Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128989
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado, conforme surge de lo denunciado en la presentación electrónica de fecha 16 de marzo de 2022, se restituirá al interesado (art. 293, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el marco de la acción iniciada por el señor Ernesto Sebastián Fernández contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del pago de una indemnización por el accidente de trabajo sufrido el día 16 de abril de 2019, en lo que interesa destacar, rechazó la excepción de incompetencia material opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2021).
Para así decidir, señaló que de conformidad con lo normado en el art. 2 de la ley 27.348 una vez agotada la instancia previa las partes pueden solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central, teniendo el trabajador la opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino.
Indicó que dicha normativa se complementa con el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto dispone que dicha revisión deberá ser interpuesta por el trabajador o sus derechohabientes ante el juzgado del trabajo que resulte competente a través de una acción laboral ordinaria dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales.
Explicó que de la conjunción de los preceptos legales citados se desprende que la revisión de la decisión administrativa que allí establecen, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, debe realizarse mediante un proceso de conocimiento amplio previsto en el art. 26 de la ley 11.653.
A lo expuesto adicionó, que sin perjuicio de la adhesión formal de la provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997, tanto el art. 12 de la ley 11.653, como la doctrina de la Suprema Corte que identificó, reconocen amplias facultades instructorias a los magistrados intervinientes.
II. Contra la decisión de grado, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-XII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 19-IV-2022).
En lo sustancial, alega que lo resuelto por el tribunal de origen se aparta del régimen establecido por la ley 27.348, toda vez que si bien el actor concurrió a la Comisión Médica n° 372 de Ezeiza, la que dictaminó en fecha 3 de enero de 2020 que era portador de una incapacidad parcial permanente y definitiva del 2,25 %, con posterioridad fue citado a concurrir a la audiencia de acuerdo, a la que no se presentó.
Señala que en tales condiciones el trabajador no agotó el trámite administrativo previo y obligatorio previsto en la indicada normativa, encontrándose por ende inhabilitada la instancia judicial.
Denuncia en apoyo de su crítica la violación de la doctrina legal emanada de la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
III. El recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012 y L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015).
III.1.b. En la especie, el impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral, que rechazó la excepción de incompetencia -opuesta al contestar la acción- revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (resol. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado, conforme surge de lo denunciado en la presentación electrónica de fecha 16 de marzo de 2022, se restituirá al interesado (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2023 09:24:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2023 10:57:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2023 10:02:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:29:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:33:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/08/2023 10:00:21 hs. bajo el número RR-907-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia