Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda incoada por Soledad Carolina Albertella y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al pago de la suma que especifico en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva como consecuencia de las dolencias que padece por las tareas desarrolladas para su empleadora, con más intereses en la forma y modo en que indicó (v. sent. y vered. de 30-XI-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mientras que su letrado apoderado -por derecho propio- apelo por bajos los honorarios que le fueron estipulados en autos (v. escrito electrónico de fecha 14-XII-2022). El a quo concedió, en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, únicamente el remedio presentado por el actor y desestimó la presentación que articuló el letrado doctor Haag (v. pronunciamiento del 9-II-2023).
En la única vía que corresponde analizar en esta sede extraordinaria, la compareciente plantea cuestión federal y denuncia las normas y las doctrinas que considera transgredidas.
En primer lugar, se agravia del cómputo de los intereses moratorios, pues -a su criterio- considera que deben liquidarse hasta el día del efectivo pago y no, como lo estableció el juzgador, hasta la fecha del pronunciamiento.
Asimismo, respecto también de los acrecidos, asegura que el sentenciante debió aplicar la ley 27.348 fijando un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación.
Seguidamente, considera que el a quo omitió aplicar al caso de autos la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.377, "Zambrana", resol. de 12-II-2021).
III.3.a. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, respecto del primero de los agravios traídos, la interesada omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022).
III.3.b. En cuanto al planteo en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, no se verifica configurado el presupuesto de excepción para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento.
III.3.c. Finalmente, el agravio relativo a la presunta omisión en que habría incurrido el tribunal sentenciante de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirige a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L.125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:31:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:21:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:03:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:14:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:48:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:05:33 hs. bajo el número RR-1187-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia