Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Rodolfo Damián Sorgue y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgo del Trabajo a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por accidente de trabajo en el marco del derecho común (v. pronunciamiento de fecha 21-II-2022).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar- tuvo por acreditado que el actor, como consecuencia de un accidente de trabajo, padeció una fractura de antebrazo derecho con afectación de movilidad de codo y muñeca, que le ocasiona una incapacidad permanente del 32.03% del índice de la total obrera. Asimismo, concluyó -con fundamento en la pericia técnica- que la aseguradora demandada no había cumplido las obligaciones que la Ley de Riesgos del Trabajo pone a su cargo en materia de prevención y control de daños. Luego, a los fines del cálculo indemnizatorio, tomó el salario vigente correspondiente a la categoría laboral de oficial múltiple del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que denegado por el a quo (v. proveído del 18-III-2022) fue concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja interpuesta (v. resolución del 27-X-2022).
En primer lugar, cuestiona que el tribunal de grado no haya indicado cuál ha sido el incumplimiento que se le atribuyó a la aseguradora, ni tampoco el nexo causal adecuado entre las supuestas condiciones de riesgo creadas y las afecciones que sufre el trabajador.
Luego, impugna el monto de la indemnización establecida en concepto de daño material y moral. A tal fin, impugna que el a quo haya tomado una remuneración a valores actuales.
Finalmente, ataca los honorarios regulados por altos.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, y si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, en tanto constituyen el análisis de las cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resultan atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
Asimismo, este Tribunal ha señalado que establecer si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, constituyen el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado no revisables en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014; L. 119.988, "Llamazares", sent. de 22-VIII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
En tal sentido, resulta necesario observar que para demostrar dicha anomalía es necesario la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado, mediante la ponderación de la pericia técnica, tuvo por acreditada la actividad riesgosa cumplida por el trabajador, el incumplimiento por parte de la empleadora a las normas de higiene y seguridad en el trabajo y la omisión de la aseguradora accionada de observar las obligaciones que le impone la normativa vigente. En este sentido enumeró los múltiples incumplimientos al decreto 351/79 y la ausencia de capacitaciones y actividades de prevención y control en forma permanente, entre otros (v. pericia técnica de 18-II-2019 y anexos), por lo que concluyó que las dolencias físicas que presenta el accionante guardaban relación causal adecuada y directa con dichas inobservancias.
III.1.c. Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser conmovidas por la recurrente, quien si bien invoca la existencia de absurdo no cumple con la carga de acreditarlo, desde que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 123.148,"Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020), disipándose sus argumentaciones en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.152, "Andrés", resol. de 5-V-2022).
III.2. Tampoco puede prosperar el agravio por el que se cuestiona la cuantía de la indemnización.
III.2.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio, en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 113.239, "B. d. A., M.", sent. de 29-V-2013; L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.271, "López", sent. de 29-X-2014; L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, así como determinar el importe percibido por el trabajador en concepto de remuneración, en cuyo caso la configuración del mencionado vicio debe apreciarse estrictamente (causas L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018, L. 126.348, "Barboza", resol. de 29-XII-2021).
III.2.b. En el caso, no evidencia la recurrente que el tribunal de grado se hubiera apartado de las constancias objetivas de la causa ni que hubiera incurrido en un error grave y manifiesto configurativo de absurdo para calcular la remuneración del trabajador, en tanto no exterioriza más que su disconformidad con la decisión de grado, oponiendo a las pautas implementadas por el tribunal otras que considera más convenientes a sus intereses, en un mero intento de disputarle a los jueces de grado las facultades que poseen en la materia (causas L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016 y L. 126.348, "Barboza", cit.).
III.3. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que la recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 120.822, "Chávez", resol. de 11-X-2017; L. 123.755, "Afonso", resol de 4-III-2020 y L. 128.830, "Garabato", resol. 4-X-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:09:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:03:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 13:41:52 hs. bajo el número RR-415-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia