Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125024
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.024, "Castillo, Susana Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Maidana, Natiello.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, rechazó -por mayoría- la revocatoria deducida por la Fiscalía de Estado contra la decisión que declaró extemporánea la contestación de la demanda efectuada por esta última y dispuso su desglose (v. fs. 172/175).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 179/184 vta.), el que, denegado por el tribunal de origen (v. fs. 185 y vta.), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento electrónico de fecha 13-X-2020), previa deducción de la queja respectiva a fs. 211/216 (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor presidente del Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción interpuesta por Susana Beatriz Castillo contra la Provincia de Buenos Aires, dispuso conferir el traslado de la demanda interpuesta a la Fiscalía de Estado por el plazo de treinta días (v. fs. 6).
Luego, hizo lo propio respecto de la excepción de litispendencia opuesta por dicha accionada con relación a la parte actora, por cinco días (v. fs. 47). Sin perjuicio de ello, advirtiendo que en el escrito sometido a examen se denunciaba la existencia de otro proceso que podía hallarse vinculado con las presentes actuaciones, dispuso se diligenciara el pedido de remisión de aquel ad effectum videndi et probandi (v. fs. 47 y vta.). Asimismo, declaró extemporánea la contestación de la demanda ingresada de modo electrónico por el Fisco provincial con fecha 27 de marzo de 2017 (v. fs. 47/48).
Para así resolver, entendió que cuando la legitimada pasiva es la Provincia de Buenos Aires o los organismos referidos en el decreto ley 7.543/69, el caso requiere una interpretación armónica de los preceptos de la ley 11.653 y del art. 31 del mencionado decreto ley. En ese contexto normativo, con cita de la doctrina legal de esta Suprema Corte que -según refirió- emana del precedente registrado como L. 81.217, "Roncallo", sentencia de 8-XI-2006, observó que de ordinario el plazo para contestar la demanda, reconvención o citación como tercero, resulta de treinta días, debiendo oponerse conjuntamente en dicho acto procesal, las excepciones y defensas -incluso la de prescripción- contempladas en la ley ritual del fuero laboral. A partir de ello, concluyó que la demandada se había presentado a contestar la acción con posterioridad a haber planteado excepciones, por lo que pese a haberlo hecho dentro del término conferido a fs. 6, dicha circunstancia debía conducirlo a decidir del modo expuesto (v. fs. 47 vta. y 48).
I.2. Contra dicha decisión, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo revocatoria. Sostuvo que no emergía del fallo de esta Suprema Corte citado en el pronunciamiento objetado que, cuando interviene el Fisco, no puedan plantearse excepciones en el plazo de veinte días y contestar demanda en el plazo de treinta días, sino que -a contrario de lo decidido- el precedente invocado contempla la posibilidad de oponer excepciones y contestar demanda en el mismo acto, tomando como plazo final el de treinta días.
Denunció que la resolución impugnada era contraria a lo dispuesto por el art. 31 del decreto ley 7.543/69, en tanto dicha norma es clara cuando indica el otorgamiento de dos plazos diferenciados, esto es, veinte días para oponer las excepciones y treinta días para contestar demanda.
Alegó que si bien no desconocía la unificación de plazos que rige en el procedimiento laboral para la interposición de excepciones y la contestación de demanda (conforme el art. 29 de la ley 11.653), sin embargo, el citado decreto ley establece un procedimiento diferencial para la actuación del Fiscal de Estado en cualquier tipo de proceso judicial que le toque intervenir, motivo por el cual las prescripciones de este último deben prevalecer por imperio del principio de especialidad de las normas.
1.3. El tribunal interviniente rechazó -por mayoría- la presentación. Juzgó que las manifestaciones vertidas por la demandada no resultaron suficientes para conmover lo decidido. Por un lado, consideró que el argumento basado en que la doctrina legal citada en el pronunciamiento no resultaba aplicable carecía de fundamento, ya que -indicó- el interesado no explicaba en qué radicaría la diferencia entre ese antecedente y el verificado en el presente caso. Por otra parte, concluyó que la unificación de plazos que rige en el procedimiento laboral (art. 29, ley 11.653) no podía verse enervada a partir de lo dispuesto en el decreto ley 7.543/69 (v. fs. 172 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 5 apartado "c", 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 28, 29, 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653; 31 y concordantes del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748). Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que identifica.
II.1.a. En primer lugar, indica que la suma reclamada en la demanda, a la que -sostiene- el actor pretende incorporarle una cantidad indeterminada en virtud de las prescripciones de la ley 26.773, supera el importe mínimo requerido por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
II.1.b. En subsidio, expone que el valor del litigio resulta irrelevante para la admisibilidad del embate, ya que los agravios traídos se encuentran vinculados con la violación del derecho de defensa y la garantía del debido proceso, involucrándose de tal modo el análisis de cuestiones federales, aptas para soslayar el límite económico en la restricción de la admisibilidad. Invoca la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (v. fs. 179 vta.).
II.2.a. Seguidamente, ataca la decisión de grado bajo el argumento que la correcta exégesis de los arts. 28, 29 y concordantes de la ley 11.653 y 31 del decreto ley 7.543/69 conduce a una conclusión opuesta a la impugnada. Destaca que los mencionados arts. 28 y 29 de la ley 11.653 otorgan al accionado un plazo de diez días para contestar la demanda y establecen la posibilidad que en esa oportunidad se articulen todas las excepciones y defensas que se pretendan hacer valer en el pleito.
Sin embargo, indica que debe prevalecer la referida disposición del mentado decreto ley 7.543/69, que dispone que, cuando se promuevan acciones judiciales contra la Provincia, el término para contestarlas será de treinta días y que las excepciones podrán ser opuestas dentro de los primeros veinte días del plazo otorgado para contestar la demanda, reconvención o citación de tercero.
Expone que al oponer la excepción dentro de los primeros veinte días y contestar la demanda antes que se vencieran los treinta días legalmente previstos, su parte cumplió cabalmente con las exigencias derivadas de las normas aplicables.
II.2.b. Por otro lado, manifiesta que la solución que se deriva del fallo dictado por la Suprema Corte en la citada causa registrada como L. 81.217, fue tergiversada en la decisión impugnada.
Alega que el citado precedente no resulta aplicable al caso ya que las circunstancias fácticas verificadas en estos obrados resultan disímiles y, además, sostiene que en aquella oportunidad la intervención del Superior Tribunal tuvo la finalidad de garantizar el derecho de defensa de la demandada, evitando que se la privara inmotivadamente de oponer la defensa de prescripción.
Plantea que, en este caso, en cambio, los jueces que conformaron la mayoría del tribunal de grado se valieron de la misma solución para dejar en estado de indefensión a su parte, negándole el derecho de contestar la demanda.
II.2.c. Por último, afirma que al tiempo de presentar el responde -en atención a los plazos de los traslados conferidos- no había operado el instituto de la preclusión, por lo que el desglose de dicha pieza procesal careció de fundamento.
III. El recurso prospera.
III.1. Ante todo, cabe señalar que la decisión cuestionada fue equiparada a definitiva -por mayoría que contribuí a conformar- cuando esta Suprema Corte se pronunció respecto de la queja deducida contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por entenderse -en lo sustancial- que en el presente debate, en el que -con denuncia de violación de garantías constitucionales- quedaban involucrados los intereses fiscales de la accionada, no podía reeditarse en otra oportunidad (v. resolución de fecha 13-X-2020).
III.2.a. Sentado lo anterior, es pertinente poner de resalto que, en el caso, el valor del litigio se encuentra representado, según los agravios desplegados, por el importe reclamado en la demanda (v. fs. 151 y vta.; causas L. 127.353, "Amoretti", resol. de 29-XII-2021; L. 123.184, "Quiriconi", sent. de 27-X-2022 y L. 125.163, "Iramaian", sent. de 27-VI-2023), el que -contrariamente a lo que sostiene la recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda aplicar intereses ni aplicar actualizaciones sobre dicha suma (causas L. 88.263, "Barros", sent. de 23-V-2007; L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022).
III.2.b. No obstante, corresponde efectuar otra consideración en orden a la concurrencia del requisito de admisibilidad del remedio procesal en examen.
Es que, sobre este punto, la apelante invoca -con el fin de prescindir del límite económico que restringe la admisión de la impugnación (art. 278 cit.)- la violación de garantías constitucionales y de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; v. fs. 179 vta.).
En este contexto, no puede soslayarse que la crítica que ensaya la interesada al pronunciamiento de grado, en cuanto insiste en que la decisión impugnada obstruye el ejercicio pleno de la defensa de los intereses provinciales comprometidos, con mengua de la defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, Const. nac.), involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos citados por la recurrente (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478; in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (conf. causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación así planteada habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3. Sentado lo anterior, y adentrándome en el tratamiento de los planteos de la recurrente, considero que le asiste razón cuando objeta la decisión de grado bajo el argumento de que una correcta y armónica exégesis entre los arts. 28, 29 y concordantes de la ley 11.653 y el art. 31 del decreto ley 7.543/69 no puede conducir a una conclusión como la impugnada, acertando adicionalmente su embate sobre la errónea aplicación de la referida doctrina legal actuada por el tribunal a quo .
Liminarmente, debe señalarse que el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748) establece que "...cuando se promuevan acciones contra la Provincia o sus organismos autárquicos o descentralizados, la demanda, reconvención o citación como tercero se notificará, bajo pena de nulidad, por cédula en el despacho del señor Fiscal de Estado y el término para contestarla será de (30) treinta días. Las excepciones podrán ser opuestas dentro de los primeros (20) veinte días del plazo para contestar la demanda, reconvención o citación como tercero...".
En el presente caso, la Fiscalía de Estado presentó una excepción previa dentro del plazo de veinte días otorgado por el precepto citado y luego, por escrito separado, presentó su réplica al escrito postulatorio de la parte actora dentro del plazo de treinta días también previsto a dicho efecto por la misma norma y de conformidad con el traslado conferido. A su turno, como fue dicho, el tribunal de grado tuvo por presentada en legal tiempo y forma la excepción, pero rechazó la contestación de demanda por considerarla presentada con posterioridad a la primera defensa opuesta.
Pues bien, no obstante cierto es que de la referida doctrina legal de este Superior Tribunal invocada por el tribunal interviniente surge la necesidad de efectuar una hermenéutica armónica de los preceptos legales de la ley 11.653 y del art. 31 del decreto ley 7.543/69, de la cual se concluye que, en el proceso laboral, cuando la accionada es la Provincia de Buenos Aires o los organismos referidos en esta última norma, el plazo para contestar la demanda, reconvención o citación como tercero ha de ser de treinta días, debiendo oponerse conjuntamente en dicho acto las excepciones y defensas -incluso la de prescripción- contempladas en la ley ritual del fuero del trabajo (conf. L. 81.217, "Roncallo", cit.); sin embargo, no es menos cierto que de ella no puede inferirse directamente la pérdida del derecho (por agotamiento) del Fisco provincial de contestar la demanda dentro del plazo de treinta días conferido a tal fin por la norma especial cuando este hubiera opuesto una excepción previa dentro del plazo de veinte días también contemplado a tal otro fin por la misma norma.
No solo la doctrina legal invocada no contempla expresamente la situación generada en autos, sino que -por el contrario- esta autoriza al representante de la Provincia a efectuar una única presentación judicial con la oposición de excepciones y contestación de demanda, reconvención o citación de tercero en el plazo más largo (promoviéndose la extensión del plazo fiscal para oponer excepciones, llevándolo a treinta días para hacerlo coincidir con el previsto para contestar demanda).
Así, la posibilidad que la norma especial expresamente le concede al Fiscal de Estado para desdoblar sus presentaciones judiciales cuando deba -por un lado- oponer excepciones, y -por otro- contestar la demanda, reconvención o citación de tercero, no puede entenderse cercenada por la doctrina legal invocada.
Es que, en relación a los derechos en juego, esta Suprema Corte ha señalado en la causa A. 71.760, "De Caso", sentencia de 29-X-2014 -cuya solución comparto, aunque no participé en ella- que: "...la notificación del traslado de la demanda tiene especial trascendencia en el proceso, y por ser la generadora de la relación jurídico procesal, la ley la reviste de formalidades específicas que tienden al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso [...] Así es que la exigencia legal de que la demanda deba notificarse por cédula en el despacho del señor Fiscal de Estado, garantiza su conocimiento fehaciente y las cuestiones que se susciten en torno a su validez deben ser interpretadas de modo que mejor aseguren el derecho de defensa".
También se dijo allí que "...es sabido que, en la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda, hay que proceder con criterio estricto. Por ello, en caso de duda sobre la validez del acto, hay que atenerse a la solución que evite conculcar derechos de origen constitucional (causa C. 87.705, 'González', sent. del 23-IV-2008) [...] ello es así, ya que por expresa disposición de la Constitución provincial (art. 155, CPBA), el Fiscal de Estado representa a la Provincia, sus organismos autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en todos los juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción, conforme con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (art. 1º del dec. ley 7543/1969)".
Luego, de lo expuesto en dicho precedente surge mutatis mutandis la especialidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado y la necesidad de darle a sus directrices un carácter prevalente frente a lo dispuesto por otras normas procedimentales, como la ley 11.653 de procedimiento laboral, con el objeto de que se resguarde el derecho de defensa en juicio de la Provincia.
En tales términos, como la norma especial expresamente contempla dos plazos distintos para llevar adelante actos procesales disímiles, ello solo podría limitarse mediante la unificación de tales plazos cuando hubiera sido expresamente indicada por el órgano judicial al tiempo de promover su citación y conferirle el respectivo traslado de la demanda.
Así, lo decidido por el tribunal interviniente -a falta de una indicación expresa en contrario efectuada al tiempo de promover su citación y conferirle el respectivo traslado de la demanda- luce como una privación a la Provincia demandada de la oportunidad de ser oída para hacer valer sus derechos en juicio, mediante una aplicación errónea de la doctrina legal en que funda su decisorio y una hermenéutica en torno del referido art. 31 del decreto ley 7.543/69 que condujo a una manifiesta violación del derecho de defensa en juicio de aquella (arts. 1, 18, 28 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 15, 155 y concs., Const. prov.), por lo que debe ser dejada sin efecto, correspondiendo -en consecuencia- tener por presentada en legal tiempo y forma la contestación de la demanda (art. 289, CPCC; 31, decreto ley 7.543/69; 28, 29 y 63, ley 11.653).
IV. Por los fundamentos expuestos, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada y revocarse la sentencia impugnada. En consecuencia, corresponde tener por presentada en legal tiempo y forma la contestación de la demanda.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1.a. Como sostiene mi distinguido colega doctor Torres en el apartado III.2.a. de su sufragio, en el caso, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
I.1.b. Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021; L. 128.183, "Kralik", s
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