Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129921
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la demanda interpuesta por Omar David Inca y condenó a pagar al Fisco de la Provincia de Buenos Aires la suma que especificó en concepto de indemnización por la incapacidad física derivada del accidente de trabajo denunciado en los términos de las leyes 24.557 y 26.773. A dicho monto, le adicionó intereses en la forma y modo que determinó (v. pronunciamiento de fecha 8-IX-2022).
II. Contra lo así resuelto, el accionante y la demandada deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 19-IX-2022 y 26-IX-2022, respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo , ambos en el marco de la excepción establecida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. 24-X-2022).
III.1. En el remedio intentado por el legitimado activo se cuestiona el modo en que el juzgador de grado descontó del capital de condena el pago que oportunamente efectuó la aseguradora en sede administrativa.
Luego con denuncia de absurdo, se agravia también de la forma en que fueron computados los acrecidos, pues considera que debieron ser liquidados hasta el efectivo pago y no hasta la fecha del pronunciamiento de grado.
Finalmente, cuestiona la tasa de interés aplicada al capital de condena. En este sentido, y con fundamento en la ley 27.348, solicita que se liquiden a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina.
III.2. El recurso no puede prosperar.
III.3. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
III.4. Realizado el examen conforme los lineamientos enunciados, se impone indicar que, en relación a los dos primeros agravios reseñados, el interesado omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dichos tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 127.285, "Palavecino", resol. de 22-IX-2021).
A lo indicado se le suma, que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021).
III.5. En cuanto al planteo en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, tampoco se verifica configurado el presupuesto de excepción para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la legitimada pasiva (v. presentación del 26-IX-2022) se individualiza las normas y la doctrina legal que se consideran transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En lo esencial, la objeción de la compareciente se orienta a impugnar la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los acrecidos al capital de condena.
Por otro lado, también se agravia de la tasa establecida en concepto de intereses punitorios para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos.
IV.1 El recurso no debe prosperar.
IV.2. En primer lugar, resulta prioritario destacar que, ante la declarada insuficiencia del valor de lo cuestionado establecida por el a quo en el auto de concesión (v. resol. 24-X-2022), el remedio en tratamiento también debe ser abordado en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
Luego, se impone indicar que tampoco se observa que las argumentaciones y objeciones contenidas en el recurso permitan considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir (causas L. 121.801, "Castro" resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
IV.3.a. En ese contexto, con relación al agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto dispuso la capitalización de intereses, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020 y L. 129.859, "Sbriglio", resol. de 26-IV-2023).
IV.3.b. Asimismo, el reproche vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado. Ello así, pues no se advierte configurada la violación de doctrina legal que cita la interesada, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2023 10:51:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/09/2023 11:08:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 16:38:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:27:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:31:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:34:39 hs. bajo el número RR-1232-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia