Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda interpuesta por Vicente Daniel Rivero y condenó -solidariamente- a Carlos Ignacio Urel y a QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- a pagar la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 8-IX-2021).
Para así decidir -en lo que interesa destacar-, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 52,21% del índice de la total obrera en relación causal con el accidente padecido. Asimismo, consideró configurada la responsabilidad civil de la aseguradora por entender que ésta incurrió en incumplimiento de las obligaciones de prevención establecidas en la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 6-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. 17-XI-2021).
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas que considera violadas.
Sustancialmente, se agravia de la decisión de grado en tanto la condenó al pago de una indemnización integral con fundamento en las normas del derecho común. Asegura que su parte no incumplió con sus obligaciones en seguridad e higiene, toda vez que le fue imposible llevar a cabo dichas tareas porque la empleadora nunca denunció la existencia de la obra donde sucedió el siniestro.
Luego, denuncia el quantum indemnizatorio reconocido al trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, corresponde recordar que esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 124.401, "Estigarribia", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, el tribunal de grado, mediante la ponderación de la pericia técnica, tuvo por acreditada la actividad riesgosa cumplida por el trabajador, el incumplimiento por parte de la empleadora a las normas de higiene y seguridad en el trabajo y la omisión de la aseguradora accionada de observar las obligaciones que le impone la normativa vigente.
En efecto, a criterio del juzgador, esta última no produjo prueba tendiente a demostrar el cumplimiento de los deberes a su cargo, tendientes a evitar los riesgos a los cuales estaba expuesto Rivero. En este sentido afirmó que no surge de las constancias de la causa que se haya dado cumplimiento real y efectivo a la capacitación básica, como así tampoco que hubiera prevenido al trabajador sobre los riesgos que presentaban sus tareas.
En definitiva, para el sentenciante, las dolencias que presenta el accionante guardan relación causal adecuada y directa con los incumplimientos de las obligaciones de prevención y control que la ley les exige a las aseguradoras.
III.1.c. En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el juzgador de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Tampoco puede prosperar el agravio por el que se cuestiona la cuantía de la indemnización.
III.2.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio, en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Arguello", sent. de 10-VI-2015; L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019; L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020 y L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023).
Bajo tales lineamientos, también ha señalado que es facultad de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, y en tal supuesto la configuración del mencionado vicio debe apreciarse estrictamente (causas L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018, L. 126.348, "Barboza", resol. de 29-XII-2021).
III.2.b. En el caso, la interesada, en su escueta argumentación no lograr evidenciar la configuración del mentado vicio ni rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014 y L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2023 09:10:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2023 08:48:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2023 12:47:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2023 17:41:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 09:52:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2023 11:19:22 hs. bajo el número RR-560-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia