Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129212
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción iniciada por el señor Eduardo Daniel Barrios Sánchez contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que invocó padecer, desestimó -por mayoría- la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada (v. resolución de fecha 17-XII-2021).
Para así resolver, juzgó que de las constancias obrantes en el expediente administrativo agregado a la causa surgía acreditado que el trabajador había dado inicio a tales actuaciones de conformidad con lo preceptuado por el art. 4 de la resolución SRT 298/17, no habiéndose instado por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo la prosecución de dicho trámite.
En tales condiciones, y toda vez que en caso había transcurrido el plazo perentorio de 60 días hábiles establecido por el art. 3 de la ley 27.348 sin que existiera pronunciamiento alguno por parte de la Comisión Médica jurisdiccional interviniente, entendió que se hallaba expedita para el trabajador la acción judicial en los términos del art. 2 de la ley nacional citada.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 29-III-2022).
En su presentación relata los antecedentes y cita como vulneradas las normas de los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057.
Manifiesta -en lo sustancial- que el sentenciante de grado incurrió en absurdo al considerar cumplido el trámite administrativo previo, habida cuenta que el actor se limitó a iniciar las actuaciones ante la comisión médica para luego abandonar dicho procedimiento alegando demora.
En apoyo de su postura denuncia la violación de la doctrina legal emanada de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 124.309 "Delgadillo" y L. 123.792 "Szakacs" (sents. de 28-V-2020).
III. El recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la defensa de incompetencia opuesta y declaró expedita la vía judicial en los términos del art. 2 de la ley 27.348, revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2 de mayo de 2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, reiteradamente esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas L. 129.366, "Gavranich", resol. de 27-VI-2023 y L. 129.808, "Lugano", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
En esa línea de pensamiento, tanto en el ámbito del recurso federal, como también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional" si en tal planteo no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 331:2799; 330:5052) o que demuestren, de manera indudable, tal como se anticipó, su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2023 12:22:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2023 09:18:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2023 18:00:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 02:45:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 08:35:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/09/2023 10:08:34 hs. bajo el número RR-1171-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia