Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró inaplicables al caso los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. Mediante la acción promovida en fecha 22 de abril de 2019 (v. cargo de fs. 52) la señora María Soledad Duarte reclamó el pago del resarcimiento tarifado previsto en la ley 24.557, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufriera el día 14 de noviembre de 2018.
II. En oportunidad de contestar la demanda el Fisco provincial opuso excepción de incompetencia, alegando no haber transitado la actora el procedimiento administrativo previo de carácter obligatorio previsto en el art. 1 de la ley 27.348 (v. fs. 67).
III. Al contestar el traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653, la actora denunció el cumplimiento de dicho trámite por ante la Comisión Médica n° 372 de la localidad de Ezeiza, habiéndolo iniciado en fecha 13 de mayo de 2019 y obtenido dictamen el día 23 de agosto del mismo año (acompañó expediente administrativo digital -n° 149255/19- en archivo adjunto al escrito electrónico de fecha 27-IX-2019).
IV. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, brindó tratamiento al planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora en su escrito de inicio respecto de los arts. 1, 2 y 14 de la ley 27.348 (v. fs. 97/101 vta.).
Juzgó que de conformidad con las cuestiones planteadas en autos devenía abstracto pronunciarse respecto del art. 1 de la citada ley nacional.
Luego, en relación a los restantes preceptos legales cuestionados que instauran una instancia revisora del procedimiento administrativo, sostuvo que si bien la impugnación constitucional de una norma constituye la última ratio del orden jurídico, estos resultaban lisa y llanamente inaplicables.
Ello así, indicó, porque sin perjuicio de la adhesión formal de la provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997, en atención al procedimiento instaurado por la ley 11.653 -de instancia única, oral y colegiada- la cognición del tribunal especializado en conflictos del trabajo debe ser plena, quedando a su cargo determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad y el contenido y alcances de las prestaciones en especie.
Consideró que la norma procedimental local (ley 11.653) es el resultado de la reglamentación del acceso irrestricto a la justicia consagrado en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que en la temática jurisdiccional resulta Ley Suprema por constituir una de las facultades reservadas por las Provincias Unidas del Río de la Plata y con origen en pactos preexistentes a la sanción de la Constitución Nacional.
Manifestó que la adhesión que la provincia decidiera a través de la ley 14.997 debe ser armonizada con la Manda Constitucional Provincial Suprema, y en tal sentido, el régimen de la ley 27.348 solo puede resultar aplicable siempre que sea compatible con los procedimientos creados en reglamentación de la Constitución provincial.
Concluyó que la función revisora establecida en tales normas deviene inaplicable en la especie, por resultar ajena a las funciones jurisdiccionales que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las normas locales dictadas en consecuencia reconocen a los jueces de la provincia.
Bajo ese enfoque, el a quo asumió su competencia para entender en autos apartándose de las previsiones que estimó restrictivas de las funciones jurisdiccionales de la Constitución provincial (y sus procedimientos reglamentarios), razonamiento que hizo extensivo a la ley de adhesión 14.997.
V. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 102/107 vta.), el que fue concedido en la instancia de grado a fs. 109 y vta.
En lo sustancial, esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento de revisión a seguir por parte de los trabajadores respecto de los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas (sean estas jurisdiccionales o centrales).
Refiere que no logra advertirse en la especie la falencia que el tribunal de grado le atribuyó a la normativa desplazada, pues -explica- la provincia de Buenos Aires, en uso de las facultades conferidas por el art. 121 de la Constitución nacional en lo que respecta a la administración de justicia en cuestiones de derecho común que le están reservadas, ha formulado la debida adhesión al sistema delineado por la ley 27.348, mediante la ley 14.997.
En ese orden, expone que el estado provincial establece las reglas de su administración de justicia (arts. 5 de la Constitución nacional y 166 y ss. de la Constitución provincial) y no existe manda constitucional o legal que -en torno a la instancia administrativa previa- determine específicamente una prohibición o limitación.
Manifiesta que tampoco existe la supuesta delegación de atribuciones propias de los estados provinciales en materia de administración de justicia, ya que todos los siniestros -sin distinción o límite- pueden ser sometidos a la instancia revisora de la justicia laboral local.
Alega que art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 ha replicado el procedimiento plasmado en el art. 2 de la ley 27.348, con lo cual el legislador provincial ha revalidado el sistema de comisiones médicas (agotamiento de la instancia administrativa previa y revisión judicial posterior) y toda su normativa complementaria.
A lo dicho añade, que con la sanción de la citada ley 15.057 la provincia de Buenos Aires ha armonizado, ordenado y adecuado su normativa procesal al Sistema Nacional de Riesgos del Trabajo (al que había adherido a través de la ley 14.997), otorgando un marco legal específico, sistémico y coherente de derecho intrafederal a sus trabajadores y empleadores.
VI. El recurso prospera con los siguientes alcances.
Sin dejar de destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), cabe señalar que en la causa L. 126.225 "Puzio" (resol. de 19-V-2022) esta Corte desestimó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en un caso de características similares al presente. No obstante lo cual, un actual examen de la controversia traída -a la luz del reciente criterio delineado por esta Corte- impide adoptar la solución allí propuesta.
Es que, conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte (causas L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 116.923, "Ortega", sent. de 4-VI-2014 y L. 116.873, "Nieto", sent. de 10-XII-2014), en línea con lo dicho en repetidas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891), no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Desde este punto de mira, se advierte que la controversia suscitada encuentra adecuada respuesta en lo manifestado por este Tribunal al fallar la causa L. 124.285, "Bustos Torres", sent. de 27-II-2023.
En el citado antecedente, esta Corte declaró que el agravio constitucional vinculado con la limitada revisión proveniente de los canales recursivos contemplados en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, fue saneado en el ámbito local a partir de las prescripciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto prevé la "acción laboral ordinaria" para procurar la revisión de las decisiones de los órganos administrativos intervinientes en el marco del procedimiento instaurado por la citada ley de fondo, quedando a resguardo los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 10, DUDH; 1.1, 8.1 y 25, CADH; 14, PIDCP; 15 y 39, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró inaplicables al caso los arts. 2 y 14 de la ley 27.348. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2023 12:22:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2023 09:18:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2023 18:00:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 02:44:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 08:35:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/09/2023 10:08:28 hs. bajo el número RR-1166-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia