Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129734
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús hizo lugar a la demanda promovida por Facundo Matías Salomón y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo, juzgando aplicable al caso -por mayoría- las disposiciones previstas en el decreto 669/19 (v. vered. de 11-VII-2022 y sent. de 13-VII-2022).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditados los dos accidentes de trabajo protagonizados por el actor (el primero, el día 14-VII-2017 y el segundo, con fecha 13-I-2018) que le provocaron las secuelas incapacitantes que fueron determinadas en el fallo.
II. Contra dicha decisión, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 19-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 13-IX-2022).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En primer lugar, dirige su crítica a objetar el método empleado por el juzgador para la conformación del ingreso base mensual y su aplicación a los fines de liquidar las prestaciones dinerarias otorgadas al actor respecto al primero de los infortunios invocados ocurrido el día 14 de julio de 2017.
Por otro lado, cuestiona el porcentaje de incapacidad psicológica que ha sido fijado en el fallo respecto de ambos accidentes, denunciando que la determinación efectuada colisiona con la normativa vigente en la materia.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En este sentido, se observa que el recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar los agravios que invoca, pues si bien respecto de la primera de las objeciones traídas establece un guarismo que resultaría de la diferencia entre la indemnización que efectuó el juzgador de origen y la que él pretende -inferior al importe mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141)- cierto es, que respecto del restante cuestionamiento -vinculado con los porcentajes de incapacidad psicológica que fijó el a quo respecto de ambos siniestros- incumplió con la carga que tiene de acreditar que, eventualmente el monto del litigio supera el umbral establecido en el citado art. 278 (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.3. Por cuestiones de índole metodológica, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios que porta el recurso, abordando en primer lugar el cuestionamiento formulado con relación a la determinación de la incapacidad psicológica.
Al respecto, cabe señalar que en el ámbito de excepción por el que transita el recurso la postulación resulta inadmisible, toda vez que no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna respecto de la temática, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
Por lo demás, resulta recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
III.4. Tampoco es atendible la restante crítica dirigida a cuestionar la composición del ingreso base mensual, toda vez que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:30:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:24:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:05:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:10:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:55:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:05:03 hs. bajo el número RR-1334-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia