Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción incoada por Marcelo Gabriel Pereyra contra la Universidad Católica de La Plata y Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que perseguía el cobro de la reparación integral por daños y perjuicios y las prestaciones de la ley 24.557 derivadas de la enfermedad profesional denuncia; con costas a cargo del actor por revestir objetivamente la condición de vencido(v. pronunciamiento de fecha 1-VII-2022).
Para así decidir, juzgó que no resultó acreditado que el trabajador padezca incapacidad alguna como consecuencia de las tareas desarrolladas bajo la dependencia de la empleadora demandada, ni que hubiera sufrido los daños invocados en su escrito de inicio.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. del 29-VIII-2022).
En su presentación relata los antecedentes, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredida.
Alega que el sentenciante de grado realizó una interpretación absurda de las pruebas producidas que derivó en el rechazo de la pretensión formulada por el actor. Afirma que las patologías denunciadas se encuentran acreditadas y son una consecuencia directa de la extensa carga laboral cumplida diariamente por el actor.
Finalmente, objeta la imposición de costas.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no son susceptibles de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.498, "Spagnoli", L. 123.054, "Militello", resols. de 14-VIII-2019 y L. 126.717, "Mendoza", resol. de 6-VIII-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En efecto, en el caso, el sentenciante de grado tras evaluar las pruebas producidas en autos, juzgó que, no resultó acreditado que el actor padezca incapacidad alguna como consecuencia de las tareas desarrolladas bajo la dependencia de la empleadora. Asimismo, puntualizó que tampoco logró demostrar el accionante un acto ilícito y antijurídico generador de los daños y padecimientos invocados en la demanda.
III.3. Estas esenciales conclusiones del fallo, no logran ser conmovida por el recurrente, en tanto sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa -en particular la prueba informativa y pericial médica-, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
En particular, corresponde memorar que en la tarea de valorar la prueba pericial médica los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 93.232, "P., E. P.", sent. de 28-X-2009; L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
En definitiva, los argumentos que porta la impugnación sólo exhiben la disconformidad del quejoso con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar la principal motivación sobre las que se estructura el pronunciamiento vinculada a que no se probó que la enfermedad incapacitante que padece el trabajador haya sido causada por las tareas que le fueron encomendadas por su empleadora.
III.4. Por otra parte, este Tribunal reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020), tal y como acontece en el caso.
III.5. De igual modo, la objeción relativa a la imposición de costas a su cargo deviene inatendible.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019, L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020 y L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022), supuesto que no se presenta en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2023 09:34:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/06/2023 14:54:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2023 10:02:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:28:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 11:38:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 14:34:43 hs. bajo el número RR-669-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia