Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128423
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.423, "Carballo, Daiana Melisa contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. pronunciamiento de fecha 26-X-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-XI-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda promovida por la señora Daiana Melisa Carballo y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 9 de marzo de 2017. La rechazó, en cambio -por mayoría-, en cuanto pretendía el cobro del adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
En la sentencia, realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual de la trabajadora y arribó a la suma de $31.088,84, aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- (conf. inc. 1, art. 12, ley cit.). Luego, calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $971.620,75.
En lo que resulta relevante, estableció que "...el art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557) establece una tasa legal -tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina- en materia de intereses moratorios en los términos del 7 y 768 inc. 'b' del Código Civil y Comercial de la Nación aplicable a la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, en cuanto prevé que la tasa de interés moratorio se determina 'por lo que dispongan las leyes especiales...'" (pág. 12 del pronunciamiento).
Con ello, señaló que la doctrina legal sentada en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 120.061, "Bruno" (sent. 14-VII-2020), no resultaba aplicable al caso, toda vez que aquí cabía emplear una tasa de interés fijada normativamente.
Y en razón de lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la capitalización de intereses (a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina) devengados desde el día 9 de marzo de 2017, hasta la fecha de notificación de la demanda (8-XI-2017); calculándose sobre tal base "...los que devengaron desde el día siguiente a la notificación de la demanda hasta el presente (art. 11, ley 27.348)..." (pág. 13 del pronunciamiento).
Por último, dijo que para el supuesto de mora en el pago de la indemnización habría de aplicarse lo dispuesto en el inc. 3 del mentado art. 12 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
II. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-XI-2021).
II.1. Objetando el modo en que se liquidaron los intereses, alega vulnerada la doctrina legal establecida en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), además, afirma que en la especie se verificó un supuesto de anatocismo.
II.2. Desde otroángulo, sostiene la improcedencia de la aplicación de la tasa activa de la que da cuenta el fallo y cuestiona la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348).
Manifiesta que el procedimiento utilizado por el a quo para arribar al cálculo final, se aparta de la doctrina legal aplicable.
Aduce que la mencionada suma indemnizatoria jamás podría ser alcanzada por un empleado administrativo en la hipótesis de haber sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral.
Afirma que el reproche constitucional de la disposición impugnada no puede mitigarse bajo la argumentación de que los cálculos se efectúan de acuerdo a la normativa aplicable. Ello así, por cuanto la tasa de interés activa prevista en el inc. 2 del art. 12 de la ley citada, no puede reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación. A su vez, alega que la ley especial no impone al empleador el pago de una "deuda salarial" cuando el trabajador sufre alguna de las contingencias, sino que le asigna un factor preponderante al ingreso base mensual para establecer la reparación. Asimismo, sostiene que la aplicación del art. 12 inc. 3 revela la conculcación del principio de razonabilidad, ya que la norma supone una yuxtaposición de intereses sobre períodos ya actualizados.
Efectuando un análisis de los distintos tramos temporales que -según expone- contempla el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en sus incisos, sostiene que cuando su inc. 3 utilizó la expresión "a partir de la mora en el pago de la indemnización" para consignar un supuesto de anatocismo en los términos del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, solo pudo referirse a la mora en el pago "de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva", que contempla el inc. 2. Con este razonamiento, manifiesta que en el fallo se llevó a cabo una desacertada interpretación de la norma, en tanto esta obedece a la necesidad de establecer una disposición especial en el supuesto de incumplimiento en el pago de la liquidación de la indemnización en sede administrativa y no judicial, algo que no aconteció, pues la demandada no incurrió -tal como requiere la norma- en ningún tipo de mora.
De este modo, señala que la decisión de grado vulnera la doctrina legal sentada en las causas B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016); C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y L. 117.674, "Fredes" (sent. de 6-XI-2019).
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, cabe observar que al analizar la admisibilidad del medio de impugnación deducido el tribunal de grado afirmó -en decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado- que, no superándose el monto exigido para recurrir (art. 278, CPCC), en tanto en él se había denunciado la violación de doctrina legal, cabía concederlo en el marco del supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653.
Luego, ante la declarada insuficiencia del valor de lo cuestionado, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo decidido en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
No obsta a lo señalado que en el recurso se cuestione la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. art. 11, ley 27.348), puesto que al respecto nada argumenta el quejoso para evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que fuera del expresamente previsto en la ley de procedimiento laboral (se entiende: el de doctrina legal), autorice a desplazar el requisito de admisibilidad consistente en el valor de lo cuestionado. Es más: sin efectuar precisión alguna referida a los agravios traídos, el propio recurrente sostiene que "...el monto del litigio deviene irrelevante" pues el medio de impugnación se sustenta en la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine, de ley 11.653 (punto III.2).
III.2.a. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, y siempre en el estrecho marco de revisión antes delineado, cabe desestimar el cuestionamiento por el cual se cuestiona a validez del art. 12 de la ley 24.557 (según ley 27.348).
Es que las únicas doctrinas legales a las que acude el quejoso en su línea argumental han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso.
Lo resuelto en los precedentes que se citan en el recurso se vincula con la determinación judicial del interés cuando no está convenido ni previsto legalmente en los lindes del art. 622 del Código Civil de Vélez Sarsfield o bien en la hipótesis ahora regulada en el art. 768 inc. "c" del actual Código Civil y Comercial. Así, difieren sustancialmente de lo juzgado en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 12, ley 24.557, texto según ley 27.348). Ello determina el fracaso de la impugnación puesto que la doctrina que aquí se denuncia violada no es aplicable (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020 y L. 126.459, "García", resol. de 28-V-2021).
Dable es aclarar, que lo expuesto se proyecta sobre el planteo vinculado con la tasa de interés dispuesta para el caso de mora en el pago de la indemnización ordenada en la sentencia con sustento en el inc. 3 del mentado art. 12 de la ley 24.557, toda vez que la jurisprudencia de este Tribunal que se alega vulnerada no tiene conexión -una vez más- con lo aquí resuelto.
III.2.b. Resta agregar que idéntica suerte adversa ha de seguir el agravio inicial destinado a desvirtuar el pronunciamiento de grado en cuanto dispuso la capitalización de los intereses. También aquí la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido forjada sobre una plataforma que difiere de la del caso en juzgamiento y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Inicialmente, cabe destacar que, si bien el recurso fue concedido por el tribunal interviniente en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, última parte, de la ley 11.653, no puede soslayarse que el cuestionamiento dirigido a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada" y 311:2478, in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, únicamente dicho embate habrá de ser abordado despojado de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
I.2. Aclarado ello, y alterando el orden de tratamiento de los agravios traídos, por razones metodológicas, habré de analizar el reproche dirigido a plantear la invalidez constitucional de la citada normativa que, adelanto, no ha de prosperar.
I.2.a. En primer lugar, no puede soslayarse que la pretensión dirigida a obtener la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348) es extemporánea.
En efecto, la cuestión ahora esgrimida no fue puesta a consideración del tribunal de origen, de modo que no resulta susceptible de ser evaluada en esta instancia casatoria. Recuérdese que resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva las argumentaciones de esa índole (causas L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 116.975, "Kimilik", sent. de 27-VIII-2014; L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
En tal sentido, he de recordar que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
I.2.b. Aun cuando lo expuesto resulta suficiente para desestimar el planteo, no puede soslayarse que el mismo carece de un adecuado desarrollo que dé sustento suficiente a la pretendida existencia de un agravio constitucional.
Esta Suprema Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca, de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.743, "Guerrero", sent. de 6-VII-2020), imperativo que aquí no se verifica satisfecho.
En efecto, el recurrente limita su embate a enunciar su disconformidad con lo establecido en la normativa que cuestiona, alegando -entre algunos argumentos- que vulnera el principio de razonabilidad. No obstante, omite denunciar los preceptos constitucionales vulnerados, a la vez que tampoco aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
I.3. Luego, comparto lo expuesto por el colega ponente en el punto III.2.b. de su propuesta y, con ello, lo señalado en orden al acotado marco de revisión por el que ha de transitar este tramo del recurso.
II. Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Tal como ha sido expuesto en los votos precedentes, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- por lo que, como regla, solo podría conocerse del recurso interpuesto en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653.
Empero, habida cuenta de que, como lo señala la doctora Kogan, el agravio que porta la impugnación por el que procura la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348) compromete una cuestión de naturaleza federal, me encuentro facultado para analizar el remedio interpuesto -respecto a aquel- sin limitación alguna derivada de las restricciones que, por razón del monto del litigio, establece la ley procesal laboral.
En ese orden, comparto la propuesta de la citada colega de desestimar dicho planteo introducido en el recurso, por considerar que el mismo es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (v. mis votos en las causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015), pues el interesado no ha sometido al conocimiento del tribunal de origen la tacha que ahora arguye, no obstante hallarse vigente y resultar aplicable la norma desde el momento en que se presentó en estas actuaciones.
I.2. Luego, ya en el estrecho conducto de revisión mencionado ut supra, comparto los fundamentos vertidos por el doctor Soria en el punto III.2.b. de su voto.
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:02:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:30:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2023 16:42:46 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:11:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:26:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:36:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:38:12 hs. bajo el número RS-111-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia