Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129594
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda instaurada por José Manuel Andrada y, en consecuencia condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia del accidente de trabajo que denunció ocurrido el 22 de enero de 2019 (v. pronunciamiento de fecha 16-VI-2022).
Para así decidir, juzgó probado que el actor, como consecuencia del siniestro sufrido y de las dolencias acreditadas en autos, se encuentra incapacitado parcial y permanente en un 22,10% del índice de la total obrera.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 18-VIII-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulnerada. Denuncia la violación de los parámetros establecidos por el decreto 659/96, considerando excesivo el grado de incapacidad que ha sido fijado por el a quo .
En este marco, alega absurdo en la valoración de la prueba y asegura que en autos no existen constancias que permitan vincular las patologías que ostenta el actor con el siniestro denunciado. Sumado a ello, entiende que el fallo se sustenta en una experticia médica que fue impugnada por su parte. Para más, afirma que el tribunal de grado admitió lesiones que no fueron denunciadas por el trabajador ante la aseguradora ni la Comisión Médica.
Finalmente, invoca vulnerado el principio de congruencia y sostiene que la conclusión resulta dogmática e implicó un excesivo rigor formal manifiesto.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, cabe destacar que esta Corte ha declarado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, así como las características de las tareas realizadas y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, son facultades privativas de los jueces de origen, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En efecto, en el caso, el sentenciante, tras evaluar las pruebas realizadas en autos, sobre todo la pericia médica -de la cual no halló motivos para apartarse- juzgó acreditado que el siniestro analizado en autos constituyó causal suficiente y adecuada para generarle al actor las dolencias de cervicobraquialgia y las limitaciones funcionales de hombro izquierdo y muñeca izquierda, sufriendo una incapacidad laborativa del 22,10% del índice de la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 128.717, "Olmos", resol. de 15-VII-2022).
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Para más, deviene necesario señalar que en la tarea de valorar la experticia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo el señalado vicio (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.148, "Krause", resol. de 21-X-2022), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
III.3. Por otro lado, no se observa que el juzgador de origen haya incurrido en violación del principio de congruencia.
El señalado postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación ausente en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2023 09:34:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2023 14:54:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2023 10:02:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:28:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 11:38:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 14:34:41 hs. bajo el número RR-667-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia