Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129484
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción iniciada por el señor Juan Miguel Escalante contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de trabajo, declaró su competencia material para entender en las presentes actuaciones (v. resolución de fecha 20-IV-2022).
Tras destacar la validez constitucional del procedimiento establecido por el Título I de la ley 27.348 (con adhesión de la ley 14.997) y prescripciones de la ley 15.057, a la vez de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); analizó el escrito de demanda y sostuvo que la parte actora había dado cumplimiento con el trámite administrativo previo y obligatorio por ante la Comisión Médica, motivo por el cual, correspondía a dicho órgano jurisdiccional asumir la competencia material para entender en las presentes actuaciones, tramitando la acción conforme las pautas establecidas en la ley ritual (ley 11.653), continuando los autos según su estado (arts. 1, 2 y 4 ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 ley 15.057 citadas).
II. Contra la decisión de grado, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-V-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 24-VI-2022).
En su presentación relata los antecedentes del caso y alega -en lo sustancial- que en el específico supuesto de autos no se encuentra acreditado el agotamiento de la instancia administrativa previa y obligatoria. Ello así, manifiesta, porque si bien el actor invocó silencio de la administración argumentando que la Comisión Médica actuante no se expidió dentro del plazo de 60 días que prevé el art. 3 de la ley 27.348, no acompañó prueba alguna tendiente a comprobar tal aseveración.
Asimismo, cita como vulneradas las normas de los arts. 1 y 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057 e invoca en apoyo de su postura la transgresión de la doctrina legal emanada de este Superior Tribunal de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 124.309 "Delgadillo" y L. 123.792 "Szakacs" (sents. de 28-V-2020) y la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pogonza".
III. El recurso ha sido mal concedido.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.370, "Ferreyra", resol. de 10-V-2023 y L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.1.b. En la especie, la impugnante no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido tendiente a evidenciar que la decisión del tribunal de trabajo -en cuanto juzgó admisible la pretensión actoral por considerar agotada la instancia administrativa previa- revista aquel carácter o resulte equiparable al mismo.
III.1.c. Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte (causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera" resol. de 10-XI-2022) ese es el criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de toda definitividad al pronunciamiento que aquí se examina. Así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A. (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (res. de 21-VIII-2019) -entre muchas otras- en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas.
Ocasión en que también ha dicho este Tribunal que no puede extenderse el criterio establecido en los precedentes in re L.121.952, "Mourglia"; L. 121.895, "Orellana", L. 122.136 y "Castro", todas ellas del 2-V-2019 -y las que siguieron su doctrina- al sub lite , pues allí se resolvió admitir los recursos extraordinarios dirigidos a cuestionar las decisiones que, al tratar las defensas de falta de acción, legitimación o incompetencia opuestas -o aún de oficio-, se expidieron en torno a la validez constitucional del régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- y/o la ley de adhesión provincial 14.997, como así también, en su caso, a su aplicación temporal, a fin de habilitar la instancia de casación.
III.2. Finalmente, con relación a la gravedad institucional invocada, reiteradamente esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas L. 129.366, "Gavranich", resol. de 27-VI-2023 y L. 129.808, "Lugano", resol. de 11-VII-2023).
En esa línea de pensamiento, tanto en el ámbito del recurso federal, como también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional" si en tal planteo no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 331:2799; 330:5052) o que demuestren, de manera indudable, tal como se anticipó, su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 279, CPCC; 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:29:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:25:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:04:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:07:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:56:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:06:49 hs. bajo el número RR-1218-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia