Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
MOYANO SEBASTIÁN RUBÉN C/ DIPIERRO CLAUDIO MARTÍN S/ DESPIDO.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la acción promovida por Sebastián Rubén Moyano contra Claudio Martín Dipierro en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 10-XI-2022).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 25-XI-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. En sustancia, se agravia de la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado de tener por no probado el vínculo de trabajo denunciado en autos. Cuestiona la forma en que en autos se distribuyó la carga de la prueba y la interpretación de la misma. Invoca violación al principio de congruencia y de los arts. 9, 23 y 50 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega absurdo y cita las normas y la doctrina que considera vulnerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020; L. 128.500, "Vazquez", resol. de 1-IX-2022 y L. 128.849, "Sanchez", resol. de 22-III-2023).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2.a. En el caso, el sentenciante -con apoyo en los elementos de juicio obrantes en la causa- juzgó no acreditada la subordinación técnica, económica y jurídica tipificaste del contrato laboral. Por el contrario, tuvo por probada la existencia de una relación familiar entre las partes a través de una "especie de sociedad de hecho", donde éstas hacían trabajos de pintura en común, compartiendo clientes captados indistintamente por uno o por otro, repartiéndose las ganancias en forma igualitaria y subcontratando a distintos ayudantes a los que ambos les daban órdenes, instrucciones y les abonaban por su labor. Señaló, además, que tampoco surge de la causa que el demandado constituyera una organización instrumental de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, por lo que consideró no probada la calidad de empleador del señor Dipierro.
III.2.b. Estas esenciales, conclusiones del fallo, no logran ser conmovidas por el recurrente, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traducen una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de origen. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
III.2.c. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Ello así, pues en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016; L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.058, "Galvan", resol. de 27-II-2023), que el interesado -como se dijo- no demostró.
III.2.d. Asimismo, cabe señalar que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que -a su criterio- fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 127.012, "Gorjon", resol. de 22-IX-2021).
III.3. Por su parte, el impugnante tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
En este mismo sentido, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.4. Tampoco prospera el argumento afincado en la violación del principio de congruencia.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-II-2007; L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009; L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018 y L. 124.138, "Garen", resol. de 15-IV-2020). Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del interesado con la solución adoptada.
III.5. Finalmente, cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:56:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:11:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:47:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2023 08:58:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/04/2023 10:54:00 hs. bajo el número RR-457-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia