Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126343
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.343, "Arias, Ramón Francisco contra Fisco de la provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 183/200 vta.).
Se dedujo, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que aquí interesa destacar, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por el señor Ramón Francisco Arias y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios derivados de la incapacidad producida por el accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo funciones en la Comisaría de la Mujer y la Familia, de la localidad de San Justo, partido de La Matanza (v. fs. 183/200 vta.).
Para así decidir, tuvo por demostrada la existencia del infortunio ocurrido el día 8 de septiembre de 2007, cuando luego de cumplir con una orden impartida por su superior (esto es, que realizara diligencias y cédulas de notificación en el domicilio de la calle Cerrito 3.792 de Lomas del Mirador, en el marco de la IPP 20933) al regresar a la dependencia policial en compañía de la oficial Carina Celia Cayo, colisionó con su auto particular en el cruce de la calle Ombú y la avenida Juan Manuel de Rosas (v. fs. 183 y vta.).
También juzgó probado que, a consecuencia del evento, el actor padece cervicalgia postraumática y trastorno depresivo mayor grave crónico con síntomas catatónicos, que lo incapacitan en un 85% del índice de la total obrera (v. fs. 183 vta./185).
En ese contexto, el juzgador de origen halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código de Vélez Sarsfield (v. fs. 186 y vta. y 191/192).
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó al Fisco provincial al pago de las sumas que específicamente determinó para resarcir los daños materiales y la integridad psicofísica y moral (v. fs. 192/196).
Finalmente, aplicó intereses al capital de condena del siguiente modo: a) desde la fecha de exigibilidad del crédito (8-IX-2007) hasta el 18 de agosto de 2008, según la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días en pesos, vigente en los distintos períodos de aplicación; y, b) a partir del 19 de agosto de 2008 y hasta la fecha de la sentencia, con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días (conf. art. 768, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 196 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona el grado de incapacidad que fuera establecido por el a quo en la sentencia impugnada.
En ese orden, sostiene que, si bien el actor es portador de un daño psicológico de gran magnitud, dicha afección no se encuentra causalmente vinculada en su totalidad con el accidente que denunció en autos, ya que existía una patología de base.
Manifiesta que, del certificado expedido por el médico psiquiatra, doctor Pedro Precenti, se desprende que el señor Arias presenta acentuadas imágenes de los surcos de la conectividad cerebral, en particular sobre las regiones temporoparietales bilaterales y/o de cisternas silvianas, compatible con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer de inicio temprano, con estado de ánimo depresivo.
Agrega que, tal como se indicó al contestar la demanda, con fecha 7 de abril de 2009, la Junta Médica Superior de Policía, a través del expediente 21100-102631/07, determinó que el actor padecía una minusvalía del 70% adquirida durante la relación de dependencia, pero por causas ajenas al servicio; produciéndose -como consecuencia de ello- su retiro para jubilarse por incapacidad.
Señala también que, en autos, el perito médico luego de diagnosticar la cervicalgia postraumática, al responder a la impugnación de la parte actora, explicó que: "lo que es ajeno al accidente es el síndrome psico-orgánico responsable de un 55% de incapacidad"; ratificando tal dictamen -ante un nuevo reproche de la accionante- sosteniendo que "...no es admisible la etiología traumática del cuadro psico-orgánico, máxime cuando no existió un franco traumatismo encéfalo craneano (conmocional o contusional)"; y agregó que "si hubiera tenido un TEC severo, directo, con estado de conmoción cerebral y/o hematoma subdural, etc., con ingreso en coma a la internación, podríamos pensar en un nexo; pero el accidente no resulta causa idónea y eficiente como para provocar esta severa enfermedad que lo invalidó y fue motivo de su retiro de la fuerza. No es encasillable, ni se lo diagnosticó como tal, dentro de un DOMPT (desorden orgánico mental postraumático)".
Alega que si bien la perito psicóloga dictaminó que el señor Arias sufría un trastorno depresivo mayor grave crónico con síntomas catatónicos según criterios del DSM IV, correspondiente a una depresión neurótica o reactiva de carácter muy severo determinando un 70% de incapacidad, ante la impugnación llevada a cabo oportunamente por la parte demandada, se retractó de su anterior informe expresando que "...existen indicadores de daño orgánico como también de un estado psicoafectivo severo que no puede desconocerse; por lo que quedará sujeto a la valoración de V.E., inclinándome particularmente a incluir la hipótesis diagnosticada de trastorno de estado de ánimo debido a la enfermedad médica (293.83) DSMIV".
Con todo, sostiene que tanto la Junta Médica Superior de la Policía, como el médico particular que trató al trabajador de manera previa al inicio de las actuaciones (doctor Precenti), y los dos peritos (médico y psicólogo) desinsaculados en autos, coinciden en que existía una enfermedad orgánica de base que no tiene relación alguna con el siniestro por el que se reclama en las presentes actuaciones.
Por tal razón, concluye, deviene absurda la conclusión de grado que determinó un 70% de incapacidad causalmente vinculada con el accidente de trabajo, dejando de lado la posibilidad de asignar concausalidad.
II.2. Por otra parte, controvierte la fecha establecida en el pronunciamiento como punto de partida para el cómputo de los intereses.
Explica que, en la tercera cuestión del veredicto, el tribunal de origen determinó como fecha de toma de conocimiento de la incapacidad el momento en que se le informó al actor que padecía de una minusvalía del orden del 70%, esto es, el día 7 de abril de 2009. No obstante, señala, aplicó intereses sobre el capital de condena a partir del 8 de septiembre de 2007, es decir, desde que ocurrió el accidente de trabajo.
III. Pues bien, el recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe advertir que no es de recibo el agravio relativo a la determinación del grado de minusvalía laborativa.
III.1.a. Ello así, en tanto surge de las constancias de autos que al responder al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, el tribunal de grado sostuvo que en la presentación electrónica de fecha 20 de mayo de 2019, la psicóloga interviniente había señalado, con relación a la anamnesis realizada al actor, que el mismo se mostró reticente y ensimismado, adoptando una actitud de fastidio y molestia por tener que responder preguntas, por lo que resultó imposible la administración de pruebas psicométricas y evaluación semiológica. Que, ante la insistencia sobre si conocía el motivo por el cual se hallaba en el consultorio, solo había expresado que "no puedo trabajar más", lo que según la experta evidenciaba una conexión entre su concurrencia a la evaluación y el accidente laboral que motivó el cese de su actividad laboral (v. fs. 183 vta. in fine y 184).
Valoró el a quo que en dicho informe también se había indicado que, según las referencias brindadas por un familiar acompañante, el señor Arias posee una grave afectación en su conducta y ánimo, encontrándose en un estado de anhedonia permanente y continuo, sumado a un grave ensimismamiento y desconexión con el medio circundante, que debía ser asistido permanentemente por su madre y su hermana (v. fs. 184).
El juzgador de origen ponderó, además, la definición del galeno en cuanto había expresado que "da la sensación y la impresión de que el actor acarrearía una lesión a nivel orgánico, empero luego de haber dado lectura al expediente y a los antecedentes médicos allí descritos, no resulta acorde a las lesiones padecidas, la sintomatología encontrada, por lo que queda supeditada al plano psicológico" (últ. fs. cit.).
Hizo mérito también del pedido de explicaciones formulado por la demandada mediante presentación electrónica de fecha 2 de julio de 2019, por la que la perito psicóloga se había retractado de lo dicho en su experticia, por considerar que "existen indicadores de daño orgánico como también de un estado psicoafectivo severo que no puede desconocerse, por lo que quedará sujeto a la valoración de V.E., inclinándome particularmente a incluir la hipótesis diagnóstica de Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica (293.83) DSMIV". No obstante ello, remarcó que luego de teorizar sobre una presunta concausalidad, la experta había concluido que no obraban antecedentes médicos laborales desfavorables y el inicio del deterioro se condice con el suceso accidental, tal como lo dictaminó en la experticia, al señalar que "...previo al accidente el actor se encontraba activo laboralmente, se encontraba relacionalmente compensado, estaba casado y desarrollaba una vida normal [...] Podría también llegar a plantear que existe una estructuración previa que posibilita que el Sr. Arias desarrolle el cuadro psicopatológico actual, empero no puede negarse que hasta el momento del accidente poseía un equilibrio funcional que le permitía llevar adelante de manera normal y esperable su proyecto vital" (fs. 184 y vta.).
Con todo, explicitó el sentenciante que dicha profesional había arribado a la esencial definición de que el señor Arias padece un trastorno depresivo mayor grave crónico con síntomas catatónicos según los criterios diagnósticos del DSM IV, que lo incapacita en un 70% del valor psíquico normal (VPI), tomando como referencia la modificación al Baremo de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires. No obstante las reiteradas impugnaciones que dicho dictamen psicológico recibió por parte de la accionada, juzgó que aquel se encontraba científicamente fundado, y que explicaba con claridad la etiología de las secuelas psicológicas que padece el trabajador como consecuencia del accidente ventilado en autos, siendo -además- que las objeciones formuladas por la legitimada pasiva no alcanzaban para rebatirlas, pues se limitaban a disputarle a la experta la atribución que le ha sido encomendada en su carácter de auxiliar de la justicia, mediante afirmaciones genéricas e insuficientes para conmover sus fundamentos (v. fs. 184 vta.).
En tales condiciones, el juzgador de grado concluyó que el señor Arias es portador de una incapacidad psicológica del 70% del índice de la total obrera, causalmente vinculada con el accidente de trabajo denunciado en autos (v. fs. 184 vta . in fine y 185).
III.1.b. Ahora bien, como se relató, el recurrente se limita a objetar esta esencial definición sobre la base de la entidad que adjudica a los elementos probatorios que indica y, en particular, a la distinta significación que otorga a las conclusiones plasmadas por la psicóloga.
III.1.c. Al respecto, tiene reiteradamente dicho esta Suprema Corte que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer su vinculación causal con el siniestro, constituyen atribuciones privativas de los jueces de trabajo y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; e.o.).
También ha sostenido que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado a tal vicio, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, lo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019; L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; e.o.).
Bajo tales premisas, es dable advertir que la propia apreciación del recurrente respecto al valor que debió asignarse al dictamen emitido por la Junta Médica de Policía en fecha 7 de abril de 2009, al certificado expedido por el médico particular del trabajador y a los informes periciales producidos en autos, no logra conmover la conclusión que impugna.
Ello así, en tanto el agraviado se aparta de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intentando un nuevo examen de los elementos agregados a la causa según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar la configuración del absurdo (causas L. 120.236, "D., D. G.", sent. de 4-IX-2019; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
En el marco de cuestiones de índole fáctica y -por ello- privativas -por regla- de evaluación por parte de los tribunales ordinarios, cabe indicar que la transcripción que realiza la quejosa de algunas conclusiones plasmadas en la pericia psicológica (y de las respuestas dadas por el experto a las distintas impugnaciones), tampoco tiene la aptitud para obtener la modificación de lo resuelto en la instancia de origen, ya que solo evidencia su intención de sustituir el criterio del juzgador en orden a la tarea de valorar los informes periciales y asignarle entidad convictiva, que en forma privativa ejerce (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018; e.o.).
En tales condiciones, debe permanecer firme la conclusión del tribunal de origen en cuanto al grado de minusvalía indemnizable establecido en el fallo del tribunal a quo .
III.2. En cambio, entiendo que cabe acoger favorablemente la restante crítica traída.
III.2.a. Dejando a un lado lo expuesto en orden a la "primera manifestación invalidante" (concepto evidentemente ligado a la acción sistémica enmarcada en la ley 24.557), conforme lo afirmado al dar respuesta a la tercera cuestión planteada en el veredicto, ya en la sentencia, concretamente al resolver la excepción de prescripción opuesta por la accionada, sostuvo el tribunal del trabajo que "...con fecha 7/4/2009 se dictaminó que el señor Ramón Francisco Arias presenta una incapacidad del 70% de la total obrera a partir de esa fecha, de modo que esta última referencia temporal marca el momento en que el accionante tomó conocimiento de la minusvalía que padece y tuvo expedita la vía para accionar como lo hizo..." (sent., pág. 9).
Sin embargo, luego, una vez fijado el importe pertinente en concepto de indemnización por daños y perjuicios con sustento en el derecho civil, ya al determinar el punto de partida del cómputo de los acrecidos, sin otra explicación, sostuvo que correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados "entre la fecha de exigibilidad del crédito (8/9/2007) y la del efectivo pago" (sent., pág. 27).
III.2.b. Ya hace décadas esta Corte señalaba que el cómputo de los intereses de la reparación por daños y perjuicios debe efectuarse a partir de la oportunidad en que el trabajador tiene noción cabal de su incapacidad laborativa (causa L. 37.526, "Colombo", sent. de 18-VIII-1987). En esa línea, también hubo de precisar que la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad localiza la exigibilidad del crédito, o bien, desde la perspectiva del deudor, la fecha a partir de la cual la obligación ha sido "debida", y en rigor, se constituye en punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017; e.o.).
Resulta, entonces, que lo juzgado en el pronunciamiento recurrido en cuanto se computaron los intereses desde la fecha coincidente con el día en el que aconteció el accidente sufrido por el actor (8-IX-2007) y no desde aquella que el propio sentenciante consideró idónea para situar la toma de conocimiento de la incapacidad y juzgar expedita la acción, a la vez que no se condice con los mentados lineamientos jurisprudenciales, refleja una suerte de contradicción interna entre las conclusiones que contiene la sentencia de grado, lo que da forma al absurdo denunciado.
IV. Con todo, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto y revocar lo resuelto por el a quo según lo aquí abordado, debiendo devolverse los autos a la instancia de grado para que se computen los intereses desde el momento en que el trabajador tomó conocimiento de su incapacidad según lo fallado por el propio tribunal de la instancia ordinaria, efectuándose una nueva liquidación.
Costas por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:10:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2023 08:41:17
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.