Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.904, "Ganem, Viviana Elizabeth contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de trabajo - acción especial-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 12-VII-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que la señora Viviana Elizabeth Ganem promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773), por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 26 de marzo de 2014.
En lo que resulta de interés, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348).
Expresó que no puede existir un subsistema de indemnización de daños excluyente del común, sino que, en su caso, debe ser complementario con la reparación plena en cuanto esta resulte más beneficiosa a la víctima o sus derechohabientes (v. sent., pág. 3).
Añadió que la opción excluyente establecida en la disposición citada deviene irrazonable, transgrede los principios de indemnidad e irrenunciabilidad, a la vez que configura una palmaria regresión en el mecanismo de protección de los daños causados a la salud psicofísica del trabajador o sus causahabientes, en tanto sujetos de preferente tutela constitucional (v. sent., pág. cit.).
Sostuvo que las prestaciones sistémicas son irrenunciables conforme lo establece el art. 11 de la ley 24.557 en su apartado 1, comportando la tutela mínima garantizada al trabajador como consecuencia del padecimiento de las contingencias establecidas en el art. 6 del mencionado cuerpo legal.
De allí que, continuó el juzgador, el ejercicio de una acción reclamando la reparación integral no puede entenderse de manera tal que implique una renuncia a los mínimos protectorios establecidos en el marco sistémico, que a su vez deben complementar e integrar la indemnización plena, siempre y cuando las circunstancias verificadas en la causa así lo permitan (v. sent., págs. 3 y 4).
Con ese basamento, declaró que la norma contenida en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773 es inconstitucional por resultar violatoria de los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial y a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, y los convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo (v. sent., pág. 5).
Luego, y a tenor de las conclusiones plasmadas en la tercera cuestión del veredicto -en cuanto allí se tuvieron por no acreditados los presupuestos fácticos de atribución de responsabilidad civil de la empleadora- el tribunal de grado rechazó la demanda en procura de la reparación integral del daño sustentada en las normas del derecho común (v. sent., pág. 8).
En cambio, declaró procedente la pretensión articulada en el marco de la reparación sistémica o tarifada que prevé la ley 24.557, normas modificatorias y complementarias; ello en virtud de haberse demostrado que, en ocasión y con motivo del trabajo, la actora sufrió un accidente del cual derivaron secuelas físicas incapacitantes (v. sent., pág. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de origen (v. rec., pág. 4).
Manifiesta que la decisión cuestionada contiene fundamentos solo aparentes, lo cual traduce en forma directa e inmediata el menoscabo de las garantías constitucionales invocadas (v. rec., pág. 5).
Explica que la regla sentada por el legislador es suficientemente transparente y concreta, de allí que, si como sucedió en la especie , la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común , ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo con fundamento en el régimen especial (v. rec., págs. 5/6).
Sostiene que la norma en crisis no transgrede los principios de progresividad, indemnidad, igualdad, no discriminación e irrenunciabilidad, ni, en general, garantía constitucional alguna, pues -argumenta- solo estableció que los sistemas indemnizatorios reconocidos que cubren todas las hipótesis de reparación posible (sistémica e integral) no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades propias del legislador (v. rec., págs. 7/17).
Con todo, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto dispuso la condena a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización sistémica reclamada (v. rec., págs. 17/18).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, habré de señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del canal extraordinario ensayado debe situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo, última parte de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita, en principio, a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerino", sent. de 15-III-2021).
III.1.b. Ahora bien, no obstante lo expuesto, cabe indicar que el reproche que contiene la postulación recursiva -orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773- involucra el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 125.929, "Ponce", sent. de 9-VIII-2022).
III.2. Efectuada esta aclaración, habré de señalar que lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad que exhibe la impugnación bajo examen.
III.2.a. En el escrito de inicio la parte actora señaló que el objeto de la demanda "alcanza en primer término a las prestaciones reparatorias de la Ley de Riegos del Trabajo 24.557 modificada por la ley 26.773", añadiendo a continuación que "complementariamente se reclama la reparación integral del daño sufrido por la accionante, por ser insuficiente e irrazonable el monto de la prestación dispuesta por la legislación especial" (fs. 46 vta. y 51 vta.). Luego, en el capítulo XI del mencionado libelo solicitó, por los fundamentos que expuso, la declaración de inconstitucionalidad de la "opción excluyente" prevista en la normativa bajo examen (v. fs. 61 vta./66).
Por su lado, al contestar la demanda el Fisco provincial sostuvo que "la actora ha activado el procedimiento de la LRT y, asimismo, ha interpuesto acción judicial en dichos términos, por lo que en virtud del art. 4, tercer párrafo supra mencionado, se entiende que el régimen de reparación elegido es el sustentado en el sistema" (fs. 95 vta.), respondiendo a fs. 106 vta. y 107 el planteo de invalidez constitucional de la disposición legal antes citada.
III.2.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que "la regla sentada por el legislador es suficientemente transparente y concreta: si como sucedió en el sub judice, la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común, ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo por la legislación especial" (rec., punto VI.3).
III.2.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta Sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda.
En efecto, mal puede sostener que corresponde casar la sentencia del tribunal de grado argumentando que el trabajador optó por el sistema de reparación integral (v. rec., punto VI.3), cuando -como ya se vio- en la instancia ordinaria expresamente señaló que "la actora ha activado el procedimiento de la LRT y, asimismo, ha interpuesto acción judicial en dichos términos, por lo que en virtud del art. 4, tercer párrafo supra mencionado, se entiende que el régimen de reparación elegido es el sustentado en el sistema" (fs. 95 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, no es atendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015; L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 126.518, "Mattos", sent. de 3-XI-2022; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.2.d. Finalmente, cabe agregar que la decisión de grado, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, se ajusta a la opinión que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Suscribo lo expuesto por la doctora Kogan en los apartados III.1. y III.2., este último, en sus subpuntos III.2.a., III.2.b. y III.2.c. de su voto, y con ello, la solución que eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Circunscripta la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, comparto la ineficacia del intento revisor, a tenor de las consideraciones relevadas por la doctora Kogan en los apartados III.1., III.2., subpuntos III.2.a., III.2.b. y III.2.c. de su exposición.
Lo dicho basta para desestimar la impugnación traída.
Solo a mayor abundamiento y sin que implique alterar los términos de mi adhesión, he de reparar que la posición ostentada en el responde (merced al resultado de la prueba) halla correlato en el contenido de la condena que arriba firme, extremo este sobre el que se expresara la contraria en su memorial (pág. 5, in fine ).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2023 16:49:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2023 08:58:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:47:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 11:40:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 13:23:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia