Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127967
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.967, "Paguegui, Gustavo Daniel contra Jara, Alicia Edith y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 22-VI-2021).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 12-VII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gustavo Daniel Paguegui y condenó solidariamente a Alicia Edith Jara, Arnaldo Jorge D’Annuzzio y Federación Patronal Seguros S.A. al pago de una reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 11 de mayo de 2011.
Para así decidir, en el veredicto, declaró demostrado que el actor, en la fecha señalada, prestando tareas bajo dependencia de los dos primeros codemandados, mientras operaba un torno, se tropezó y, al intentar sujetarse del cable, atrapó su mano izquierda contra el carretel. También estableció que, como consecuencia del siniestro referido, sufrió la amputación de los dedos "Meñique Interfalángica Proximal", "Anular Interfalángica Proximal" y "Medio Interfalángica Proximal", que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 44,89% del índice de la total obrera.
Luego, juzgó verificados los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil de los empleadores en lo que concierne al factor de atribución objetivo (art. 1.113, Cód. Civ.), al considerar que la operatoria de un malacate o torno, con energía eléctrica y un cable de acero mediante el cual elevan y descienden elementos utilizados en obras industriales como la construcción de norias y silos de almacenamiento, constituía una actividad riesgosa y/o peligrosa en los términos de la norma indicada. Adunó que, además, las condiciones precarias del lugar en el que se desempeñaba el accionante, con contaminación y desperdicios de fierro y chapas, confirmaban esa conclusión.
En cambio, el juzgador no tuvo por acreditado que la compañía codemandada hubiese cumplido con las obligaciones que le impone el art. 4 de la ley citada. En ese sentido, con sustento en los informes periciales (contable y en seguridad e higiene) advirtió que las gestiones que había realizado la aseguradora, datan de una fecha posterior al accidente denunciado y, por lo tanto, resultaban irrelevantes. Afirmó la falta de demostración respecto del cumplimiento de medidas de seguridad y las condiciones laborales imperantes en la obra en la que trabajaba Paguegui. Asimismo, entendió no evidenciado el control del cumplimiento de dichos extremos por parte de la aseguradora.
En la sentencia, el a quo analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y determinó -con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. d. C., M. C." (sents. de 11-V-2005)- la necesidad de comprobar en el caso concreto si dicha norma resultaba lesiva del art. 19 de la Constitución nacional, tomando como parámetro, a ese fin, la comparación de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atendiera a su reclamo conforme a las previsiones del referido cuerpo legal, o en el marco del régimen de responsabilidad del Código Civil.
En ese orden, cuantificó la prestación dineraria que percibiría el actor -teniendo en cuenta las pautas que proporcionan los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo- en la suma de $157.055,21.
Seguidamente, efectuó el cálculo del resarcimiento que, de conformidad con el derecho común, obtendría el accionante en concepto de daño material, arribando al monto total de $8.044.357,60. Aquí, expuso la fórmula matemática que consideró adecuada a tal fin, destacando -con apoyo en las directrices que estableció esta Corte en los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018)- la necesidad de dar una respuesta proporcional frente al impacto negativo de factores económicos notorios considerando valores actuales y, en el caso, el salario vigente al mes anterior al dictado de la sentencia para la categoría acreditada (operario metalúrgico del CCT 260/75).
A partir de esa determinación de la cuantía de la reparación del daño material proveniente de la aplicación de las normas civiles y su cotejo con el importe de la indemnización brindada por la ley especial citada, el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39. Luego, agregó las sumas de $2.011.000 y $14.400 en concepto de daño moral y daño psicológico, respectivamente.
Una vez establecida la obligación y la suma por la cual debían responder los empleadores y la aseguradora, el tribunal -con fundamento en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009)- juzgó que esta última también debía ser alcanzada por el régimen de responsabilidad civil, en virtud de los incumplimientos de sus deberes legales de prevención y control de los riesgos del trabajo, y su relación de causalidad adecuada con el acaecimiento del infortunio de autos.
Por último, dispuso que al capital de condena debían adicionarse intereses puros, desde el 11 de mayo de 2011 hasta la fecha de la sentencia, a la tasa del 6% anual; y de allí en más, intereses moratorios a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos en plazo fijo digital a treinta días.
II. Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 512, 699, 700, 701, 1.068, 1.069, 1.074, 1.078, 1.083, 1.086, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 4, 6 y 39 de la ley 24.557; 827, 828, 840, 850, 851, 1.237 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación; 37, 44 inc. "d", de la ley 11.653; 384, 457, 473, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 552/01; y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de 12-VII-2021).
II.1. Se agravia porque el tribunal de grado, para declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, comparó las prestaciones previstas por ese régimen especial según valores al momento del accidente (mayo de 2011), con el resarcimiento del derecho común según valores a mayo de 2021.
Indica que dicho cotejo es absurdo porque expuso una diferencia que no responde a la insuficiencia de la reparación sistémica sino al notable incremento de los salarios en el transcurso de diez años. Postula un nuevo análisis constitucional considerando remuneraciones de la misma época.
II.2. Niega la responsabilidad civil atribuida a la aseguradora por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 4 de la misma ley.
Alega que es una decisión dogmática toda vez que, en su opinión, no existe un mínimo desarrollo argumentativo que indique cuáles fueron concretamente, o en qué consistieron, las -supuestas- inobservancias aludidas.
Le reprocha al a quo no haber tenido en cuenta que la aseguradora no estaba en condiciones de observar los deberes que impone la norma citada, ya que le comunicaron el inicio de la obra mucho después de ocurrido el accidente denunciado. Precisa que el formulario "Aviso de Obra" fue presentado por los empleadores, Jara y D’Annuzzio, recién en julio de 2011, es decir, dos meses y medio después del siniestro. Concluye entonces que estos infringieron el art. 12 de la resolución de la Superintendencia de Riegos del Trabajo 552/01.
Por esas razones considera absurdo que se le endilgue la falta de observancia de obligaciones legales en materia de seguridad e higiene que debieron implementar los empleadores.
Señala que, aun considerando por vía de hipótesis que incurrió en los incumplimientos aludidos, también es absurdo afirmar que, de haber realizado controles, capacitaciones acerca del uso de los elementos mecánicos, o exigido un adecuado ámbito de trabajo, el accidente no hubiese sucedido. Apunta que, al resolver de tal forma, es evidente que el juzgador no tuvo en cuenta que el señor Paguegui ingresó al trabajo el 2 de mayo de 2011, apenas nueve días corridos antes del infortunio, lapso durante el cual poco pudo haber hecho para evitarlo, o minimizar sus secuelas.
Entiende que nadie puede determinar qué pudo -o no- ocurrir si hubiese cumplido los deberes de control en el escasísimo lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de ingreso mencionada y aquella en que ocurrió el accidente.
Añade que el tribunal de grado debió analizar cómo o en qué medida los supuestos incumplimientos gravitaron en el desarrollo causal de los hechos, en tanto solo podría ser responsabilizada por las consecuencias de sus actos y no por los de terceros que no tienen relación causal adecuada con su omisión.
Indica que no se justifica la condena solidaria que ha sido impuesta a la aseguradora porque difieren las causas con las de los empleadores, y no hay tampoco disposición legal que sustente esa decisión. Asegura que dicha cuestión tiene enorme trascendencia, pues según sea lo que se resuelva al respecto -si la condena es solidaria, o concurrente- distinto será el régimen de las acciones de regreso que se podrían entablar en el futuro -en caso de que se confirme la sentencia- conforme los arts. 840 y 851 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.3. A su vez, objeta el monto que estableció el juzgador en concepto de indemnización por daño material con arreglo al derecho común porque considera que en su determinación se han cometido varios errores.
II.3.a. Liminarmente, controvierte la fórmula "Méndez" evocada en el fallo, razonando que, si bien las ecuaciones matemáticas y financieras son una ayuda para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad, es inconveniente que se constituyan en el único elemento a ponderar, con prescindencia de las particularidades del caso concreto, que son -en definitiva- las pautas a tener en cuenta al mensurar los perjuicios.
II.3.b. A su vez, reprocha al juzgador de origen haber soslayado que el fundamento del reclamo estribó en la incapacidad laborativa del señor Paguegui y, por ende, que el dato esencial es su edad como pauta o variable a utilizar en la fórmula matemática, en tanto no puede llevarse más allá de la edad jubilatoria de 65 años, pues en ese momento comenzaría a percibir la jubilación.
Aclara que ello no implica desconocer otras repercusiones derivadas de su incapacidad, sino simplemente ponderar su aptitud para realizar actividades productivas o económicamente valorables.
II.3.c. Asimismo, cuestiona el grado de incapacidad física que tuvo en cuenta el a quo para fijar el quantum indemnizatorio.
Critica por absurda la valoración de los informes periciales, expresando que no caben dudas de que para estimar la minusvalía debió considerar el porcentaje informado por los doctores Yalour, Buron y Tineo, sin la supuesta incapacidad psíquica que estimó la licenciada Algañaraz, la cual -en su opinión- no ha sido acreditada con el debido sustento científico. Impugna su dictamen.
II.3.d. Contradice la sentencia en cuanto declaró procedente la suma de $14.400 en concepto de tratamiento psicológico, por entender que el siniestro no dejó en el accionante ningún tipo de resabio incapacitante o secuela física que reedite el acontecimiento traumático vivido ni lo sometió tampoco a ningún procedimiento tortuoso o extenso que agrave la experiencia negativa y torne crónico el perjuicio.
II.3.e. Ataca los $44.000 computados en la fórmula matemática, manifestando que es un ingreso mínimo global de referencia, garantizado para todos los trabajadores del gremio metalúrgico entre el 1 de febrero y el 1 de marzo del año 2021, que fue el plazo de vigencia del acuerdo celebrado entre la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y las distintas Cámaras empresariales homologado por el Ministerio de Trabajo. A partir de esa premisa, reputa errónea la decisión de grado, por haber considerado una suma que no estaba vigente en la fecha en que ocurrió el accidente, cuando debió estar a los valores efectivamente percibidos.
II.3.f. Discute la utilización de dos tasas de interés de distinto valor para el cálculo del daño material (sic), una de descuento (4%) y otra de interés puro (6%), toda vez que redunda en un claro perjuicio, al traer como resultado un incremento del importe indemnizatorio, cuando -en su criterio- debieron aplicarse alícuotas iguales. Expone que la tasa de interés puro es doctrina legal de seguimiento obligatorio, pero la tasa de descuento necesariamente debe coincidir con esta no pudiendo utilizarse otra distinta sin incurrir en una inadmisible contradicción.
II.4. Refuta por absurda la estimación del monto del resarcimiento del daño moral reconocido al accionante por carecer de fundamentos mínimos que le otorguen asidero. Señala que el tribunal omitió exponer las pautas o parámetros que lo condujeron a establecer dicha cuantía tornando imposible reconstruir el método seguido para el cálculo.
Supone que si fue fijado en un porcentaje -próximo al 25%- del daño material, comporta un evidente error de juzgamiento, en tanto no existe vinculación o correspondencia entre este y el moral, ya que responden a perjuicios distintos. Concluye que, la total indefinición del pronunciamiento sobre el criterio de determinación del monto, apareja una violación a su derecho de defensa.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, he de analizar inicialmente las críticas que se formulan respecto a la responsabilidad civil que fuera atribuida a la quejosa -con sustento en lo decidido por la Corte nacional en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009; antes cit.)- por no cumplir con las obligaciones previstas en el art. 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.
III.1.a. El órgano judicial de grado, en el veredicto, tras analizar el informe pericial contable agregado a la causa, así como las respuestas brindadas por la experta a las impugnaciones formuladas, advirtió que la totalidad de las circunstancias informadas que surgirían de la documentación peritada eran de fecha posterior a la del accidente de trabajo padecido por Paguegui.
Asimismo, mediante la experticia en seguridad e higiene, tuvo por corroborado que las gestiones realizadas por la aseguradora datan de fecha posterior a la ocurrencia del acontecimiento súbito y violento referido y, por lo tanto, resultaban irrelevantes.
Concluyó, como se reseñó, que ningún aporte probatorio se arrimó en cuanto a las medidas de seguridad y condiciones laborales imperantes en la obra donde el actor realizaba sus labores y sufrió el accidente laboral descripto; y tampoco existían evidencias del control de cumplimiento de dichas medidas por parte de la aseguradora. Aclaró que para que estas pudieran resultar relevantes para el caso de autos, debieron existir con anterioridad al siniestro.
En la sentencia, teniendo en cuenta esa conclusión esencial, las circunstancias fácticas que rodearon el accidente que sufrió el actor Paguegui, la naturaleza y condiciones de las tareas que prestaba (sin los materiales de seguridad apropiados), el a quo consideró que las omisiones incurridas por la aseguradora tenían relación de causalidad adecuada con el acaecimiento del hecho dañoso mencionado. Agregó que ello era así porque, si hubieran existido capacitaciones sobre la utilización de elementos mecánicos, dispositivos de seguridad, así como exigencias a la empleadora en cuanto a un adecuado ámbito de trabajo, el siniestro no hubiera ocurrido.
Por estas razones, juzgó que, al haberse verificado el incumplimiento de los deberes legales a su cargo, así como su relación directa con el daño sufrido por el actor, Federación Patronal Seguros S.A. debía ser alcanzada por el régimen de responsabilidad civil y condenada en forma solidaria con los empleadores.
III.1.b. La decisión descripta no es desvirtuada por la recurrente.
Es menester recordar que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, irrevisable en casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; e.o.).
En el recurso sub examine dicha carga ha quedado insatisfecha porque la interesada no se ocupa de rebatir la conclusión esencial del fallo objetado, concerniente al incumplimiento de las prescripciones del art. 4 de la ley 24.557 con anterioridad al infortunio sufrido por el accionante. Antes bien, intenta desentenderse de dicha definición a partir de argumentos (tales como, que no era factible observar los deberes que impone dicha norma porque le comunicaron el inicio de la obra mucho después de ocurrido el accidente y, además, que la fecha de ingreso data de mayo de 2011) que no resultan atendibles por haber sido expuestos por primera vez ante esta instancia extraordinaria, y ser -por ende- extemporáneos, y fruto de una reflexión tardía.
No es dable soslayar que, en la contestación de la demanda, la agraviada negó expresamente que el accionante comenzara a prestar tareas en la fecha indicada (v. fs. 119), y afirmó que cumplió con las obligaciones a su cargo, instrumentó un plan de mejoras, realizó verificaciones, y brindó asesoramiento técnico y reglamentario general para la prevención de riesgos, "no alcanzándole en consecuencia responsabilidad alguna..." (v. fs. 122).
En tales condiciones, cobra virtualidad la doctrina legal de esta Corte que establece que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos, que no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 91.863, "Gómez", sent. de 17-VIII-2011; L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021).
Luego, se advierte que la recurrente -por vía de hipótesis- procura disertar sobre la posible falta de relación causal entre sus incumplimientos legales y el siniestro ignorando completamente el análisis realizado en la sentencia -de las circunstancias fácticas que rodearon al hecho que dañó al actor, la naturaleza de sus tareas así como de las condiciones en que eran realizadas, sin la debida proporción de los materiales de seguridad apropiados para el ámbito de trabajo-, que en definitiva formó la convicción en el juzgador de que "las omisiones incurridas por la Aseguradora tienen relación de causalidad adecuada
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