Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales necesarios, y dicte un nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.705, "Beltrán, Karina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo -acción especial-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto y sentencia fechados el 28-XII-2021).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-II-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2021?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Karina Beltrán y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación por incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo in itinere que sufriera el día 21 de diciembre de 2017 (conf. art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557).
En lo que resulta relevante, en la sentencia declaró la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Consideró -en este sentido- que la modificación introducida por la última disposición citada beneficia a los trabajadores siniestrados. Añadió que el principio nominalista instaurado por la ley 23.928 y modificatorias -que carece de raigambre constitucional- fue dejado sin efecto por la ley especial posterior. En base a tales consideraciones, concluyó que la norma en crisis no vulnera derechos constitucionales de la parte accionada.
Luego, procedió a liquidar la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; arribando -en base a los parámetros que tuvo por verificados en el veredicto- a un resarcimiento de $798.209 (arts. 6, 12 y 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557, texto según ley 27.348).
Por último, dispuso que desde que la sentencia quede firme y hasta el efectivo pago, el capital de condena debía devengar intereses de acuerdo al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual del Banco de la Nación Argentina (art. 12 inc. 3, ley 24.557, texto según ley 27.348).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561-; 768, 770 y 772 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
En concreto, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. ley 27.348) introducido en el escrito de contestación de demanda, solicitando se revoque esta parte del fallo.
III. Considero que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. En primer lugar, es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, que se justifica cuando las falencias que exhibe el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019 y L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022). Tal lo que acontece en el caso bajo examen.
Ello así, aunque no medie denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, pues nada exime a este Superior Tribunal de la misión que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 34.228, "Boullon", sent. de 22-II-1985; L. 61.072, "Didone", sent. de 28-X-1997 y L. 74.346, "Ciliberti", sent. de 15-V-2002).
III.2. De la lectura del pronunciamiento en análisis, surge que el tribunal de origen estuvo integrado -según el orden de votación- por el doctor Rodolfo Francisco Martiarena, la doctora Vanesa Prado y el doctor Federico Javier Escobares, quienes sufragaron las tres cuestiones del veredicto.
A continuación, manteniendo la misma secuencia, el tribunal resolvió plantear y votar dos cuestiones para el dictado de la sentencia.
Empero, del texto de dicho acto procesal, surge que el doctor Martiarena no emitió su voto respecto de la primera.
Tal omisión descalifica el pronunciamiento dictado en la instancia inferior en grado, ya que la evidente ausencia del juicio individual de uno de los magistrados del órgano actuante importa el incumplimiento de las formalidades que en orden a la validez de las decisiones judiciales impone el art. 168 de la Constitución provincial (en cuanto allí se establece que los jueces de los tribunales colegiados deberán dar su voto); así como a lo normado en el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653, que establece que el veredicto, la sentencia y las demás resoluciones que se dicten serán pronunciadas "por sus tres miembros [...] bajo pena de nulidad" (causas L. 98.099, "Galván", sent. de 13-VII-2011; L. 117.517, "Rodríguez", sent. de 15-XI-2016 y L. 120.533, "Luna", sent. de 21-XI-2018).
En este sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que el art. 168 de la Constitución provincial requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, por lo que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres magistrados integrantes del tribunal de trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014 y L. 129.345, "González", resol. de 10-XI-2022).
En el caso, entonces, el órgano de la instancia de grado incumplió con la exigencia contenida en el precepto constitucional indicado, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que los integrantes del tribunal rubricaran con sus respectivas firmas el final del acuerdo y la parte dispositiva de la sentencia, pues ello no acredita otra cosa que su presencia en el acto que fue llevado a cabo de modo irregular (causas L. 97.987, "López", sent. de 16-XII-2009; L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011 y L. 120.311, "Fazzari", sent. de 30-V-2018; e.o.). Tampoco con la certificación del actuario, atento que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 64.392, "Salvatore Care", sent. de 1-VII-1997; L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003; L. 90.023, "Coria", sent. de 11-X-2006 y L. 121.632, "Poledo", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
IV. Si mi propuesta es compartida, corresponderá decretar la nulidad de la sentencia emitida el 28 de diciembre de 2021, y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales necesarios, y dicte un nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve -en su caso- los actos procesales necesarios, y dicte un nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2023 21:30:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 09:26:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:07:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:01:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:13:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 14:43:28 hs. bajo el número RS-72-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia