Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125470
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes, hizo lugar a la demanda promovida por María Angélica Otalora Rozado y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557, más la indemnización prevista en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 27 de agosto de 2015, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 22-XI-2019).
II. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-XII-2019).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
En su presentación se agravia de la aplicación al caso del decreto 669/19, que entiende no corresponde por el principio de irretroactividad de las normas.
Seguidamente, objeta los intereses que fijó el juzgador sobre el capital de condena y -asimismo- los que definió en caso de incumplimiento de la sentencia, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
Además, alega que el a quo , al regular los honorarios de los profesionales intervinientes, no aplicó la limitación respecto de la responsabilidad por el pago de las costas que establece el art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, como el propio interesado lo señala en su presentación, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo -in fine- de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, trasgresión que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
III.2. En razón de lo expuesto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de las argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a impugnar la aplicación al caso del decreto 669/19 y la tasa de interés que fijó el órgano judicial de grado, desde que las doctrinas traídas en apoyo de dichos reproches no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de sus decisiones, ni refiere a situaciones similares, atento al distinto contenido fáctico y jurídico con el caso sub examine (causas L. 127.828; "Pais", resol. de 7-III-2022; L.128.808; "Leiza", res. de 19-IX-2022; L. 129.468, "Cantero, res. de 29-XI-2022; L. 125.665; "Vales", res. de 29-XII-2022; e.o.).
III.3. También es inadmisible el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -referida a los intereses moratorios-, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.4. Por otro lado, se impone señalar que el interesado en su planteo final, dirigido a objetar la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes que realizó el a quo , omite exponer los cálculos tendientes a evidenciar que las sumas correspondientes a los emolumentos que su parte debe abonar excedieran el límite de la responsabilidad por el pago de las costas procesales previsto en el art 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Desde este punto de partida, la denuncia de transgresión de doctrina legal que porta el recurso no puede ser atendida.
III.5. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, cabe reiterar que esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008; L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; L.126.564, "Braun", resol. de 11-II-2022 y L. 129.177, "Carfagna", resol. de 6-II-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 14:28:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:58:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 12:36:09 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 15:35:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2023 08:48:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2023 14:08:01 hs. bajo el número RR-838-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia