Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.434, "Morales, Eduardo Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Maidana .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. fs. 138/156 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-XII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348) e hizo lugar a la demanda que el señor Eduardo Daniel Morales promovió contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, condenándolo al pago de la indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 15 de noviembre de 2015 mientras prestaba tareas como oficial de policía (v. fs. 138/156 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la violación y errónea aplicación del Código Civil (ley 340), de la ley 26.994 y del art. 4 de la ley 26.773.
II.1. En primer término, alega que para fundamentar la condena el tribunal de grado priorizó las disposiciones contenidas en el art. 10 de ley 26.944 de responsabilidad del Estado nacional por sobre otras normas de igual jerarquía, como son los arts. 1.764 y 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Manifiesta que la decisión del juzgador de no aplicar tales preceptos resulta equívoca, porque "...de la simple lectura se observa que la norma contenida en el art. 1.765, se refiere a las jurisdicciones locales y no a la ley de responsabilidad del Estado".
Señala que los arts. 1.764 y 1.765 del referido digesto establecen que el Estado posee una legislación de excepción que no permite una condena como la impuesta en la especie, correspondiendo en consecuencia limitar los efectos del decisorio en el tramo que se encuentra carente de fundamentos.
Expresa que el tribunal sentenciante resolvió la contienda sobre la base de aplicar derecho no vigente al momento del hecho ventilado en autos y a la fecha en que la condena fuera impuesta.
En ese contexto, sostiene que el accidente de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes se reclama quedó gobernado por la ley 26.773, para reclamos sustentados en el régimen especial de reparación de infortunios laborales, y por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), respecto de pretensiones basadas en la legislación común.
En tales términos, reitera que los arts. 1.764 y 1.765 de este último ordenamiento impiden que se aplique una condena al Estado provincial, la que -a todo evento- sólo podría proceder privando de efecto a dichas normas, lo que no ocurrió en la sentencia que se impugna.
II.2. En segundo lugar, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado.
Sostiene que es admisible acceder a la justicia luego de que transcurra la notificación a los damnificados o a sus derechohabientes de los importes que les correspondería percibir por aplicación del régimen tarifado.
Aduce que la ley no prohíbe el reclamo civil en sí, tal como se postulaba con el derogado art. 39 de la ley 24.557, sino que procura evitar la combinación de los sistemas y que ello se traduzca en excesivas indemnizaciones.
Explica que la ley 26.773 tiene un objetivo claro, cual es lograr la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos del trabajo, apuntando a la suficiencia, accesibilidad, automaticidad y celeridad de las prestaciones dinerarias y en especie previstas para ello.
Destaca que dicha norma facilita el acceso del trabajador a la reparación y a una cobertura justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que le garantiza al damnificado un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral.
Agrega que en el sistema no existen cláusulas de limitación para acceder -en caso de insuficiencia del régimen- a la vía judicial, por lo que el trámite administrativo previo no resulta inconstitucional. De modo que, continúa, la actuación de los organismos administrativos no viola la garantía de la defensa en juicio, ya que contempla la posibilidad de recurrir sus resoluciones por ante los tribunales de justicia. En este sentido, argumenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no hay violación del derecho de defensa si las fallas que se advierten en el procedimiento administrativo son susceptibles de ser salvadas en la instancia judicial.
En suma, refiere que en el caso no se aprecia agravio alguno que afecte los derechos constitucionales de la contraparte y permita invalidar el nuevo régimen normativo previsto en el art. 4 de la ley 26.773.
III. El recurso no prospera.
Por razones de método, habré de alterar para su tratamiento el orden en que fueron expuestos los cuestionamientos traídos.
III.1.a. En lo tocante a la parcela del recurso dirigida a censurar la definición del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, advierto que el embate intentado no satisface mínimamente los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, en su escrito recursivo la interesada no rebate frontal y eficazmente las esenciales motivaciones que llevaron al sentenciante a decretar la invalidez de la norma en cuestión.
Al respecto, cabe recordar que el juzgador sostuvo que de una primera lectura del citado precepto parece surgir que hasta tanto no se notifique una propuesta de indemnización basada en la ley especial por parte del obligado al pago, el trabajador no puede iniciar una acción judicial fundada en otro sistema de responsabilidad, siendo esa restricción un límite temporal al derecho a acceder a la justicia para obtener una reparación plena (v. fs. 146 vta., parte final).
Recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8 inc. 1 determina que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; y que el art. 25 inc. 1 establece que "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales" (fs. 147 y vta.).
Destacó, además, que en el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emanada del precedente Cantos vs. Argentina , sentencia de 16-III-2010, se señaló que "Si bien el derecho a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho" (fs. 147 vta.).
Sobre la base de tales directrices, señaló que los límites al acceso a la justicia son posibles en tanto no supongan la negación misma del derecho, y (superada esta primera cuestión) en tanto mantengan una adecuada correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido (v. fs. 147 vta. in fine ).
En dicho marco, explicó que los obligados al pago de las reparaciones dinerarias del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo no notifican el monto de las mismas a la totalidad de los trabajadores que pretenden la reparación de un accidente o enfermedad profesional. Es que, indicó, para los casos en que el empleador no realiza la denuncia correspondiente, o la aseguradora de riesgos del trabajo otorga de alta al trabajador sin incapacidad o dicha entidad sostiene el carácter inculpable de la enfermedad, no existirá propuesta alguna que esperar (v. fs. 148).
Precisó luego que, extrañamente, no hay previsión en la norma respecto a una comunicación distinta, es decir, una que no implique como resultado una liquidación de las prestaciones que otorga el sistema, lo que determina que en los casos señalados (y muchos otros que puedan suceder) la restricción legal implica, en la práctica, no poder accionar hasta que suceda un hecho que nunca ocurrirá, lo que determina directamente la negación misma del derecho de acceso a la justicia, resultando entonces palmaria su inconstitucionalidad (v. fs. cit.).
Afirmó que, precisamente, ello era lo que acontecía en esta hipótesis, pues la aseguradora de riesgos del trabajo luego de la denuncia del infortunio brindó las prestaciones en especie y asistenciales hasta el alta médica, sin incapacidad (veredicto apdo. 3; v. fs. 148).
De allí que, continuó, pretender que el trabajador, para iniciar su acción civil, espere que le realicen una propuesta indemnizatoria dentro del régimen especial cuando la misma nunca se realizará determina la inconstitucionalidad de la restricción aludida en la norma, por violatoria de las previsiones impuestas en los tratados internacionales mencionados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, tales como los arts. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 inc. 1 y 25 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 148 in fine y vta.).
A lo dicho adunó que también la demandada había insinuado que atento que el art. 4 de la ley 26.773 expresamente prohíbe la acumulación de acciones, el reclamo actoral fundado en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo y el Código Civil deviene improcedente. En tal sentido, señaló que dicho planteo resultaba abstracto, porque la pretensión de ambas acciones se desvirtuaba al proceder en la liquidación de fs. 43 y vta. a descontar la indemnización que le hubiera correspondido por el sistema tarifario de la ley especial, circunscribiendo el reclamo "por diferencia reparación integral del daño" (sic; v. fs. 148 vta.).
III.1.b. Estas definiciones no han sido criticadas en la impugnación que se analiza, pues el apartado VII de la pieza recursiva se limita a efectuar consideraciones muy generales en defensa de la constitucionalidad del régimen de opción previsto en el mentado art. 4 de la ley 26.773, concluyendo que "...el trámite administrativo previo no resulta inconstitucional en la medida en que sus decisiones son judicialmente revisables".
Lo recién expuesto constituye un obstáculo insalvable para decretar la procedencia de este agravio, ya que -como es sabido- es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desatiende las cargas que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial al no hacer referencia al argumento esencial del fallo ni a las razones que le dieron sustento (causas L. 121.182, "Kalaityis", sent. de 26-V-2020; L. 122.939, "Sindicato Gráfico Platense", sent. de 9-XI-2020 y L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Por lo tanto, trasladando dichos lineamientos al caso de autos, cabe concluir que no se presenta como eficaz la impugnación que -al cuestionar la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal de grado respecto del art. 4 de la ley 26.773- se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
III.2.a. Algo similar a lo recién expuesto sucede en lo concerniente al agravio vinculado con la declaración del juzgador relativa a la operatividad de las normas del Código Civil y Comercial para determinar la procedencia de la reparación integral.
Al respecto, el sentenciante arribó a tal decisión por una interpretación armónica de los arts. 10 de la ley 26.944 y 1.764 y 1.765 del Código Civil y Comercial, de los cuales -a su modo de ver- se desprendía que no corresponde aplicar al Estado una legislación especial de responsabilidad cuando este último "...actúa como empleador, ni a las acciones por daños laborales derivados de siniestros laborales".
Sin embargo -y más allá del acierto o error de tal desarrollo argumental- cabe apuntar que al momento de rebatir esa construcción, el recurrente se contenta con indicar, de manera muy escueta, que tal razonamiento resultaría equivocado porque lo prescripto en el art. 1.765 del Código Civil y Comercial "...se refiere a las jurisdicciones locales y no a la ley de responsabilidad del Estado" y que el "Estado posee una legislación de excepción que no permite la aplicación" de las previsiones del Código Civil y Comercial a efectos de fundar una condena en su contra, aunque sin identificar, en concreto, cuál sería la normativa a la que debería haber acudido el sentenciante a fin de resolver la controversia (v. apdo. V del recurso).
Es más, la lectura del embate permite nítidamente corroborar el incumplimiento de la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -en cuanto exige enunciar, en términos claros y concretos, la mención de la ley o la doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente en la sentencia-, pues la quejosa no ha denunciado -en concreto- la violación ni la errónea aplicación del precepto legal en el cual el juzgador fundó este tramo del pronunciamiento.
La indicada falencia termina de definir la suerte adversa de este aspecto de la crítica, porque sabido es que la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022 y L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2.b. Igualmente infructuosa resulta la confusa argumentación inserta en el apartado VI del recurso, en donde la representación fiscal insiste -en tres escuetos párrafos y sin dar mayores precisiones- en que el sentenciante al "...fundamentar la condena [...] echa mano a derecho no vigente al momento del hecho ventilado", añadiendo que "...el hecho ventilado quedó gobernado por la leyes vigentes al instante de su ocurrencia, esto es [...] a efectos de tratar un reclamo civil, el Código Civil y Comercial Ley 26.994", rematando luego que "...a todo evento, una condena sólo podría proceder, privando de efecto" a los arts. 1.764 y 1.765 del Código Civil y Comercial "...cosa que no ocurrió en la sentencia impugnada".
En estas condiciones, se advierte que esta parte de la impugnación no contiene un desarrollo idóneo que permita evidenciar el yerro que se le atribuye al juzgador y, por ende, corresponde desestimar la crítica por no haber cumplido el interesado con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:25:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 09:47:28 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:58:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:07:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:55:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:07:16 hs. bajo el número RS-106-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia