Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127103
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.103, "Borba, Roxana Anatilde contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción entablada e impuso las costas a las vencidas (v. vered. de fecha 19-XI-2020 y sent. de fecha 4-XII-2020).
Se dedujeron, por Provincia ART S.A. y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 23-XII-2020 y 28-XII-2020, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por el Fisco provincial?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Roxana Anatilde Borba y condenó -solidariamente- a la Provincia de Buenos Aires y a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y del adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicables al caso -por mayoría- las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, con motivo del accidente laboral sufrido por la trabajadora el día 20 de enero de 2013. La rechazó, en cambio, con relación al infortunio que denunció haber padecido el día 6 de noviembre de 2013.
Para así decidir, tuvo por acreditado que -en la primera fecha señalada- en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales como guardia del Servicio Penitenciario provincial, la actora fue rodeada -de forma súbita, violenta e intimidatoria- por varios internos del penal, quienes amenazaron su integridad física y psicológica. También juzgó probado que, como consecuencia del referido hecho, resulta portadora de una reacción vivencial anormal neurótica depresiva grado III, que -incluidos los factores de ponderación- le genera una incapacidad laboral, parcial y permanente del 23% del índice de la total obrera.
A su vez, precisó que no se hallaba demostrado que las codemandadas hubieran abonado a la trabajadora alguna prestación dineraria con motivo de la mencionada invalidez determinada.
En lo que resulta relevante para resolver la controversia, estableció que en el escrito de contestación de la demanda, la aseguradora señaló que se vinculó con el citado Servicio Penitenciario provincial mediante el contrato de afiliación n° 46.864, con vigencia desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de enero de 2007; fecha esta última en la que fue rescindido y, desde la cual la Provincia asumió el carácter de autoasegurada, resultando Provincia ART S.A. meramente la administradora del mencionado seguro estatal. De allí que solicitó la citación del Fisco provincial como tercero interesado.
Posteriormente, en la etapa de sentencia, el a quo señaló que la vinculación jurídica entre la aseguradora accionada y la trabajadora hallaba su causa en la ley 24.557, y no en el contrato de afiliación que su principal hubiera suscripto con la aseguradora, de conformidad con lo establecido en los arts. 27 apartado 3 y 28 apartado 1 de la citada normativa.
Luego, a la hora de determinar el importe de la prestación dineraria debida, juzgó aplicables al caso -por mayoría- las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 y la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 1.039/19. Ello por cuanto dicha norma resultaba de aplicación retroactiva, en virtud de lo prescripto en el art. 3 del mentado decreto.
De este modo, puesto a cuantificar el ingreso base mensual, sostuvo que el mismo devengaría un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado (art. 12 inc. 2, modif. por art. 1, dec. cit.). Así, determinó que -conforme el total de las remuneraciones de la accionante, de acuerdo a los lineamientos estipulados en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo- el mismo ascendía a la suma de $6.548,76 ($78.629,85/365 x 30,4).
Conforme el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificó el importe indemnizatorio en la suma de $148.243,15 (53 x $6.548,76 x 23% x 1,857 -65/35-), con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $177.891,78. A continuación, dispuso que a dicha suma debía adicionarse la variación porcentual respecto del mes anterior (art. 12 inc. 2, modif. por dec. 669/19 y resol. de la SSN 1.039/19); y, respecto de aquellos meses en los que no se hubiera publicado el índice RIPTE (desde octubre del año 2020), fijó intereses a la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en la modalidad digital. En ese entendimiento determinó la cuantía a la que la accionante resultaba acreedora en la suma de $598.662,05.
Seguidamente, a la luz de la defensa de "no seguro" y falta de legitimación pasiva opuestas por la aseguradora demandada, retomó el análisis de la cuestión relativa al autoseguro provincial.
En ese camino, señaló que la vinculación jurídica entre las coaccionadas resultaba (i) del contrato de afiliación n° 46.899 -sic- (debió decir 46.864, con vigencia desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de enero de 2007) y (ii) del de administración del autoseguro entre Provincia ART S.A. y la Provincia de Buenos Aires (ratificado por decreto 3.858/07), por medio del cual el Estado provincial reasumió la responsabilidad por la cobertura -en forma total, íntegra y oportuna- de sus dependientes por las contingencias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Siguiendo esa línea, declaró que la cláusula cuarta del último convenio mencionado encomendó a Provincia ART S.A. la administración de la cartera de siniestros y contingencias por cuenta y orden del Estado provincial (entendiéndose por estas últimas a los infortunios laborales ocurridos desde el día 1 de enero de 2007 en adelante). A su vez, indicó que en su cláusula décimo segunda se estableció que -a partir de que los organismos competentes habiliten la adhesión al régimen de autoseguro formulada por el Estado provincial mediante el referido decreto- la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, asumiría la representación judicial de aquellos juicios en los que Provincia ART S.A. hubiera sido o fuera demandada, codemandada o citada en garantía respecto de los siniestros padecidos por trabajadores de la Provincia con fecha anterior al 1 de enero de 2007, así como por las contingencias ocurridas con fecha anterior a la citada habilitación.
En ese marco, agregó que la autorización de autoasegurar los riesgos del trabajo definidos por la ley 24.557 se dispuso mediante las resoluciones conjuntas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 33.034/08 y 573/08.
En ese orden, entendió que "no obstante lo expuesto, del contexto del acuerdo y de lo expresado por las demandadas, se infiere que el gerenciamiento por parte de Provincia ART S.A. la hace responsable de las consecuencias del siniestro denunciado en estas actuaciones, ya que si bien existe un convenio de rescisión del contrato de seguro con la ART, en virtud del cual la Provincia se autoaseguró, del mismo resulta que se encomendó a la demandada la administración de la cartera de siniestros y contingencias, asumiendo la ART el gerenciamiento de todas las prestaciones, incluyendo las indemnizaciones, haciéndolo todo por cuenta y orden del estado provincial" (sent., pág. 53).
Refirió que el citado acuerdo resultaba claro al establecer que -en el mediano plazo y luego de transcurrido el necesario tiempo de transición- se habilitaba a que sea la propia Provincia la que -mediante la implementación de los pertinentes procesos de gasto y pago- se encargase de atender las prestaciones dinerarias resultantes. Asimismo, agregó que en los considerandos del convenio se acordó que fuera la firma aseguradora accionada la que, en razón de su experiencia, actuara como administradora del nuevo sistema de autoseguro impulsado.
Sobre esa base, consideró que recién en el momento en que el Estado provincial se encontrara en condiciones de implementar los procesos mencionados, asumiría plenamente su calidad de autoasegurado; y que -mientras ello no ocurriera- la cesión de la administración de las contingencias y de la cartera de clientes a cargo de Provincia ART S.A. implicaba que esta última había asumido la totalidad de las obligaciones del régimen de la ley 24.557, acarreando la responsabilidad resultante del art. 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por los argumentos expuestos, juzgó que la administradora debía responder, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran proceder entre las coaccionadas. En consecuencia, desestimó las defensas opuestas y condenó solidariamente al Fisco provincial y a Provincia ART S.A. a abonarle a la trabajadora la suma establecida como indemnización por la incapacidad que contrajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la mencionada aseguradora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 23 y 26 apartados 3 y 6 de la ley 24.557; 118 de la ley 17.418; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto 3.858/07 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 23-XII-2020).
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva y "no seguro" opuestas por su parte y la condenó -junto con la Provincia de Buenos Aires- al pago de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773.
En esencia, asevera que el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 3.858/07, en el cual se estableció la rescisión a partir del día 1 de enero de 2007 del contrato de afiliación n° 46.864 que vinculaba a Provincia ART S.A. con la Provincia de Buenos Aires, estableciendo el régimen del autoseguro provincial.
Sostiene que a la fecha en que tuvo lugar el acontecimiento de autos, el mencionado vínculo contractual no se encontraba vigente, razón por la cual no correspondía responsabilizar a la aseguradora conjuntamente con el Fisco accionado, por no hallarse legalmente obligada.
En ese orden, argumenta que la designación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo como administradora del autoseguro del Estado provincial en modo alguno puede modificar su responsabilidad, ya que su actuación se ha efectuado siempre en representación y con fondos de aquel, el cual se reserva el derecho de control sobre su gestión, abonando honorarios por dicha labor.
En ese entendimiento, asevera que el sentenciante incurrió en absurdo y arbitrariedad, vulnerando los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio, a la par que transgredió el principio de congruencia, en tanto aun reconociendo la existencia de las circunstancias y normas referidas, fue condenada sin respaldo legal.
A su vez, afirma transgredida la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020).
Añade que si bien en el citado decreto 3.858/07 se estableció que Provincia ART S.A. resulta responsable por las sanciones que se impongan en materia de riesgos del trabajo, "...dicha responsabilidad es para y con la Provincia de Buenos Aires, según las condiciones por ellas convenidas y sólo aplicable a la relación existente entre ambas..." (rec., pág. 27).
Finalmente, señala que la decisión en crisis vulnera las disposiciones contenidas en los arts. 23 apartado 1 y 26 de la Ley de Riesgos el Trabajo, por cuanto el contrato de afiliación entre las accionadas no se encontraba vigente en el presente caso.
En suma, por todo lo dicho, peticiona la revocación del fallo atacado.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la instancia de grado, el medio de impugnación bajo examen fue concedido -en decisión que no resultó objetada- por vía de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el importe de lo cuestionado en esta sede extraordinaria no supera el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141) en orden a su admisibilidad (v. resol. de fecha 29-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Dicho ello, acierta la recurrente en demostrar que, al condenar solidariamente a Provincia ART S.A. y al Estado provincial a abonar a la trabajadora la indemnización determinada en el fallo, el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del decreto 3.858/07, vulnerando las directrices que sobre su hermenéutica ha fijado esta Suprema Corte en el precedente L. 121.084, "Bosso" (sent. de 21-X-2020) que aquella invoca (en el mismo sentido, causa L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023).
Así, pues, en el contexto definido por la doctrina legal emergente del antecedente citado por la impugnante, habré de acudir a este último, ahora, reproduciendo -en lo pertinente- las reflexiones que hubo de plasmar el doctor Soria en aquella oportunidad, a cuya opinión adherí.
En efecto, este Tribunal resolvió en ese caso que cobraba decisiva relevancia el citado Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación 46.864 y de Administración de Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART S.A. (aprobado por el decreto mencionado, anexado al mismo -conf. art. 1-, e invocado por la agraviada), que rescindió el referido contrato en forma retroactiva a partir del día 1 de enero de 2007 y que en la cláusula segunda dispone que la Provincia reasumía a partir de esa fecha "...la responsabilidad por la cobertura en forma íntegra, total y oportuna, respecto del personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas y Organismos de la Constitución, por las contingencias contempladas en la citada Ley y conforme al régimen de autoseguro previsto por su Artículo 3º, Inciso 4)".
Asimismo, conforme a su cláusula tercera, asumía a partir de la misma fecha "...la atención de los siniestros -infortunios laborales ocurridos durante la vigencia del contrato que se extingue por la Cláusula PRIMERA-, incluidas las sentencias judiciales condenatorias [...] que pudieren recaer y que [tuviesen] relación con los referidos siniestros...".
En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta las directrices allí trazadas y la fecha del infortunio laboral sufrido en este caso por la señora Borba (20 de enero de 2013), es dable constatar que el presente caso se encuentra -asimismo- comprendido dentro de las previsiones de la mencionada normativa provincial. En tales condiciones, mal pudo el tribunal de grado considerar dicha circunstancia y sin embargo condenar a Provincia ART S.A. a pagar a la actora la prestación dineraria establecida en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. modif. introducidas por el dec. 669/19) y 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes que padece.
A tenor de lo aclarado precedentemente, en efecto, el único deudor del crédito reconocido en la sentencia resulta ser el Estado provincial, revelándose nítido que en nada modifica su situación el hecho de que en la cláusula cuarta del mentado convenio, este le haya encomendado a la aseguradora mencionada "...la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiendo por tales los ocurridos a partir de las 0.00 horas del día 1° de enero de 2007) por cuenta y orden de la Provincia...".
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia ART S.A. al pago de las sumas allí indicadas, a cuyo respecto la demanda debe rechazarse.
Las costas de ambas sedes respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco provincial denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 12 y 14 de la ley 24.557; 8 y 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 20 de la ley 27.348; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; de las leyes 23.928 y 25.561; del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19; del decreto reglamentario 472/14; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2020).
I.1. En sustancia, controvierte la decisión con arreglo a la cual el tribunal de origen dispuso -según entiende- la aplicación retroactiva de las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19 al caso, cuya entrada en vigencia -afirma- es posterior a la fecha del infortunio sufrido por la trabajadora.
En ese sentido, argumenta que lo resuelto por el órgano de grado resulta contrario al principio que emana del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En sustento de su postura, agrega que el art. 20 de la ley 27.348 dispone que "la modificación prevista al art. 12 de la ley 24.557 -y sus modificatorias-, se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley" (rec., pág. 7). Explica que la citada norma entró en vigencia en fecha 5 de marzo de 2017 y resultó ratificada por la Provincia de Buenos Aires recién el día 18 de enero de 2018.
En ese orden, entiende que lo resuelto también contradice los precedentes de este Tribunal que invoca.
De igual modo, manifiesta que el fallo alcanzado por la mayoría del tribunal al respecto transgrede los derechos adquiridos, la preclusión procesal, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, de consumo jurídico y el principio de irretroactividad.
I.2. Denuncia -además- que la aplicación del mentado decreto viola el principio de congruencia, por cuanto -alega- el sentenciante resolvió extra petita , apartándose de las preten
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.