Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130088
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa, rechazó la demanda promovida por José María Irizar contra Canteras Yaraví S.A. y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la cual procuraba el cobro de una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 22-IV-2022).
Para así decidir, juzgó no verificados los presupuestos necesarios para la configuración de la responsabilidad civil de las demandadas en tanto la prueba producida dio cuenta que el accidente de trabajo acreditado en autos tuvo lugar a consecuencia de un accionar negligente e imprudente del actor, por el cual las accionadas no debían responder.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-V-2022), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha del 14-VI-2022).
En su escrito, el compareciente indica las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
Cuestiona que el juzgador no haya aplicado al supuesto de autos la ley 24.557, en tanto las partes no cuestionaron el régimen especial de accidentes de trabajo. En este sentido, asegura que el tribunal no realizó una correcta armonización del derecho en tanto debió valerse de la normativa más favorable para el trabajador.
Por otro, alega absurdo en la valoración de las pruebas. Considera que el sentenciante no contempló la existencia del riesgo o vicio de la cosa productora del daño. Además, afirma que la empleadora no acreditó, para eximirse de responsabilidad, la presencia de dolo en el accionar del trabajador.
Luego, refiere que, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, Canteras Yaraví S.A se encontraba en mejor situación que el actor para aportar los elementos necesarios para probar el carácter riesgoso o vicioso de la cosa productora del daño.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
III.2. En ese contexto, respecto al primero de los agravios, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el recurrente omite denunciar la vulneración de doctrina legal relacionada con la temática que impugna (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; e. o.).
III.3. Tampoco se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad en el segundo de los planteos, toda vez que la doctrina citada por el recurrente, en apoyo de sus agravios, remite a cuestiones de hecho y prueba cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la vinculada a determinar si en autos se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho civil, y específicamente la verificación o no de las eximentes de responsabilidad patronal (causas L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017; L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019 y L. 124.723, "Núñez ", resol. de 2-XI-2020).
Por otro lado, la denuncia de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo no habilita el referido supuesto de excepción contemplado en el mencionado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
III.4. Finalmente, no se verifica la excepción mencionada cuando la doctrina que se acusa como infringida ha sido elaborada en torno a preceptos de carácter adjetivo (v.gr. las denunciadas violaciones vinculadas a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba y su doctrina). En tal sentido, ha sostenido esta Corte que resultan ajenas al marco del citado art. 55 de la ley 11.653 las cuestiones relacionadas con la alteración del onus probandi (causas L. 118.415, "Leguizamón", resol. de 11-III-2015; L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.5. Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.895, "Bordón", resol de 14-III-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:56:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:11:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:47:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2023 08:58:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/04/2023 10:53:58 hs. bajo el número RR-456-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia