Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar Del Plata hizo lugar -por mayoría- a la demanda promovida por Emilio Heberto Heredia y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que indicó en concepto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, por la incapacidad derivada del accidente sufrido (v. pronunciamiento de fecha 15-XI-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor tiene disminuida su capacidad laborativa de manera parcial y permanente en un 30,15% del índice de la total obrera. Luego, a fin de calcular la prestación dineraria que le correspondía percibir a Heredia, ajustó el ingreso base mensual conforme el índice RIPTE de conformidad con lo establecido por el decreto 669/19 -cuya validez constitucional no fuera cuestionada en autos-, en tanto juzgó que la mencionada norma dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-XII-2022), el que fue concedido en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 13-XII-2022).
A lo largo de su presentación la interesada cuestiona esencialmente el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia. En este sentido, se agravia que el a quo haya utilizado un ingreso mensual base actualizado por RIPTE de conformidad a lo normado por el decreto 669/19 y la ley 27.348, siendo que a la fecha de la primera manifestación invalidante ambas normativas no se encontraban vigentes. En consecuencia, solicita que se adecue la sentencia de grado aplicándose el art. 12 de la ley 24.557 en su versión anterior a las modificaciones introducidas por las normas citadas.
Respecto de esta misma temática, asegura que el fallo viola el principio de congruencia.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado , la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de todas la argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a objetar la aplicación de la ley 27.348 y el decreto 669/19, desde que las doctrinas traídas por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
III.4. Finalmente, en lo que respecta a los cuestionamientos relacionados a la imposición de costas y los estipendios fijados por el a quo -que la recurrente considera elevados-, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en el primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653, dado que la interesada no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2023 21:29:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 09:27:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:06:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:01:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:13:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 16:49:08 hs. bajo el número RR-777-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia