Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a la falta de sustancialidad o transcendencia de la cuestión traída a debate (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva, reguló los honorarios profesionales del doctor Luis Aníbal Rodríguez, patrocinante del perito contador designado en autos (v. resolución de 1-XII-2021).
II. Frente a lo así resuelto, el mencionado letrado interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. escrito de 28-XII-2021), los que fueron concedidos, el primero por a quo (v. resol. de 11-III-2022) y el segundo por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja incoada (v. resol. de 22-XI-2022).
III. En la vía extraordinaria de nulidad denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. En primer lugar, alega que el fallo no se encuentra correctamente fundado, en tanto el juzgador no aplicó al caso las disposiciones del art. 22 de la ley 14.967. Luego, asegura que la resolución impugnada no cumple con la exigencia de forma de acuerdo y voto.
III.1. En primer lugar, ocupa recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que el hecho de que el pronunciamiento recurrido haya sido considerado definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso intentado no implica necesariamente que debió ser dictado con la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, ya que lo que interesa a tales efectos es verificar si el mismo resuelve cuestiones esenciales (art. 168, Const. cit.; causas C. 96.563, "Y.P.F. S.A.", sent. de 30-III-2010; C. 106.655, "Coop. Viv. Consumo y Servicio", sent. de 22-XII-2015; L. 117.688, "Rodríguez", sent. de 2-III-2016 y L. 129.645, "duarte", resol. 15-II-2023).
Siguiendo el criterio expuesto, corresponde recordar que la forma de acuerdo y voto individual sólo es exigida para las sentencias a las que se refiere el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 164 primera parte, 266 y 267, Cód. cit.) y no para las interlocutorias, que deben reunir únicamente los requisitos del art. 160 y los que agrega el art. 161 del Código ritual citado, ello, excepto si la resolución se pronuncia respecto de cuestiones esenciales, en los términos y alcances del art. 168 de la Constitución provincial (causas Ac. 79.343, "Carro", sent. de 10-IX-2003 y L. 127.458, "Bladamuro", resol. de 29-XII-2021), no siendo este último uno de esos casos.
III.2. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se denuncia que la resolución impugnada viola la normativa del art. 22 de la ley 14.967, ello, al regular honorarios por debajo del mínimo allí establecido sin establecer las pautas objetivas que llevaron al tribunal a efectuar dicha liquidación.
Por otra parte, alega que, no obstante citar las normas en que aparentemente se funda el pronunciamiento, el mismo no cumple con recaudos exigidos, bajo pena de nulidad, por el art. 15 de la ley 14.967.
IV.1. La impugnación no puede prosperar, en atención a la falta de sustancialidad o trascendencia del planteo que contiene (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif., y 289, CPCC).
IV.2. En efecto, sin perjuicio de otras consideraciones, se impone recordar que para evitar que la vía extraordinaria sea utilizada como una mera tercera instancia, el legislador ha previsto el mecanismo que obra en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif. que le permite a esta Suprema Corte -entre otros supuestos- que en cualquier estado de su tramitación pueda, si considera que los recursos extraordinarios locales plantean una cuestión insustancial o carente de trascendencia, rechazarlos con la sola invocación de dicho precepto (causas C. 120.012, "Chávez", resol. de 7-IX-2016; C. 120.005, "López", resol. de 21-XII-2016; L. 121.035, "Caputto", resol. de 21-III-2018; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 125.464, "Sacoski", resol. de 6-XI-2020 y L. 127.785, "Altamira Gainza", sent. de 10-IV-2023).
En la especie, conforme surge del relato de los antecedentes, el valor del litigio está representado por la diferencia entre el monto que arroja la regulación cuestionada ($3.360) y el importe pretendido por el recurrente ($23.520), lo que arroja un guarismo de $20.160.
Bajo la concreta limitación que marcan las críticas del impugnante, partiendo del valor económico indicado, el caso se revela como insustancial o carente de trascendencia para ser abordado por un tribunal superior como esta Corte, atento a la elevada misión que le cabe, por lo que corresponde utilizar la facultad regulada en el art. 31 bis citado y desechar, sin más, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado (conf. arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 289, CPCC y causas cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a la falta de sustancialidad o transcendencia de la cuestión traída a debate (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:09:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:03:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 13:41:51 hs. bajo el número RR-414-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia