Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127161
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Marta Fabiana Villalva, Alexis Neri David Rodríguez Villalva, Nehuén Rodríguez Villalva, Daniela Ailén Rodríguez Villalva y del menor Gustavo Rafael González Acosta -representado por su madre Griselda Liliana González Acosta- y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios con motivo del fallecimiento de Gustavo Rafael Rodríguez (quien fuera padre de los demandantes) producido como consecuencia de un accidente de trabajo (arts. 1078, 1083, 1084, 1085 y 1113 del anterior Código Civil; 11 apdo. 4.c, 15 apdo. 2 y 18 de la ley 24.557).
En cambio, desestimó la acción incoada por Neris Rodríguez y Ángela Silva -padres del causante- en cuanto perseguían el cobro de una reparación por daño material y moral, al juzgar no acreditados los extremos necesarios para su procedencia (v. pronunciamiento de fs. 133/143 vta.).
II. Contra tal pronunciamiento, los padres del trabajador fallecido dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fs. 152/154 vta.), el que fue concedido por el a quo en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fs. 160 y vta.).
Posteriormente, encontrándose firme el pronunciamiento respecto de la pretensión resarcitoria incoada por los hijos del trabajador fallecido y depositado el monto de condena, el juzgador, con fecha 20 de diciembre de 2018, libró oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires a los fines que procediera a constituir un plazo fijo mensual renovable automáticamente cada treinta días con capitalización de intereses perteneciente al menor Gustavo Rafael González Acosta, como así también, a la apertura de una cuenta judicial en dólares estadounidenses y su conversión a plazo fijo en esta moneda renovable en forma automática correspondiente a Nehuén Rodríguez Villalva (v. fs. 227/228).
Frente al incumplimiento de la medida ordenada, el día 15 de agosto de 2019 el presidente del órgano jurisdiccional envío nuevos oficios solicitando la efectivización de las inversiones conforme habían sido oportunamente dispuestas, las cuales fueron cumplidas por la entidad financiera con fecha 20 de agosto de 2019.
Seguidamente, los actores González Acosta y Rodríguez Villalva denunciaron haber padecido un perjuicio económico a consecuencia de la conducta que asumió el banco provincial de incumplir -en tiempo oportuno- con las medidas que le habían sido ordenadas.
Tales objeciones recibieron favorable acogida por parte del órgano judicial de grado quien intimó a la institución bancaria a arbitrar los medios necesarios a efectos de cumplir las decisiones judiciales que les fueran notificadas el día 20 de diciembre de 2018 al tipo de cambio entonces vigente, debiendo abonar la diferencia resultante por los montos no depositados en forma inmediata luego de la primera comunicación cursada al efecto (v. fs. 254 y vta.; resol. de 21-XI-2019).
Frente a la oposición manifestada por el letrado apoderado del Banco, el sentenciante declaró la improcedencia del planteo, ratificó la resolución dictada y ordenó el efectivo cumplimiento de la medida (v. resol. de 12-XI-2020).
Dicha decisión fue impugnada por la entidad bancaria mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 9-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 23-XII-2020), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictámenes de fechas 17-X-2022 y 4-IV-2023).
III.1. Sentado ello, corresponde, en primer lugar, ingresar a analizar el remedio extraordinario interpuesto por Neris Rodríguez y Ángela Silva -padre y madre del trabajador fallecido- en cuya presentación (v. fs. 152/154 vta.) se denuncia la transgresión de las normas y las doctrinas legales que citan, objetando únicamente el rechazo de la indemnización por daño moral.
III.2. El recurso no prospera.
III.3.a. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de fs. 160 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues los interesados traen a consideración de esta Corte cuestiones vinculadas al reconocimiento y resarcimiento del daño moral y, sabido es, que el planteo propuesto impone necesariamente el análisis de las circunstancias que concurren en el caso, y ello, de suyo, conduciría a renovar el análisis y la valoración de los hechos ventilados en autos, circunstancia que se encuentra excluida del ámbito de la casación por esta vía (causas L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022).
Por lo demás, la doctrina legal citada por los recurrentes ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en la causa bajo juzgamiento (causas L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
A mayor abundamiento, y en atención a las restantes causas invocadas en la presentación bajo examen, cabe recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por el letrado apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires se invoca absurdo y se individualizan las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento de fecha 12-XI-2020.
En esencia, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de origen le ordenó a su parte depositar las sumas que determinó a favor de Gustavo Rafael González Acosta y Nehuén Rodríguez Villalva, como consecuencia de una supuesta apertura tardía de las cuentas judiciales.
Sostiene que, al no haberse producido una notificación eficaz, no se le puede reclamar a su parte la diferencia económica resultante de la dilación en el cumplimiento de la manda mal comunicada.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3.a. En primer lugar, se impone poner de resalto que el valor del litigio -representado en el caso por la suma de dinero que el a quo ordenó depositar a favor de los actores Gustavo Rafael González Acosta y Nehuén Rodríguez y que el propio interesado identifica en el apartado II.F del escrito recursivo- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.3.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, la única doctrina legal de este Tribunal invocada por el recurrente en apoyo de su postura, en tanto se refiere al vicio de absurdo, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:39 hs. bajo el número RR-481-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia