Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.782, "Marino, Mirta Graciela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 1-III-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5-VII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda que la señora Mirta Graciela Marino promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773), por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 25 de marzo de 2015.
En lo que reviste mayor interés, declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348).
Expresó que de existir un subsistema de reparación de daños excluyente del común, éste debe ser complementario con la reparación plena en cuanto resulte más beneficiosa para la víctima o sus derechohabientes
Añadió que la opción excluyente establecida en la norma deviene en irrazonable, transgrede los principios de indemnidad e irrenunciabilidad, a la vez que configura una palmaria regresión en el mecanismo de protección de los daños causados a la salud psicofísica del trabajador o sus causahabientes, en tanto sujetos de preferente tutela constitucional.
Sostuvo el sentenciante que las prestaciones sistémicas resultan irrenunciables conforme lo establece el art. 11 de la ley 24.557 en su apartado 1, comportando la tutela mínima garantizada al trabajador como consecuencia del padecimiento de las contingencias establecidas en el art. 6 del mencionado cuerpo legal.
De allí que, continuó, el ejercicio de una acción por la que se reclama la reparación integral no puede entenderse de manera tal que implique una renuncia a los mínimos protectorios establecidos en el marco sistémico, que a su vez deben complementar e integrar la indemnización plena; siempre y cuando las circunstancias verificadas en la causa así lo permitan.
Con esas bases, declaró que la norma contenida en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 26.773 es inconstitucional por resultar violatoria de los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo y el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Luego, y a tenor de las conclusiones plasmadas en la cuarta cuestión del veredicto (en cuanto allí se tuvieron por no acreditados los presupuestos fácticos de atribución de responsabilidad civil de la empleadora) el tribunal de grado rechazó la demanda en procura de la reparación integral del daño sustentada en las normas del derecho común.
En cambio, declaró procedente la pretensión erigida en el marco de la reparación sistémica que prevé la ley 24.557, normas modificatorias y complementarias; ello en virtud de haberse demostrado que, en ocasión y con motivo del trabajo, la actora sufrió un accidente del cual derivaron secuelas físicas incapacitantes.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; ley 26.944; arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de origen.
Manifiesta que la decisión cuestionada contiene fundamentos aparentes, lo cual traduce en forma directa e inmediata el menoscabo de las garantías constitucionales invocadas.
Explica que la regla sentada por el legislador en el citado precepto normativo es suficientemente transparente y concreta, de allí que, si como sucedió en la especie , la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común , ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo con apoyo en el régimen especial.
Sostiene que la norma en crisis no transgrede los principios de progresividad, indemnidad, igualdad, no discriminación e irrenunciabilidad, ni garantía constitucional alguna, pues -argumenta- solo estableció que los sistemas indemnizatorios reconocidos que cubren todas las hipótesis de reparación posible (sistémica e integral) no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades propias del legislador.
Con todo, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto dispuso la condena a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización sistémica reclamada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Por esta razón, el remedio procesal deducido sólo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; e.o.).
III.2.a. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica se dirige a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, lo cual involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.b. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3. Efectuada esta aclaración, habré de señalar que lo resuelto por el tribunal de grado en torno al art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) ha de permanecer firme en razón de la inhabilidad que exhibe el medio de impugnación.
III.3.a. De conformidad a la inteligencia que efectuó el tribunal del escrito de inicio (v. primera cuestión del veredicto) el objeto de la pretensión "...está dado por obtener una indemnización con sustento en el ordenamiento civil (pto. IV, fs. 19, primer párrafo, in fine) y, asimismo, las prestaciones dinerarias previstas en los artículos correspondientes de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773 (fs. 23, segundo párrafo), como consecuencia de la incapacidad del 68% de carácter laboral que la actora sostiene padecer como secuela de un accidente de trabajo que sufriera el día 25/03/2015".
Por su lado, al contestar la demanda la representación fiscal sostuvo que "...la parte actora al efectuar el reclamo se ha apartado de los lineamientos que establece la normativa vigente (ley 26.73), violando así su art. 4. Esto es así, dado que si bien de manera expresa afirma optar por la vía civil, del reclamo surge que incorpora rubros propios de la ley de riesgos" (fs. 132 vta.).
Indicó que "El referido art. 4 expresamente prohíbe la acumulación de acciones, razón por la cual el reclamo de autos fundado en los términos del Código Civil y también en la ley tarifada deviene improcedente, por lo que solicito su total rechazo, con costas " (v. fs. cit.; el destacado me pertenece).
En ese contexto, consignó que "...a partir de la sanción de dicha normativa, se podrá ejercer el derecho a opción y elegir percibir la indemnización de la ley especial o las que pudieran corresponderle con fundamentos en otros sistemas de responsabilidad, opción que el accionante aquí no efectuó" (fs. 132 vta.).
III.3.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de un razonamiento según el cual "...la regla sentada por el legislador es suficientemente transparente y concreta: si como sucedió en el sub judice , la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común , ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo por la legislación especial" (rec., punto VI.3.; el destacado figura en el original).
III.3.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda.
En efecto, mal puede sostener que corresponde casar la sentencia del tribunal de grado argumentando que el trabajador optó por iniciar una acción con fundamento en la legislación civil (v. rec., punto VI.3.), cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que aquel no formuló opción alguna, por lo que correspondía disponer el total rechazo de la demanda promovida (v. fs. 132 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, no es atendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.4. Finalmente, cabe agregar que la decisión de grado, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, se ajusta a la opinión que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el apartado III.4., habré de adherir al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Al igual que la doctora Kogan considero que la impugnación traída resulta ineficaz a tenor de las consideraciones relevadas en los apartados III.1., III.2. y III.3. de su exposición.
Lo dicho basta para desestimar la impugnación traída.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2023 09:12:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2023 08:49:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2023 17:40:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:12:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 09:04:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 13:50:24 hs. bajo el número RS-55-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia