resalta- es claramente dogmática ya que se trata de una mera inferencia del juzgador de grado que no se encuentra respaldada por un análisis concreto del esquema de actualización que contempla la norma.
II.2. Refiere que el juzgador, al imponer la "tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires", lo hizo con invocación del precedente de la Suprema Corte L. 84.266, "Rosado" (sent. de 9-VI-2010), el cual –advierte- fue dictado con otra composición de miembros y antes de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. pág. 13).
De este modo, señala que la decisión de grado vulnera la doctrina legal sentada con posterioridad a aquel en las causas L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016); C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y L. 117.674, "Fredes" (sent. de 6-XI-2019), en los cuales -expresa-, sin distinción temporal alguna, este Tribunal aplicó la tasa pasiva hasta el día del efectivo pago.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera -como lo reconoce el propio recurrente en el punto III.2. de la pieza recursiva-, la suma mínima para recurrir establecida por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141) de modo que el tratamiento del remedio procesal deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de esta Suprema Corte, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
III.2.a. Cabe señalar que -a contrario de lo que parece sostenerse en el remedio extraordinario (v. pág. 2)- no se presenta en el caso una cuestión federal que permita sortear la restricción impuesta por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, toda vez que el planteo recursivo exhibe un notorio apartamiento respecto de las motivaciones que dieron sustento a la sentencia, donde -incluso- el quejoso transcribe un fragmento de un supuesto voto que atribuye erróneamente al juzgador (v. págs. 10/11).
En efecto, la afirmación efectuada por el recurrente en punto a que el sentenciante habría rechazado la petición de que se decrete la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, no guarda correlato con el contenido del fallo recurrido, en el que no se abordó dicho aspecto.
En estas condiciones, resulta de aplicación la doctrina legal de esta Suprema Corte, según la cual cuando las alegaciones del quejoso remiten a un tópico que no fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal de grado, no corresponde que sean tratadas por este Tribunal, en tanto su potestad revisora, como es sabido, se circunscribe al contenido del fallo y a su concreta impugnación (causas L. 101.777, "G., G. F.", sent. de 6-IV-2011; L. 102.609, "Florencio", sent. de 11-V-2011; L. 105.538, "Granoni", sent. de 6-III-2013; L. 108.167, "Guevara Velazquez", sent. de 12-III-2014; L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; e.o.).
III.2.b. Sentado lo anterior, corresponde señalar -en el estrecho marco por el que transita el examen del recurso- que los precedentes emanados de este Tribunal invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022).
Tampoco es ocioso señalar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula la interesada a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no constituyen doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
III.2.c. Cabe agregar, para mayor satisfacción del recurrente, que si lo que en realidad pretende por conducto del recurso deducido es denunciar la eventual omisión del sentenciante en abordar una determinada temática -en el caso, la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo- debió hacerlo a través de un recurso extraordinario de nulidad, por cuanto dicha materia resulta ajena al de inaplicabilidad de ley (causas L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 118.660, "Berdini", sent. de 29-VIII-2017 y L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; e.o.).
III.3. En otro orden, también corresponde desestimar el embate por el que se cuestiona la tasa de interés en virtud de advertirse un notorio desvío entre la crítica expuesta por el quejoso y lo concretamente decidido por la sentencia en crisis.
Tal como surge del relato de antecedentes, el órgano de grado no sólo no aplicó la tasa que el interesado denuncia -esto es, la activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires- sino que tampoco fundó su decisión en el precedente L. 84.266, "Rosado", sentencia de 9-VI-2010, tal como llamativamente se indica en la pieza recursiva.
Para más, nuevamente la doctrina que se aduce violada fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2023 16:49:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2023 08:58:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:47:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 11:40:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 13:23:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia