Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130130
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Daniel Esteban Álvarez y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo con más intereses fijados con arreglo a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. pronunciamiento de 22-IX-2022).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que el accionante, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 24 de enero de 2014 padece una incapacidad que asciende al 18,86% del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 23-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 10-XI-2022).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, objeta el porcentaje de incapacidad indemnizable determinado por el a quo y el método utilizado para establecerlo.
Por otro lado, cuestiona el modo en que se dedujo el pago efectuado por la aseguradora demandada en sede administrativa.
Finalmente, controvierte la tasa de interés aplicada al capital de condena; alega que, a partir de la vigencia de la ley 27.348 (art. 11), el sentenciante debió fijar un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectiva cancelación y, asimismo, disponer la capitalización de intereses con fundamento en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. En apoyo de su postura, señala que el fallo transgrede la doctrina legal que emana de los precedentes que identifica.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En este sentido, se observa que el recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre él de acreditar que eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
No obstante ello, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en el apartado III.4 de su presentación, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, toda vez que, respecto de los dos primeros agravios traídos, el recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021).
En ese sentido cabe recordar, además, que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte. No constituye doctrina legal, en los términos del citado precepto, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
III.3. Luego, con relación al último reproche que porta la queja, los precedentes invocados (v. apdo. III.C de la presentación) no resultan idóneos a los fines pretendidos toda vez que, contrariamente a lo afirmado por el interesado, en aquellas causas esta Corte no estableció ninguna definición en materia de intereses, limitándose únicamente a desestimar los agravios traídos en los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, abordados en el estrecho marco que regula el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, declarando no verificada la existencia de transgresión de doctrina legal.
Por lo expuesto, en la especie, efectuado el análisis de la crítica en los términos del precepto citado, lo expresado es suficiente para desestimar este aspecto del recurso deducido, sin que corresponda avanzar en otras consideraciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2023 14:18:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2023 11:39:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2023 12:19:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 23:31:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/08/2023 10:34:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2023 13:53:21 hs. bajo el número RR-857-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia