Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del juicio iniciado por Sergio Marcelo Ibáñez contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, procurando el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557, 26.773 y 27.348), con motivo de las secuelas psicofísicas incapacitantes que dijo padecer, declaró su competencia para intervenir en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 3-VIII-2020).
Para así decidir, con sustento en las disposiciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y en la jurisprudencia emanada del pronunciamiento dictado por esta Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de fecha 13-V-2020), tuvo por cumplida a la parte actora con la instancia administrativa previa y obligatoria por ante las comisiones médicas.
II. Frente a dicha decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 21-VIII-2020), el que fue concedido en la instancia de grado el 9 de septiembre de 2020.
En lo sustancial, señala que, en relación a la dolencia psicológica, el accionante no ha agotado la instancia administrativa previa y obligatoria.
Invoca en apoyo de su postura la violación de la doctrina legal emanada de la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
III. El recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012 y L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral, que declaró su competencia material para entender en las presentes actuaciones por juzgar agotada la instancia administrativa previa y obligatoria prevista en el Título I de la ley 27.348, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A." (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas de 2-V-2019 y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. Finalmente, tampoco se aprecia en estos obrados la configuración de un agravio federal que habilite la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal, que denotan que en el sub examine no se revela involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (Fallos 310:1542; 325:2192; 1.145; causas L. 114.180, "Geza S.R.L.", resol. de 19-IV-2011 y L. 116.844, "Manfredi", resol. de 5-XII-2012).
Con relación a la gravedad institucional invocada, reiteradamente esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008 y L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; e.o.).
En esa línea de pensamiento, tanto en el ámbito del recurso federal, como también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional" si en tal planteo no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 331:2799; 330:5052) o que demuestren, de manera indudable, tal como se anticipó, su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:31:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:45:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:33:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:41:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:05:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 10:56:44 hs. bajo el número RR-1004-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia