Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126857
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Stephanie Pamela Ruíz y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia del accidente de trabajo acreditado en autos (v. pronunciamiento de fecha 28-V-2020).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la parte actora se encuentra disminuida en su capacidad laborativa de manera parcial, permanente y definitiva en un 32,5% del índice de la total obrera. Luego, a fin de determinar el resarcimiento -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio-, resolvió calcular el ingreso base con aplicación del índice RIPTE, conforme lo dispuesto por el decreto 669/19.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VI-2020), el que fue concedido por el a quo en fecha 18 de junio de 2020.
A lo largo de su presentación el interesado cuestiona esencialmente el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia. En este sentido, se agravia, por un lado, en que el a quo haya utilizado un ingreso mensual base actualizado por RIPTE de conformidad a lo normado por el decreto 669/19 y la ley 27.348, siendo que a la fecha de la primera manifestación invalidante ambas normativas no se encontraban vigentes. En este sentido, solicita que se adecue la sentencia de grado aplicándose el art. 12 de la ley 24.557 en su versión anterior a las modificaciones introducidas por las normas citadas. Finalmente, cuestiona que el capital de condena haya sido calculado a valores actuales, en tanto -entiende- el mismo debió fijarse teniendo en consideración la fecha del siniestro, al igual que los acrecidos.
Por otro lado, objeta que el juzgador hubiera aplicado, para el caso de mora en el incumplimiento de la sentencia, una tasa activa de interés en contradicción con los numerosos precedentes de esta Corte que individualiza; así como también el plazo que le ha sido otorgado para el pago de la condena.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En este sentido, se observa que la recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre él de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, la recurrente no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; e. o.).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de los todos los cuestionamientos y argumentaciones dirigidos a impugnar la forma en que ha sido fijado el quantum indemnizatorio, objetando la aplicación del decreto 669/19 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, desde que las doctrinas traídas por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Seguidamente, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Luego, con relación a la simple objeción dirigida a refutar el plazo otorgado para dar cumplimiento con el pago de la condena, se advierte que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el referido tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
III.5. Finalmente, en orden a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:38 hs. bajo el número RR-480-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia